El mapa de la corrupción en América Latina

Suele aparecer en los primeros lugares de las encuestas cuando se pregunta por el principal problema que afronta el país: la corrupción. Acostumbra ser uno de los caballos de batalla preferidos durante las campañas electorales: la lucha anticorrupción. No cabe duda de que es una de las problemáticas más arraigadas en toda América Latina –en realidad, en casi todo el planeta– y ha dado muestras de que, aunque se le combata por todos los medios, se resiste a desaparecer.

¿Cuántas herramientas tiene América Latina para luchar contra la corrupción? Desde hace cuatro años, dos organizaciones realizan un informe que evalúa la capacidad para detectar, castigar y prevenir este delito en los países latinoamericanos. Americas Society/Council of the Americas –un foro precisamente dedicado al análisis de los asuntos políticos, sociales, culturales y económicos de América Latina– y la firma Control Risks –empresa global de consultoría– han desarrollado desde 2019 un estudio concienzudo que presentan bajo el título de Índice de capacidad para combatir la corrupción (CCC).

Con base en el análisis de 14 variables –reunidas en tres grandes grupos: capacidad legal, democracia e instituciones políticas, sociedad civil y medios de comunicación– y alimentados por la opinión de expertos, determinan una puntuación para cada país estudiado. El resultado es una suerte de ranking que muestra cuán preparados están los países y cuánto actúan contra la corrupción.

CCC: «Los dos más grandes de la región, México y Brasil, sufrieron nuevos reveses en instituciones claves»

El informe de este año, publicado hace escasas semanas, revela conclusiones importantes respecto al panorama latinoamericano. «Algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros, incluidos los dos más grandes de la región, México y Brasil, sufrieron nuevos reveses en instituciones claves y en el entorno anticorrupción en su conjunto», rezan las páginas del documento.

La explicación a estos reveses, según señala el informe, parece tener su causa principal en la pandemia. Es un hecho que Latinoamérica ha sido una de las regiones más golpeadas por la covid-19 no solo en contagios y muertes, sino en sus efectos socioeconómicos. «Esto eclipsó a la corrupción como principal preocupación de los ciudadanos y los gobiernos de la región. Aunque Colombia fue una excepción, ya que lo adoptó como tema central de la reciente campaña presidencial», explica Geert Aalbers, analista de Control Risks.

Lo que quedó claro es que en la mayoría de países la pandemia se llevó la atención. Y ello se suma a otro problema generalizado: la inflación. Ambas situaciones orientaron los ojos hacia otro lado, si bien el interés por encontrar salidas a la corrupción no desapareció del todo. El nuevo informe muestra que 4 de los 15 países experimentaron un descenso significativo en sus puntuaciones, 7 tuvieron variaciones moderadas y 4 mejoraron. El primer lugar, de nuevo, quedó en manos de Uruguay. Venezuela permaneció como último de la fila. Colombia, por su parte, perdió un escalón y ocupó el puesto número ocho.

Aunque este índice otorga una puntuación, sus autores hacen una advertencia: «El objetivo no es avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a gobiernos, sociedad civil y sector privado a identificar las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse».

Uruguay, el líder

¿Cómo ha logrado este país, con sus tres millones y medio de habitantes, permanecer en el primer lugar de esta lista durante tres años consecutivos? «Uruguay tiene instituciones confiables e independientes, y también una sociedad civil activa. Teniendo en cuenta estos factores, el hecho de que haya liderado el ranking no nos sorprende», señala Aalbers.

Aalbers: «Uruguay tiene instituciones confiables e independientes, así como una sociedad civil activa»

Desde el 2020, año a partir del cual este país fue incluido en el estudio, se han analizado las razones de sus buenos resultados. Instituciones democráticas bien establecidas y una prensa vigilante aparecen entre ellas. «Además, el tamaño del país y su mayor nivel de desarrollo representan ventajas únicas en comparación con sus pares latinoamericanos», explica el informe de ese año.

Aunque en el índice actual redujo un poco su puntuación –cayó en un 5%–, los balances conseguidos en todas las categorías le garantizan seguir siendo el mejor calificado. Su caída principal se vio en la variable de «capacidad legal», que incluye parámetros como eficiencia judicial, recursos para combatir los delitos de «cuello blanco» o independencia de la Fiscalía General y de los agentes de investigación.

El informe señala un hecho que contribuyó especialmente a este retroceso: la ratificación de la llamada Ley de Urgente Consideración, que introdujo cambios en el marco legal con el fin de atraer inversiones privadas y extranjeras, y que terminó también por flexibilizar algunos controles. «Observadores afirman que estos cambios pueden obstaculizar, en cierta medida, la capacidad de Uruguay para luchar contra el lavado de dinero», explica el estudio. No obstante, el país del sur sigue liderando la lista y marca una distancia en casi todas las categorías respecto a los demás países. Sobre todo en lo relacionado con «calidad general de la democracia», «independencia y eficacia de los organismos anticorrupción» y «calidad de la prensa y del periodismo de investigación».

