Mujeres y niñas con discapacidad: desprotegidas ante la ley

«Un padre de una mujer incapacitada de 29 años solicita al juez autorización para esterilizarla y, además, demanda a la madre de la mujer porque se opone a la esterilización de su hija. La mujer tiene un déficit cognitivo, pero desarrolla un trabajo fuera de su domicilio con autonomía. El Jurado de Primera Instancia de Girona desestima la denuncia interpretando que la esterilización quirúrgica es una actuación agresiva y que los actuales avances médicos la hacen innecesaria. El padre presenta un recurso de apelación, y es cuando La Audiencia Provincial de Girona emite una sentencia que autoriza la esterilización quirúrgica mediante la técnica de ligadura de trompas». Esta sentencia de la Audiencia de Girona de 2009 fue la historia que Laura Seara, exsecretaria de Estado de Igualdad, compartió en la II Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad, organizada por la Fundación Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

Ana Peláez: «Existen barreras que niegan a 2,5 millones de mujeres y niñas su condición de serlo por tener una discapacidad»

Cermi Mujeres ha denunciado hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la situación de discriminación y vulneración de los derechos que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad en España. Mujeres como la que hay detrás de la sentencia narrada por Seara. Para poner en conocimiento de todos las carencias legales que existen en nuestro país respecto a la garantía de la igualdad de derechos del colectivo, han elaborado el primer informe Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad.

«Nos ha parecido fundamental centrar la atención en los ámbitos de la igualdad y no discriminación y de la sexualidad y la reproducción porque interactúan con otros derechos que convierten a este sector de la población en especialmente discriminado y violentado», ha explicado Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva del Cermi. Se trata de un «estudio cualitativo de la normativa que pretende hacer hincapié en las obligaciones que el Estado debe de cumplir como parte de diferentes Tratados Internacionales», han explicado durante su presentación.

En el sentido del cumplimiento de la norma, señalan que, a pesar de que España forma parte diversos compromisos como el Tratado Internacional de Derechos Humanos y el Convenio de Estambul que, como recuerda Peláez, «menciona directamente a las mujeres con discapacidad», en España siguen existiendo «barreras que niegan a dos millones y medio de mujeres y niñas su condición de serlo por tener una discapacidad». Una desigualdad que, asegura, genera una «identidad nebulosa».

Como no existen datos cuantitativos sobre las mujeres a las que se les ha negado la posibilidad de ser madres o de niñas que han sufrido discriminación en el colegio porque el centro carece de especialistas que les ayuden, el Cermi se ha basado en los indicadores de los ODS 5 (igualdad de género), ODS 3 (buena salud y bienestar) y ODS 10 (reducir desigualdades). «La falta de datos es muy sintomático del oscurantismo en torno a la violación de los derechos del colectivo», ha declarado Jesús Martín, delegado para los Derechos Humanos del Cermi.

Jesús Martín: «La falta de datos es muy sintomático del oscurantismo en torno a la violación de los derechos del colectivo»

El informe concluye que falta una normativa general de igualdad y no discriminación, así como un marco conceptual y normativo actualizado en base a los Tratados de Derechos Humanos correspondientes. Una carencia, que aseguran, impacta tanto de manera general, al no haber una igualdad real ante la ley, como de manera particular, al generarse una desprotección legal por «no haber sanciones ni reparaciones ante casos de discriminación múltiple». Además, consideran que hay una infrarrepresentación de las mujeres y niñas con discapacidad como grupo social en el diseño de las políticas públicas y planes estratégicos.

En lo relativo a la protección, promoción y garantía de la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, desde el Cermi Mujeres denuncian que «el plazo y la cobertura establecidos en el marco jurídico y políticas de salud sexual y reproductiva es insuficiente para el colectivo y que su mención es escasa y esporádica». Adicionalmente, el informe pone el foco en una cuestión controvertida y alarmante: «A pesar de las modificaciones legislativas, el marco jurídico actual permite esterilizar a mujeres y niñas con discapacidad».

«Hasta que el Estado y el sistema de justicia dejen de legitimar esta práctica forzosa no se va a poder cumplir con la meta 3.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, por lo tanto, no se va a poder garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, ya que el método anticonceptivo (esterilización) practicado sin voluntad ni consentimiento, altera unilateralmente tanto la tasa de fecundidad de la proporción de mujeres en edad de procrear, como la proporción de aquéllas que pueden cubrir sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos», han asegurado desde el Cermi Mujeres.