Internacional

¿Colombia, al fin, en paz?

El histórico acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno colombiano y las FARC pone fin a un conflicto de más de 50 años que ha desangrado al país latinoamericano.

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05
septiembre
2016

Cerca de 220.000 muertos, más de seis millones de desplazados, decenas de miles de desaparecidos, violaciones, secuestros e incontables tragedias personales. Es el balance de más de cincuenta años de guerra en Colombia. Un conflicto que ha desangrado el país y ha impedido a muchas generaciones conocer la paz.

«Histórico» es, pues, el calificativo inexcusable para referirse al acuerdo de paz que el pasado 24 de agosto de 2016 alcanzaron el gobierno de Colombia y los rebeldes de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras casi cuatro años de negociaciones. Un alto al fuego bilateral que pone fin a décadas de enfrentamientos.

«Tal vez es el anuncio más importante que he hecho en mi vida», declaró el presidente, Juan Manuel Santos, antes de comunicar al pueblo colombiano la fecha en la que se firmaría formalmente el acuerdo de paz con la guerrilla: el 26 de septiembre. «Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra», agregó.

«Han sido 32 años intentando conseguir un acuerdo que finalmente ha llegado. Es histórico no solamente por llegar, sino por el marco legal, muy bien establecido, en el que se produce; por su andamiaje», sostiene Erika Rodríguez Pinzón, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del panel de América Latina en OPEX de la Fundación Alternativas. «Tras tres intentos fracasados en décadas pasadas, Gobierno y FARC han cambiado, mediante transacciones y acuerdos de transformación futura en desarrollo rural y participación política, botas por votos, armas por políticas, coincide Rafael Grasa, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y experto internacional del PNUD para el Diálogo Ejército-Sociedad en Colombia. «Se empieza a poner fin al problema endémico de Colombia, la reproducción intergeneracional de la violencia política», continúa.

En el acuerdo, un texto extremadamente complejo de casi 300 páginas, se recogen detalladamente todos los puntos a través de los cuales se producirá el proceso de desmovilización y desarme de las FARC. «Pero es importante saber que se trata de un proceso iniciado por la fuerza guerrillera, es decir, son las FARC las que proponen el alto al fuego y empiezan el proceso de negociación. Por eso es un proceso en el que no hay perdedores», asegura Almudena Bernabeu, abogada internacional que ha participado en los casos más exitosos en busca de los responsables de crímenes de lesa humanidad en América Latina. Rodríguez Pinzón subraya: «Los guerrilleros no se sienten vencidos, esto no es una capitulación».

«En la guerra ha habido víctimas de ambos bandos, pero de aquí en adelante hay que construir. El acuerdo supone importantes avances en materia restaurativa, porque no se centra en la justicia revanchista, en los agravios del pasado, sino en la restauración y en la verdad», opina esta experta. De hecho, a diferencia de anteriores procesos de paz, el acuerdo no solo contempla el desmonte de la estructura del grupo guerrillero, sino también un conjunto de medidas que permitan su transición hacia la vida política, uno de los puntos que más ampollas levanta entre los ciudadanos colombianos.

guerrillacolombiana

«Comprendo que la gente ha visto corrupción, cultivos ilícitos, explotación minera, tráfico de esmeraldas, paramilitarismo, nuevos grupos violentos que se forman tras la desmovilización de los paramilitares… Son conscientes de que tienen un país donde el estado no está presente en esas áreas donde las FARC o el ELN [Ejército de Liberación Nacional] vinieron a ocupar ese baldío», sostiene Bernabeu. Según un reciente trabajo de la Fundación Paz y Reconciliación, las FARC actuaban en 242 municipios de Colombia, habitados por un 12% de la población del país. De hecho, en 112 municipios ejercían una función de regulación social paralela o sustitutiva del Estado. «Hay desconfianza, hay relaciones de poder y de abuso, y a la gente le cuesta creer en la marcha atrás, en la deconstrucción definitiva. Pero como yo siempre digo: la visión no puede ser en pequeñito, no hay que sacrificar ni el rigor, ni la letra escrita ni muchísimo menos la historia ni la verdad de lo ocurrido, pero sí mirar con un poco más que perspectiva. No todo se va a solucionar, pero quizá hay que sacrificar algunas cosas coyunturales por algo estructural, más a largo plazo», argumenta la abogada.

