Economía

La gran f(r)actura climática

El Pacto Verde Europeo será parte integral de las políticas de acción promovidas desde los entes comunitarios durante los próximos años. Hace unas semanas se conocieron las primeras cifras que se barajan para impulsar la transición a una economía sostenible, resiliente, baja en emisiones de carbono y justa. ¿Qué medidas financieras se plantean para ello?

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19
febrero
2020

Tan solo una reseña, o una nota a pie de página de la historia. En eso se ha convertido la COP 25, organizada por Chile y auspiciada en Madrid el diciembre pasado. No pasará a la historia como una de las cumbres del clima que haya tenido mayor repercusión en la agenda global. Ahí siempre estarán Kioto (1997) y París (2015). Esperamos que, en un futuro cercano, también Glasgow (2020) se una a esa lista. No obstante, en Madrid se presentaron numerosos (e importantes) informes científicos y técnicos. Nos confirmaron que, a pesar de una disminución en el uso del carbón, las emisiones siguen aumentando por culpa del creciente uso de gas natural y petróleo en China y el sudeste asiático principalmente. También que las políticas actuales de emisiones de los gobiernos son insuficientes para mantener el límite del calentamiento global muy por debajo de los +2 °C establecidos como objetivo en la COP21.

En este entorno, Europa puso de manifiesto un compromiso elevado en materia climática. El Pacto Verde Europeo, anunciado durante la cumbre, será parte integral de las políticas de acción promovidas desde los entes comunitarios durante los próximos años. Hace unas semanas se conocieron las primeras cifras que se barajan para impulsar la transición a una economía sostenible, resiliente, baja en emisiones de carbono y justa. El objetivo es utilizar un cuarto del presupuesto 2021-2027 comunitario para catalizar inversiones mediante una combinación de acciones vinculadas a la repriorización de políticas como las de cohesión y la PAC. Para ello se definirán estructuras de colaboración público-privada (a través de InvestEU), se movilizará financiación nacional adicional, se destinará parte de los recursos obtenidos del sistema de comercio de emisiones de la UE y se creará un fondo específico de recursos asignados a favorecer una transición justa. Se espera que este plan permita movilizar proyectos por valor de 1,2 billones de dólares en los próximos diez años.

El objetivo del Pacto Verde es utilizar un cuarto del presupuesto 2021-2027 comunitario para catalizar inversiones

Reducir el consumo energético a través de ahorro y eficiencia energética es imprescindible, aunque se trata de una asignatura pendiente en la mayoría de países europeos. Fomentar este tipo de proyectos no solo es necesario desde el punto de vista climático, sino que es una medida financieramente eficaz: las hipotecas vinculadas a edificios más eficientes tienen, por ejemplo, menos morosidad. Como ya ha ocurrido en  Hungría, esto abre la puerta a claros incentivos al sistema bancario para que promocione este tipo de vivienda. La propuesta europea también incluye que parte del presupuesto comunitario se dedique a ofrecer garantías parciales en inversiones en innovación y desarrollo y en mitigación del riesgo de nuevos modelos de negocio. En un entorno donde la liquidez es elevada y la rentabilidad menguante, reducir el riesgo percibido de estas inversiones es una política tremendamente eficaz para aumentar este tipo de inversiones.

En materia impositiva, se revisará la directiva comunitaria de impuestos sobre la energía. Resulta muy novedosa la propuesta de gravar las importaciones procedentes de países que no compartan la misma ambición climática que la Unión Europea (Border adjustment mechanism). Esta iniciativa se aplicará, en principio, a sectores específicos para reducir el riesgo de deslocalización industrial, pero su planteamiento inicial podría acabar teniendo un alcance mayor. No olvidemos que una parte importante de los logros en materia de reducción de emisiones en Europa se ha producido al desplazar la producción a otros lugares. En España, parece que este fenómeno se ha dado de manera más relevante: en nuestro país se sitúa en el 50% frente al 25% de media europea. Por último, la Comisión trabajará para lograr la integración de renovables, eficiencia energética, redes inteligentes y electrificación de transporte e industria. Además, se busca la transformación de las redes de gas para su uso con gases alternativos (biogás, hidrógeno…) en un esfuerzo conjunto para reducir muy significativamente las emisiones de carbono y transformar el sector energético.

Este plan permitiría movilizar proyectos por valor de 1,2 billones de dólares en los próximos diez años

Hasta que no encontremos mayor utilidad al CO2, solo nos queda eliminarlo de nuestra atmósfera. Pero en este proceso de transición energética, cabe lamentar que no todos los actores estén remando en la misma dirección. Una de las historias que acaparó multitud de titulares bursátiles el pasado mes de diciembre fue la salida a bolsa del 1,5% de la empresa petrolífera estatal saudí, Aramco. Creada en 1938, es hoy un gigante energético que produce el 11% mundial de petróleo, unos 10 millones de barriles diarios. La valoración de precio de venta está cerca de 28.000 millones de dólares, lo que situaría el valor total de la compañía en unos 1,9 billones. Si bien es cierto que su valor descendió hasta un 10% las semanas posteriores a su salida a bolsa. Aún así, Aramco se ratifica como la mayor empresa del mundo. Nos enfrentamos, por tanto, a toda una paradoja: los países intentan moverse hacia una transformación de sus economías y una transición ecológica, mientras los mercados siguen liderados por una gran petrolera, en un planeta que necesita un respiro (urgente) para recuperarse de las sobreexplotación de recursos.

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