Colombia

En este ranking, para llegar a Colombia hay que pasar primero por Uruguay, Costa Rica, Chile, Perú, República Dominicana, Argentina y Panamá. Es decir, hay que llegar hasta el puesto número ocho. Aunque tuvo un leve incremento en su puntuación respecto al año pasado, su balance general ha venido en descenso desde los estudios anteriores. «Colombia avanzó ligeramente en las categorías de sociedad civil y medios de comunicación y en la de capacidad legal, pero descendió un 6% en la de democracia e instituciones políticas, manteniendo una tendencia a la baja en esa categoría desde 2019 y quedando por detrás de la media regional», explica el informe.

CCC: «Colombia descendió un 6% en la de democracia e instituciones políticas»

Su puntuación actual es de 4.87. En 2020, fue de 5.18. En 2019, consiguió un 5.36. Estas disminuciones, según los analistas, han estado relacionadas con los resultados de las categorías que evalúan la capacidad legal, la democracia y las instituciones políticas. Sin embargo, su balance ha logrado mantenerse más o menos estable gracias a las mejoras conseguidas en el rango que estudia la sociedad civil y los medios de comunicación.

Silvana Amaya, analista sénior de Global Risk Analysis, dice al respecto que «a pesar de algunos esfuerzos, Colombia continúa teniendo bajos resultados. Sigue enfrentando desafíos que afectan su capacidad para combatir la corrupción». El principal descenso, del 20%, se registró otra vez en la categoría de capacidad legal, que evalúa los organismos dedicados a combatir este delito. Además, según el documento, «durante el mandato del presidente Iván Duque, la independencia de las oficinas de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía General de la Nación ha sido ampliamente cuestionada».

Los analistas, no obstante, reconocen el proyecto anticorrupción que promulgó el Gobierno, que aumenta las probabilidades de que las empresas privadas sean objeto de investigaciones por corrupción. Pero al mismo tiempo advierten que para algunos observadores «la ley no aborda adecuadamente la influencia de los intereses especiales que existen en el gobierno ni las deficiencias del sistema judicial».

Otro descenso importante en el balance de Colombia –del 21%– se mostró en la variable que evalúa la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas. Las demás variables se mantuvieron más o menos estables, con una mejora en la categoría de movilización social contra la corrupción, que viene creciendo desde la primera edición de este estudio en 2019.

Frente a lo que expone este informe, un documento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República –en cabeza de Beatriz Elena Londoño– cita varios de los avances conseguidos contra este delito en el país. «En estos cuatro años de gobierno se expidió el más ambicioso paquete normativo anticorrupción», dice el documento, y expone los logros derivados precisamente de la promulgación de la Ley 2195 de 2022, gracias a la cual van a ponerse bajo control muchos de los mecanismos que han permitido que este delito haya progresado. Por ejemplo, se cita que por primera vez podrá sancionarse a empresas del sector privado involucradas en corrupción y se obliga a las entidades públicas a adoptar programas de transparencia y ética.

Al mismo tiempo, el documento señala que con esta ley se han logrado proteger áreas claves, como los PAE, los programas de alimentación escolar, que se han visto afectados por dramáticos casos de corrupción, tema en el cual la Contraloría [entidad gubernamental destinada a la vigilancia y control de los gastos de la administración pública] ha jugado un papel clave. También se blindó otro campo impactado por este delito: «Creamos un tablero de control para el sector salud con el fin de promover la transparencia y monitorizar la contratación». Y para las autoridades también es importante subrayar la investigación de la Fiscalía que permitió desenmascarar la red de corrupción del senador Mario Castaño, entre otra serie de objetivos cumplidos a la fecha.

El propósito es, por supuesto, evitar que la corrupción se siga reproduciendo. Por eso los analistas del índice incluyen en su informe una serie de temas que se deben monitorizar. En el caso de Colombia, por ejemplo, destacan la importancia de que el presidente recientemente elegido «aborde los problemas de corrupción» y señalan que la elección del nuevo Contralor General «será objeto de un fuerte escrutinio». Por último, sugieren estar atentos al proyecto de ley que pretende cambiar la forma de elegir al fiscal general, con el fin de aumentar su independencia.

Brasil y México, en descenso

Estos dos gigantes latinoamericanos registraron un retroceso en el índice contra la corrupción del 2022. Para Brasil no es algo nuevo: ha venido en baja constante desde el 2019. Su puntuación actual es de 4.76 (lo que lo ubicó en el puesto décimo tras haber ocupado el sexto). La menor calificación brasileña se vio en la categoría que cubre las variables de democracia e instituciones políticas. También mostró un descenso en la categoría de capacidad legal, si bien en esto continúa por encima de la media regional, lo que para los expertos es reflejo del fortalecimiento de las instituciones que este país logró décadas atrás. «El Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Electoral siguen siendo independientes del gobierno a pesar de la escalada de críticas públicas que el presidente Jair Bolsonaro ha hecho de ellos. Sin embargo, la variable que evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción cayó casi un 19%, ya que Bolsonaro ha buscado consolidar el control sobre los organismos que investigan la presunta corrupción que involucra a sus aliados», defiende el informe.