«La mayoría de los colombianos quieren la paz y, a la vez, no quieren, demoscópicamente, dar concesiones a quienes entregan las armas. Pero entre las víctimas y en la zona rural el clamor a favor de la paz es abrumador, frente a ciertas élites urbanas, que no viven la guerra ni directa ni indirectamente, que tienen una visión diferente, a veces frívola», afirma Rafael Grasa, para quien «el acuerdo propone una combinación de justicia retributiva y de justicia restauradora». Un Tribunal de Justicia Transicional (Jurisdicción Especial para la Paz) estará encargado de conducir los juicios contra los guerrilleros y contra todos los actores que cometieron crímenes durante el conflicto. «El coste político es desigual», puntualiza Grasa: «Quienes más pierden son las élites terratenientes y los representantes políticos que tienen más miedo a la política que a la guerra. El costo social es aceptar que, pagando su pena y reconociendo sus delitos, los insurgentes pueden reintegrarse y reinsertarse. Sólo si en el plebiscito ganara el ‘no’ el coste político sería para el Presidente Santos».

Dicho plebiscito, que tendrá lugar el próximo 2 de octubre, es el siguiente gran paso para la correcta materialización del acuerdo: permitirá a los colombianos decidir si aprueban o no lo pactado en La Habana. Si votan «sí», comenzará el proceso de dejación de armas de las FARC y su tránsito hacia la vida civil. Si votan «no», hay menos certezas de qué puede ocurrir. «Ahora mismo es imposible plantearse un ‘no’ a la paz. La comunidad internacional lo está celebrando con bombos y platillos. Nadie le pagaría esta guerra; eso, por un lado. Y por otro, de no conseguir el ‘sí’, sería un golpe para la guerrilla, un mensaje muy negativo: que en Colombia sigue gobernando una élite», sostiene Erika Rodríguez Pinzón.

Según Almudena Bernabeu, «un ‘no’ no mataría la negociación, pero sería un error, porque no habrá nada nunca tan fuerte, una apuesta tan valiente por parte de los negociadores de celebrar un plebiscito que incorpora la voz popular de manera expresa. Un ‘no’ deslegitimaría ese esfuerzo. Yo tengo mucha esperanza en que salga el ‘sí’». «No hay ningún proceso de firma de la paz tan comprehensivo como el colombiano en materia de justicia», continúa. «El capítulo otorgado de la sociedad para que trajera la voz de las víctimas al proceso es clave. Ha habido unidad y cohesión, mas allá de las voces disidentes como el partido del expresidente Álvaro Uribe, que han querido desestabilizar y siguen desestabilizando», añade. Uribe -ahora senador- aplicó acciones militares contra las FARC durante su mandato, y luego intentó negociar con la guerrilla, sin éxito.

«Los detractores del acuerdo han hecho un discurso muy simplista, acerca de que no hay penas de cárcel y de que no se debería permitir la participación política. Esa visión ha hecho que parte de la población se concentre en el ‘no’. Pero un ‘no’ no sería un ‘no’ a la paz, sino un ‘no’ a lo establecido en el acuerdo», explica Rodríguez Pinzón. Grasa se muestra más escéptico: «Si gana el ‘no’, se acaba el proceso, pese a que no es seguro que las FARC vuelvan inmediatamente a la guerra. Pero decir que si gana el ‘no’ se renegociará es una falacia. En todo caso, al cabo de un tiempo, con guerra de por medio y con reglas que desconocemos».

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