Cannabis en cosméticos: nuevo boom, mismo debate

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José A. Cano

@caniferus

El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria intervinieron una empresa española con más de 20 años a sus espaldas y 18 millones de euros facturados en 2019, acusando a sus responsables de delitos contra la salud pública, organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico. Los implicados respondieron que todas sus actuaciones estaban amparadas tanto por los convenios internacionales, como por las leyes españolas. La empresa se llama Dinafem y sus 97 trabajadores no se han ido a ERTE por la pandemia, sino por una intervención judicial propiciada por un producto en concreto: las semillas de marihuana.

La historia ha causado perplejidad en el sector, ya que una breve búsqueda en Internet permite a cualquier persona adquirir el cada vez más demandado «aceite de CBD (cannabidol)», un derivado que se encuentra de forma natural en la marihuana, concretamente en la cannabis sativa, y que se utiliza como principio activo. No se considera una sustancia psicotrópica, por lo que no está incluida en el Convenio de Viena de 1971, a diferencia del tetrahidrocannabinol (THC). El caso de Dinafem, que permanece bajo secreto de sumario, sumó confusión a un sector que tiene puestas las esperanzas en una legalización parcial –o total– del cannabis gracias a las nuevas tendencias que se han ido desarrollando debido a la progresiva legalización de la marihuana en países vecinos como Alemania, Dinamarca, Francia, Italia o República Checa, donde el uso medicinal del CBD está permitido.

El Convenio de 1961 sobre estupefacientes exime los cultivos destinados a fines industriales

En la actualidad, decenas de líneas cosméticas están recurriendo a este principio activo para incluirlo en cremas, sérums y aceites faciales. Un boom que alimenta el viejo debate sobre el cannabis. De hecho, la última marca en sumarse a la tendencia ha sido Primark, poniendo a la venta, por tres euros, una crema hidratante con CBD. Mientras tanto, organizaciones y compañías defienden que la comercialización del cannabis como producto cosmético y medicinal sigue siendo muy limitada a consecuencia de su regulación, que cada vez parece más compleja.

Por un lado, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) recuerda que el artículo 28.2 del Convenio de 1961 exime a los cultivos de cannabis destinados a fines industriales, y aplica solo a semillas y fibras. Por otro, si se trata de productos fabricados para fines médicos, entonces aplica los mismos controles de cultivo que al opio. Así, las extracciones de las flores de la planta de cannabis, con independencia de su porcentaje en THC, están sometidas a supervisión, incluso en el caso de que la extracción tenga como fin la obtención de CBD (sustancia no fiscalizada) y no THC (sustancia fiscalizada).

En Estados Unidos, el gobierno ha patrocinado investigaciones sobre los beneficios del CBD

Las organizaciones insisten en que, si el THC se «legalizara» en la mayor parte de Occidente, dejarían de existir los vacíos legales. En España, la posesión en cantidades pequeñas no está perseguida, y es legal consumir o cultivar siempre que las plantas no sean visibles desde la vía pública. El comercio de semillas también se entiende como legal, siempre que se destruya posteriormente la planta. Pero el comercio, el cultivo en grandes cantidades y el consumo en la calle están perseguidos con diferentes penas.

Mientras tanto, en Canadá y Uruguay, el uso recreativo del cannabis está permitido, y en Australia, Nueva Zelanda, México o Sudáfrica la comercialización de fármacos derivados es legal. En este aspecto, España solo concibe la legalidad de fármacos con cannabis para enfermos de esclerosis múltiple –el Sativex, que mejora los síntomas de rigidez muscular-, pero incluso para este producto hay que seguir un complicado procedimiento burocrático.

En el otro lado de la balanza se encuentra Estados Unidos, cuyo uso del CBD como principio activo para medicinas no ha hecho más que avanzar en los últimos años. El mismo gobierno norteamericano ha patrocinado algunas de las investigaciones que señalan los efectos beneficiosos del CBD en enfermedades autoinmunes (como la artritis reumatoide), neurológicas (alzhéimer, demencia o parkinson), metabólicas (diabetes, obesidad) y una extensa lista de dolencias cardiovasculares, intestinales y relacionadas con la piel. La clave está en sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes e hidratantes.

Más ensayos para legalizar el uso medicinal

Mientras las autoridades intervenían Dinafem, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, afirmaba en una entrevista que «el debate no es si hacerlo o no, sino quién lo hace primero. Esto va a ocurrir, es imparable: el cannabis se va a legalizar en todas partes». Su partido, Unidas Podemos, lleva preparando desde la anterior legislatura una propuesta de ley para incluir el cannabis dentro del marco legal como uso recreativo. El PNV ya ha preguntado al Ejecutivo si considera igualmente su legalización como uso medicinal, pero la respuesta necesita de más ensayos clínicos para ser positiva.

A pesar de todo, el empujón definitivo para una legalización de la marihuana estaría en el tejado de las empresas cosméticas. El reciente boom de estos productos se fundamenta en estudios que demuestran que en el cuerpo humano ya existen cannabinoides de manera natural, como la anandamida, un mediador lipídico que mantiene la función barrera de la epidermis a través de las glándulas sebáceas.

La legalización en España generaría 3.312 millones de euros anuales en impuestos y cotizaciones

Llegamos así a una parte del debate, la económica, que no puede obviarse: cabe recordar que Dinafem llegó a facturar más de 18 millones de euros en un solo año. También está el ejemplo de Canopy, la empresa canadiense que rozaba la bancarrota y que consiguió despegar en 2018 gracias a la comercialización de CBD para terminar cotizando en bolsa al nivel de la española ACS, dedicada a la construcción. En ese mismo año, Canadá se había convertido en la primera economía del G20 en legalizar el consumo de cannabis.

Vistos estos casos de éxito, la Universidad Autónoma de Barcelona publicaba un estudio en el que calculaba los hipotéticos beneficios económicos de una norma similar para España. Los números estimaban un total 3.312 millones de euros anuales de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y 101.569 puestos de trabajo regularizados solo para abastecer la actual demanda. El volumen de negocio total, sin escalar el modelo ni prever exportaciones, equivaldría a 8.514 millones de euros al año. Al mismo tiempo, se debilitarían el mercado negro y las redes criminales, aunque, advierte el informe, no quedarían erradicados por completo. Sin embargo, hay una pregunta en el aire, la misma que surgió con el alcohol o con el tabaco: ¿podría prevenirse su consumo en menores si se eliminara la actual «semi-alegalidad» y se les informara correctamente? El debate vuelve a abrirse en España.