Tanto Brasil como México registraron un nuevo descenso en la lucha contra la corrupción en 2022

A esto le agregan el hecho de que los entes que luchan contra este delito han sufrido recortes en sus presupuestos y, por lo tanto, han visto reducida su capacidad de acción. Como positivo, el informe destaca que la categoría de sociedad civil se mantuvo estable. Además, que la prensa y los organismos no gubernamentales han continuado independientes y en su tarea de revelar escándalos de corrupción.

México, por su parte, se ubicó en el puesto 12, con una puntuación de 4.05. En todas las categorías analizadas, este país presentó un descenso. Pero hay una que resalta sobre las demás: la que mide la democracia y las instituciones políticas. En ese parámetro, señala el informe, este país tuvo un retroceso notorio relacionado con procesos legislativos y de gobierno, «lo cual refleja los esfuerzos percibidos por parte del Poder Ejecutivo para interferir en los asuntos legislativos y judiciales». «Cada vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado al Poder Judicial y a las instituciones públicas independientes».

Esto se cuenta como uno de los factores más determinantes para que México esté por debajo en independencia y eficacia de los organismos anticorrupción. Un hecho semejante al que vive Brasil. El analista Geert Aalbers lo resume así: «Los presidentes López Obrador y Bolsonaro han intentado interferir en estos órganos por motivaciones políticas, lo que despierta preocupaciones. Otro factor común en ambos países es la serie de ataques de sus presidentes en contra de las instituciones judiciales». El caso de México es tal que incluso en lo relacionado con movilización de la sociedad civil mostró retroceso.

El gran salto

En este nuevo reporte del índice de capacidad contra la corrupción, la República Dominicana dio la sorpresa: pasó del puesto décimo al quinto. Su puntuación general mejoró un 18 por ciento y en ella marcó la diferencia la categoría de capacidad legal, sobre todo en lo que tiene que ver la cooperación internacional y los organismos anticorrupción.

El ascenso de la República Dominicana es notable, pasando del décimo puesto al quinto

Además de haber avanzado en el desarrollo de investigaciones de alto nivel, se destaca el compromiso del gobierno encabezado  por el presidente Luis Abinader: «Su administración ha propuesto una ley para promover la transparencia en los contratos públicos, ha instituido programas de cumplimiento en las instituciones públicas y promulgado una ley para simplificar la burocracia». El ascenso de la República Dominicana venía siendo constante desde el 2020, el primer año en que este país fue incluido en el estudio. La movilización de la sociedad civil también ha tenido un papel preponderante en el salto actual del ranking, lo que refleja que entre la ciudadanía el tema de la corrupción sigue siendo muy sensible y, en consecuencia, se mantienen las exigencias para que los responsables rindan cuentas.

«Quedó claro que los esfuerzos para combatir la corrupción, aunque estén sometidos a cierta presión, siguen siendo una prioridad para muchos ciudadanos en toda la región», concluye el informe de este año. Pese a algunos retrocesos puntuales, varios de los países analizados dejaron claro que mantienen la mira puesta en la lucha contra este delito y que persisten en el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a esta labor. Es decir, que no han sacado este tema de su agenda central.

Si se condensan los aspectos que los investigadores señalan como necesarios de ser monitorizados en el futuro –más allá de los específicos para cada país–, puede destacarse la necesidad de sacar adelante las reformas anticorrupción, mantener la independencia de los organismos dedicados a la investigación, lograr resultados en grandes casos que están siendo investigados, fijar medidas para prevenir el blanqueo de capitales y, por supuesto, fortalecer la sociedad civil, sin dejar de persistir en la independencia del periodismo de investigación dedicado al tema.

«Latinoamérica es una de las regiones del mundo que más ha sufrido con los flagelos de la corrupción. Especialmente porque está en todos los niveles: no solo en los Estados, sino en las empresas y la vida privada», dice la analista Silvana Amaya, que pone énfasis en un punto importante: la batalla contra este delito no es un asunto exclusivo de los gobiernos. Por eso, agrega Amaya, uno de los parámetros fundamentales que mide el índice tiene en cuenta la acción de la sociedad civil y de los medios. «Los latinoamericanos deben jugar un rol fundamental, tanto en exigir a los gobiernos mejores resultados como en cambiar prácticas en las que comportamientos de corrupción han sido normalizados», concluye. Porque no se trata solo de evitar los grandes casos de corrupción, sino de eliminar también los que imperan en el día a día.

Esta entrevista es parte de un acuerdo de colaboración entre el diario ‘El Tiempo‘ y la revista ‘Ethic’. Lea el contenido original aquí.