La logística de los derechos humanos

Existen más de 700 millones de personas en el mundo que viven en la pobreza. Se prevé que la pandemia de la covid-19, además, aumente estas cifras, empujando a 150 millones de personas a la pobreza extrema al final de 2021. Pero esto no es noticia: vivimos anestesiados ante el constante aluvión de datos negativos. No obstante, las crisis en el comercio internacional, así como sus implicaciones desestabilizadoras sobre la sociedad o la geopolítica, sí son noticia; y ambas cuestiones, de hecho, guardan relación. La pobreza laboral y el comercio internacional están ligados y debemos romper los ciclos que les conectan. Es una cuestión de derechos humanos.

Tendemos a pensar que el primer paso para salir de la pobreza es tener un trabajo y, sin embargo, esto no es así necesariamente. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de cada cinco trabajadores a nivel global no ganaron lo suficiente para salir –junto con sus familias– de la pobreza extrema o moderada en 2019. Esto está íntimamente ligado con el comercio internacional, en el que Estados, empresas y consumidores tenemos un papel relevante en un mundo globalizado. La OIT estima que ya solo en 40 países –que representan el 85% del producto interior bruto mundial– hay 453 millones de empleos relacionados con las cadenas de suministro mundiales.

Ante todos estos datos, desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas España queremos hacer un llamamiento ante uno de los retos globales de nuestro tiempo: construir una economía sostenible basada en los derechos humanos. Al fin y al cabo, la pobreza galopante, las desigualdades generalizadas y la discriminación estructural son violaciones de los derechos humanos.

Solo un 25% de las empresas españolas tiene una política de derechos humanos

Como individuos debemos apoyar modelos de consumo que no sean injustos. Los Estados deben asegurar legislaciones que permitan el desarrollo digno de las personas dentro y fuera de sus fronteras. Pero nuestra organización se centra en lo que las empresas pueden y deben hacer, y esto pasa por una gestión eficaz de los derechos humanos. De momento, según nuestras estimaciones, solo un 25% de las empresas españolas tiene una política de derechos humanos, un área muy amplia dentro de la cual quiero centrarme en la importancia de unos salarios decentes para los trabajadores de las cadenas de suministro.

Contamos para esto con un marco que ya cumple 10 años, como son los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estos estipulan, sencillamente, que las empresas deben tratar de mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos relacionadas con sus operaciones, incluso cuando no hayan contribuido a generarlas.

La gestión responsable de la cadena de suministro se está convirtiendo poco a poco en una tendencia en el ámbito de la sostenibilidad empresarial, pero debemos sistematizar las acciones y dar el impulso que la situación requiere. Las compañías observan esta gestión con proveedores como una oportunidad para mejorar sus relaciones comerciales, para lograr una mayor eficiencia en sus procesos y para hacer frente a crisis presentes y futuras, pero aunque los beneficios son claros, los retos son también numerosos, y en muchas ocasiones las compañías tienen poca influencia sobre sus proveedores, disponen de pocos recursos o no poseen de las tecnologías adecuadas para la trazabilidad.

Instamos a las empresas, por tanto, a que tomen la iniciativa con su cadena de suministro para, así, promover salarios dignos en sitios donde se ha identificado la presencia de salarios bajos, independientemente la debilidad legislativa de algunos países.

Lo que ocurre con las cadenas de suministro nos preocupa, pero no nos ocupa lo suficiente. Si nos fijamos en las empresas de nuestro país, vemos cómo el 77% del IBEX 35 evalúa el impacto en derechos humanos sobre sus proveedores, pero la cifra baja hasta el 17% en el total de las empresas españolas del Pacto Mundial. Las cadenas de suministro son uno de los motores de la economía a nivel mundial, pero necesitamos que ese motor no perpetúe la pobreza laboral, sino que sirva para erradicarla, lo que sería una clara contribución, también, a la Agenda 2030.

Las empresas han de ver estas acciones como una inversión favorable, como algo que les reportaría ventajas, por ejemplo, para minimizar riesgos, para mejorar la captación de inversiones –el Dow Jones Sustainability Index ya contempla este punto–, para mejorar sus relaciones comerciales, para ganar clientes comprometidos o ser más resilientes en el abastecimiento. Si hablamos de los proveedores en sí, las ventajas pasan por reducir la rotación, aumentar el compromiso y la productividad, y mejorar las relaciones con clientes, empleados y la comunidad en general.

Las cadenas de suministro son uno de los motores de la economía, pero necesitamos que no perpetúe la pobreza laboral

Los aspectos salariales en las cadenas de suministro pueden ser complejos, pero los pasos prácticos que pueden dar las compañías no son complicados. El punto de arranque consiste en comprender cómo están los salarios en la cadena de suministro: priorizar qué puede hacer la compañía directamente, qué puede hacer en colaboración con los proveedores y qué pasos requieren el compromiso y la coordinación con los actores de la industria y otras partes interesadas. Para esto, el Pacto Mundial de Naciones Unidas ya ha puesto a disposición de cualquier empresa del mundo dos herramientas en diferentes idiomas dirigidas a la gestión de los proveedores y la mejora de los salarios en las cadenas de suministro.

La pobreza está aumentando por primera vez desde 1998. Debemos romper este ciclo con todos los mecanismos que tenemos a nuestra disposición. La encrucijada es sencilla: mantener el mismo modelo de consumo y comercio, o reorientarlo para que la gran maquinaria del comercio global nos garantice un futuro sostenible e inclusivo para todos.

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Cristina Sánchez es directora ejecutiva de Pacto Mundial de Naciones Unidas España.