Diversidad

‘La cultura de la normalización’ o cómo menospreciar la violencia sexual

La violencia machista no siempre encuentra el eco ni el enfoque que merece y queda invisibilizada. «La cultura de lo normal» está enraizada en todas las sociedades.

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26
octubre
2017

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Bill Cosby, Harvey Weinstein y recientemente el director de cine James Toback forman parte de la lista de agresores sexuales denunciados públicamente en el mundo del espectáculo, con su consiguiente repercusión mediática. Desafortunadamente, la violencia machista no siempre encuentra el eco -ni el enfoque- que merece y queda reducida a casos particulares que son solo la punta del iceberg: una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida pero solo el 20% lo denuncia, según la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género. Incluso cuando lo hacen, pueden encontrarse con una sentencia y un trato inesperados.

El 76% de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida

El caso del universitario Brock Turner sacudió la prensa y los estómagos en Estados Unidos cuando, tras ser condenado a seis meses de prisión por violar a una joven mientras estaba inconsciente, su padre dijo indignado que era «un precio exagerado para 20 minutos de acción de entre sus más de 20 años de vida». Partiendo de esa lógica, ningún crimen merece justicia. Unas declaraciones tristemente en línea con la cobertura de muchos medios estadounidenses que llegaron a cerrar sus artículos con los irrelevantes datos sobre las marcas de natación del joven ex-atleta, rebajando la importancia de su faceta delictiva. Es el llamado trato al «buen agresor». La propia víctima, que usa el seudónimo de Emily Doe, denunció estos enfoques a través de una carta abierta por considerar que disminuía la importancia de la violación, pero de poco le sirvió. Finalmente, el agresor solo cumplió tres meses de prisión.

El proceso judicial, mediático y social de agresiones sexuales en España también resulta particular. En el año y medio transcurrido desde la supuesta violación múltiple en los San Fermines de 2016, Agustín Martínez, abogado de tres de los cinco acusados de “La Manada”, ha reiterado en diversas ocasiones que considera «absolutamente desproporcionada» la petición de 24 años y nueve meses de prisión por parte de la acusación particular. Otro de los aspectos polémicos del caso es que se celebrará íntegro a puerta cerrada, según ha dictado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, para «proteger el derecho fundamental a la intimidad» de la demandante y «salvaguardar» a la joven y a los cinco acusados de «una indeseada e indeseable exposición pública». Ello no significa que no se pueda tener información de lo que ha pasado. Sagra Pérez, coordinadora de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (ADAVAS) en León, explica: «Lo importante es que los medios de comunicación no informen buscando el morbo y exponiendo los detalles más macabros, así como no aportar datos personales que puedan llevar a la identificación de víctima o agresores porque, desgraciadamente y a día de hoy, se sigue culpando a las víctimas».

Sagra Pérez (ADAVAS): «Es importante que los medios no identifiquen a las víctimas porque se las sigue culpando»

La violación no es el único tipo de agresión sexual y tampoco el más común. A pesar de la enorme repercusión mediática que tuvo este último caso, de las campañas y de los actos de concienciación «por unas fiestas libres de agresiones sexistas», el mensaje no ha calado lo suficiente. Las celebraciones de Pamplona, como tantas otras, volvieron a ser noticia este año cuando una cámara de Antena 3 grabó en directo una agresión sexual durante el chupinazo. El caso resulta doblemente grave por la despreocupación del agresor mientras su ataque es retransmitido públicamente, a plena luz del día y a escala nacional, y por la pasividad de los acompañantes de la joven agredida, que en ningún momento se dirigen al acosador para recriminarle su actuación. Si ni nuestro entorno más cercano se da cuenta de la gravedad de la situación, ¿cómo abrir los ojos a una sociedad que normaliza las agresiones?

Una de las razones por las que se quita importancia al acoso sexual es porque no suele dejar secuelas físicas visibles ya que su base se “limita” a frases subidas de tono o tocamientos, pero afecta gravemente en el plano psicológico o emocional. En el ámbito laboral, el miedo a perder el puesto de trabajo y la dificultad para probar los hechos juegan en contra de la necesidad de denunciarlos, incluso cuando derivan en una baja por depresión.

A pesar de sus profundos efectos psicológicos, este tipo de agresiones sexuales no figuran en la actual Ley Integral como «violencia de género». El Ministerio del Interior comenzó a desglosar la estadística de agresiones sexuales para acomodarse al criterio de la Unión Europea en 2009, contabilizando más de un millar de agresiones sexuales en una década, pero en la lucha contra la violencia machista -tanto física como verbal- nos quedamos cortos. «Es necesario un tratamiento integral de este problema con especialización de los operadores e intervención coordinada de todas las instituciones», dijo la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, María Ángeles Carmona, en declaraciones a Europa Press. Y recalcó: «Incluidas las judiciales, policiales, sanitarias, educativas y de medios de comunicación».

Tras años de lucha contra la violencia machista, ni siquiera el Pacto de Estado firmado en las últimas semanas logra unificar posturas, recibiendo alabanzas y críticas a partes iguales. Por un lado, el documento recoge la ampliación del concepto «violencia contra la mujer» e incluye en este ámbito las agresiones sexuales, el acoso sexual, la explotación sexual, la mutilación genital, el matrimonio forzado, la ciberdelincuencia y, en definitiva, cualquier forma de violencia que lesione la integridad de las mujeres. Sin embargo, grupos parlamentarios como Unidos Podemos y el grupo Mixto aseguran que el documento no marca tiempos o presupuestos concretos para cada medida y se limita a un amplio marco de cinco años que, afirman, no garantiza su cumplimiento.

Doce mujeres han denunciado agresiones en el seno del Parlamento Europeo, un «semillero de acoso sexual»

En contraposición a los vaivenes legales de España, el movimiento #MeToo (#YoTambién) traspasa fronteras para visibilizar a las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual y abrir los ojos a cómo «la cultura de lo normal» está gravemente enraizada en todas las sociedades. En esta iniciativa social, mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales cuentan su experiencia a través de webs o redes sociales, animando a otras personas a alzar la voz. Ha llegado incluso al Parlamento Europeo a través una denuncia anónima de doce mujeres contra trabajadores de la institución, que definen como un «semillero de acoso sexual». Pero una mayor repercusión en los últimos tiempos no significa que no haya pasado nunca. «Es vox populi», asegura Pérez, «pero hasta ahora era muy difícil visualizarlo. Este tipo de movimientos activistas son importantes porque visibilizan la situación y sobretodo porque significa que las víctimas no sienten vergüenza. La educación y la sociedad enseñaban a las mujeres a sentir vergüenza, cuando quien debería sentir vergüenza es el agresor». Una forma de hacerse fuertes contra una violencia que nace en los niveles más “inofensivos” del micromachismo y la desigualdad de género.

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