La fiebre del Ártico

Durante décadas, el Ártico simbolizó una frontera remota, congelada tanto por el clima como por la geopolítica. Hoy ocurre lo contrario. El calentamiento global está derritiendo el hielo marino a una velocidad sin precedentes y, con ello, abre rutas comerciales, facilita el acceso a materias primas críticas y despierta ambiciones territoriales que parecían dormidas desde el final de la Guerra Fría.

Es entonces donde surge la paradoja: el mismo cambio climático que amenaza ecosistemas enteros está haciendo más accesibles los recursos que las nuevas economías digitales y verdes necesitan para seguir expandiéndose. Litio, cobre, níquel, cobalto, tierras raras o grafito son minerales fundamentales para fabricar baterías, paneles solares, centros de datos, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y semiconductores. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) la demanda global de minerales críticos vinculados a tecnologías limpias podría multiplicarse varias veces antes de 2040 dependiendo de la velocidad de descarbonización.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que, además de estos preciados minerales, el Ártico podría albergar también alrededor del 13% del petróleo no descubierto y el 30% del gas natural no descubierto del planeta.

Pocos lugares reflejan mejor esta tensión que Groenlandia. El territorio autónomo danés concentra importantes reservas de tierras raras, uranio y otros minerales estratégicos. Además, el deshielo facilita progresivamente la exploración minera y el acceso marítimo. El Consejo Ártico, de ocho miembros –cinco de los cuales tienen frontera con el océano Ártico: Canadá, Rusia, Estados Unidos, Noruega y Dinamarca, por su soberanía sobre Groenlandia– lleva años advirtiendo de que la región experimenta un calentamiento mucho más acelerado que la media global, alterando tanto los ecosistemas como las dinámicas económicas y geopolíticas.

El Ártico podría albergar también alrededor del 13% del petróleo no descubierto

Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, entre otros actores, observan con creciente interés. Mucho antes de la reciente intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con Groenlandia por «motivos de seguridad nacional», Washington ya había reabierto su consulado en Nuuk, la capital groenlandesa, en 2020 y reforzado su presencia diplomática y militar en el Ártico. Pekín, por su parte, ha intentado participar en proyectos mineros e infraestructuras estratégicas dentro de su llamada «Ruta de la Seda Polar». Rusia ha reforzado bases militares y corredores marítimos en el norte; Canadá, y Noruega hacen lo propio.

Sin embargo, el desarrollo extractivo genera fuertes divisiones internas. Partes de la sociedad groenlandesa ve en la minería una vía para reducir la dependencia económica respecto de Dinamarca y avanzar hacia una eventual independencia. Otros sectores alertan sobre el impacto ambiental y social que tendría transformar uno de los ecosistemas más frágiles del planeta en una nueva frontera minera.

El deshielo no solo libera recursos, sino que también reactiva disputas estratégicas. En su libro Prisoners of Geography (Elliot & Thompson, 2015), el periodista británico Tim Marshall analiza cómo el retroceso del hielo convierte el Ártico en uno de los principales tableros geopolíticos del siglo XXI: «El deshielo y la creciente competencia entre grandes potencias traen consigo un endurecimiento de la actitud en el Consejo Ártico, el foro donde la geopolítica se convierte en geopolártica». Marshall sostiene que las nuevas rutas marítimas y el acceso a recursos energéticos está alterando el equilibrio estratégico global: «Las disputas y reclamaciones de soberanía sobre el Océano Ártico son jurídicamente complejas, y algunas tienen el potencial de provocar serias tensiones entre las naciones».

De los polos al espacio

La presión extractiva no se limita al hemisferio norte. Argentina flexibilizó recientemente parte de la protección sobre áreas glaciares para facilitar determinados proyectos mineros vinculados a minerales estratégicos para la transición energética. La Antártida está protegida por el Tratado Antártico, firmado en 1959, que prohíbe la explotación minera mediante el Protocolo de Madrid de 1991 –entre los signatarios del tratado hay siete países (Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido) con reclamos territoriales, que en algunos casos coinciden en parte. Y aunque por el momento no existen explotaciones autorizadas, distintos analistas advierten de que la creciente demanda de minerales críticos podría aumentar la presión política rumbo a 2048, cuando el tratado puede ser renegociado.

«La Antártida y el Ártico son opuestos geográficos polares –uno es un continente rodeado de océanos; el otro, un océano rodeado de continentes–, pero existen similitudes y la preocupación de que lo que está ocurriendo geopolíticamente en el Ártico termine ocurriendo también en el sur», advierte Marshall en su libro.

Y la lógica se extiende incluso más allá del planeta. La minería espacial –durante años considerada ciencia ficción– empieza a formar parte de estrategias empresariales y gubernamentales. La NASA y varias agencias espaciales estudian la posibilidad de extraer agua, helio-3  y minerales de asteroides o de la Luna para sostener futuras misiones espaciales. Asimismo, empresas privadas ya trabajan en tecnologías orientadas a la explotación de recursos extraterrestres. El debate jurídico sigue abierto. El Tratado sobre el Espacio Exterior de 1967 prohíbe la apropiación nacional de cuerpos celestes, incluyendo la Luna, pero no regula claramente la propiedad de los materiales extraídos. La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior reconoce que el marco legal todavía presenta importantes zonas grises.