La transición ecológica y sus descontentos

Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde. Así arranca el poema de Gil de Biedma (Barcelona, 1929 – Barcelona, 1990) sobre las dificultades de labrarse un porvenir. Bien podríamos referirnos a este cuando hablamos de la transición ecológica: los esfuerzos por garantizar un futuro sostenible han pasado de ser ignorados, en una especie de consenso permisivo, a constituir uno de los ejes clave del debate público. Y donde hay debate, hay posiciones encontradas.

Si analizamos las actitudes hacia el cambio climático, recogidas por la European Social Survey, nos encontraremos con que España es uno de los países donde la población asegura con más unanimidad que el cambio climático tiene un carácter antropogénico (95,7%) y, además, es la nación que más reconoce los efectos negativos de esta crisis (87,9%). Sin embargo, la percepción de que el cambio climático supone un problema muy importante, aun siendo superior a la media de la Unión Europea (81% en España, 78% en esta), la cifra ha descendido ocho puntos desde 2019.

«El escepticismo climático sigue siendo muy reducido, pero lleva una tendencia al alza desde 2019»

El mismo barómetro señala, además, que el porcentaje de españoles que está de acuerdo con la reducción de las emisiones en busca de una economía europea neutral en carbono en 2050 se ha reducido, en estos dos años, en un 16%, pasando de un apoyo del 68% a uno del 52%. Aunque el escepticismo climático sigue siendo muy reducido en nuestro país –un 4% de población considera que el cambio climático no es un problema serio, frente al 7% de la comunidad europea–, es una tendencia creciente desde 2019.

¿Por qué esta pérdida incipiente de apoyo de las políticas climáticas? La sociedad tiende a defender las políticas climáticas bien cuando no afectan a su situación y preferencias personales, o bien cuando mantiene prioridades colectivas. De esta forma, pese al apoyo explícito superior, lo cierto es que los españoles han tendido en el último año a rebajar su nivel de compromiso personal en la lucha contra el cambio climático: mientras que los ciudadanos que realizan acciones individuales contra el cambio climático ha crecido en la Unión Europea, en España ese porcentaje ha descendido del 79% al 76%, después de haber subido 17 puntos entre 2017 y 2019. Todo indica que los esfuerzos por concienciar a la población podrían haber encontrado con su techo.

«La sociedad tiende a defender las políticas climáticas bien cuando no afectan a su situación y preferencias personales»

La apertura al debate público de las políticas dirigidas a la sostenibilidad se ha topado con un minoritario –aunque inesperado– escepticismo. La polémica sobre la reducción del consumo de carnes rojas, enfrentada a la crítica de ganaderos y consumidores, abunda sobre las resistencias que crecen en los territorios frente al despliegue de la energía eólica y que abren numerosos frentes abiertos en nuestra geografía. No son las únicas: el incremento del precio de los impuestos sobre los combustibles de los automóviles supone también una fuente de conflictos, así como las críticas al establecimiento de zonas de bajas emisiones en grandes ciudades.

Son sólo algunos ejemplos. La revolución de los chalecos amarillos en Francia tumbó la política energética del gobierno Macrón, y no ha faltado críticas en el plan de rehabilitación de viviendas del gobierno de España, que lo han reducido a «cambiar ventanas». Muchas de estas reflexiones, contenidas en el documento España 2050, se han encontrado con severas críticas por parte de un sector de la población que las considera una amenaza para su forma de vida.

No podemos esperar un consenso definitivo y total para tomar medidas urgentes, pero deberíamos extremar los esfuerzos para mejorar la sensibilización y el conocimiento de la opinión pública, atendiendo (especialmente) a los perjudicados por el cambio. Si las medidas de apoyo a la transición ecológica se intensifican, es posible que veamos el surgimiento de una coalición de afectados que puede hacerla descarrilar. Reconocer que hay costes que deben ser tenidos en cuenta debería ser una de nuestras prioridades en lo que se ha venido a denominar la transición justa.

José Moisés Martín es economista y miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos.