Sociedad

Democracia, participación y procesos legislativos para el siglo XXI

El Congreso tiene que reconvertirse en un parlamento abierto al diálogo para promover un modelo democrático más transparente, inclusivo y deliberativo.

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Juan J. Martínez
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28
Dic
2020
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Juan J. Martínez

Vivimos tiempos de desafección y apatía ciudadana hacia el sistema político, a la vez que la democracia se siente amenazada por el nacionalismo autoritario y el trumpismo. De ahí la necesidad de trabajar para recuperar la confianza en las instituciones y en la acción política. Esto exige, entre otras actuaciones, desarrollar iniciativas innovadoras que mejoren y complementen la democracia representativa liberal mediante la creación de mecanismos de democracia participativa y el buen uso de herramientas tecnológicas que sirvan para fortalecer la legitimidad de la democracia y combatir las campañas de desinformación, las fakes news y las injurias.

En una sociedad global y cada vez más compleja, plagada de incertidumbres y de riesgos para el planeta –y en medio de una extendida crisis de la economía y la política–, promover la participación activa en las tareas parlamentarias de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad, en especial en la deliberación legislativa, ayudará a mejorar la calidad de la democracia, el resultado de la función legislativa y el prestigio del parlamentarismo. Estos objetivos deben conllevar cambios significativos en el funcionamiento de instituciones como el Congreso – donde reside la soberanía popular–, que actúa como centro de referencia de la vida democrática en España. Pero funcionar como un parlamento abierto requiere una estrategia –además de un plan de comunicación– para incrementar los mecanismos de información, control, deliberación y participación en la toma de decisiones. Se propiciaría así el acercamiento y un mayor diálogo entre representantes y representados.

Por tanto, para avanzar en la aplicación de los principios de buen gobierno y de las buenas prácticas parlamentarias, el Congreso ha de plantearse un mejor reflejo en su web de la huella legislativa, así como de la incorporación formal a su reglamento de procedimientos de participación en la tramitación parlamentaria de los proyectos y de las proposiciones de ley. Y aún con mayor razón en el caso de las iniciativas legislativas populares.

«Debemos impulsar una fase de audiencia pública que permita la comparecencia de expertos independientes»

Con tal finalidad y de acuerdo con el mandato de los artículos 9.2, 23.1 y 105 de la Constitución, es preciso impulsar en la vida parlamentaria una fase de audiencia pública que permita la comparecencia de expertos independientes y representantes de diferentes entidades, plataformas y colectivos implicados para que el Congreso escuche sus opiniones y reciba aportaciones que enriquezcan el debate legislativo de cara a la posterior decisión de los parlamentarios. La implementación de un procedimiento de participación deliberativa no tiene por qué significar un retraso ni un obstáculo para una tramitación legislativa ágil, sino una garantía de mayor eficacia de la ley resultante y una mayor legitimación social.

Como respuesta, un parlamento abierto tiene que profundizar en esa vía que consiste en la comparecencia, ante la comisión correspondiente y en un periodo acotado de tiempo, de aquellas entidades, corporaciones públicas y privadas, organizaciones y colectivos sociales que, siendo representativas, seleccionadas con rigor y desde un criterio pluralista, estén interesadas por su naturaleza o por resultar afectadas por el contenido que trate la propuesta de ley. Esta audiencia ha de producirse en la forma que determine la mesa y los portavoces de la comisión concernida, mientras no quede debidamente regulado el procedimiento mediante una reforma del reglamento de la Cámara, a la vista de la insuficiencia del contenido del artículo 44.4.

Las comparecencias se producen ante la comisión o ponencia correspondiente y con carácter previo a que finalice el plazo de presentación de enmiendas al proyecto o proposición de ley. Dichas comparecencias han de estar motivadas y permitirán a las entidades exponer argumentos orales y escritos, aportando criterios y reflexiones externas al parlamento que serán enriquecedoras para que los grupos parlamentarios se formen un mejor criterio.

Esta vía de participación deliberativa, promovida de forma ordenada por el poder legislativo, complementaría las consultas y reuniones de trabajo que ya realiza el Gobierno con diferentes expertos, entidades y organizaciones en la fase de redacción de los anteproyectos de ley. El extenso plan normativo o calendario legislativo presentado por el Gobierno de coalición daría pie a un proceso intenso de audiencias y comparecencias en el Congreso. Todo un difícil reto ante el clima de crispación y confrontación que domina la vida parlamentaria.

«El Congreso debe perfeccionar su relación con una realidad social en la que el mundo de internet es clave»

Por otra parte, el Congreso, de acuerdo con la Declaración Internacional de Transparencia Parlamentaria de 2012, ha de perfeccionar su relación con una realidad social en la que el mundo de internet es clave y considerar que las herramientas digitales –en concreto el sitio web oficial del Congreso, recién renovado– deben servir para promover la participación online y exponer una información accesible y transparente. Las TIC son una oportunidad para dar a conocer el funcionamiento y el trabajo del parlamento a la sociedad, facilitar los procesos de rendición de cuentas, aumentar el nivel de transparencia y crear un marco digital para el control público sobre las actividades del Gobierno y los diputados. De ese modo se logrará despertar el interés y la implicación progresiva de la ciudadanía, empoderándola en los procesos de toma de decisiones públicas.

Así mismo, las TIC tienen que hacer más accesible la información sobre las actividades y acuerdos que se generan en el parlamento y facilitar a la ciudadanía la comprensión del sentido de cada ley, haciendo posible el seguimiento de la tramitación legislativa que se realiza en la Cámara al incorporar la huella legislativa para poder conocer su trazabilidad. Las TIC permiten, también, la creación de un foro parlamentario digital que promueva el debate y la deliberación sobre sus tareas, en un espacio dirigido a recoger la opinión ciudadana y donde se interactúe con los diputados y diputadas.

Por lo demás, es cierto que, en el marco de una regeneración de la democracia que permita repensar la forma de gobernar, son también precisas otras medidas que garanticen la independencia de los órganos constitucionales, organismos reguladores y supervisores para hacer efectiva la separación de poderes. Así como garantizar en la acción política los principios de transparencia, rendición de cuentas, integridad –en este caso, mediante la aprobación de códigos éticos efectivos para los cargos públicos– y nuevas normas contra la corrupción.

En conclusión, el Congreso debiera afrontar la reforma de su desfasado reglamento para incluir una regulación que garantice el desarrollo de procesos legislativos abiertos que permitan la participación activa de las organizaciones de la sociedad conforme a las buenas prácticas parlamentarias. Además, tiene que efectuar su reconversión en un parlamento abierto que represente la mejor escuela de democracia, un espacio abierto al diálogo para promover un modelo de democracia más transparente, inclusiva y deliberativa.


Odón Elorza es diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.

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