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¿Qué proponen quienes aspiran a gobernar España?

Ponemos el foco e la lucha contra el cambio climático, la transparencia y las políticas de migración y asilo para analizar la propuesta de los cuatros principales partidos.

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18
abril
2015

Que el mapa político de España dará un giro con doble tirabuzón a partir del 20-D es evidente. Así lo desvelan todas las encuestas, y así ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Aunque la volatilidad de los datos, determinada en buena parte por ese 40% de indecisos, deja en incógnita el resultado final. La lectura de fin de semana de muchos españoles será, esta vez, la de los programas electorales. Por eso, desde Ethic hemos querido condensar las propuestas más significativas de los principales partidos políticos en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático, la transparencia y las políticas de migración y asilo, tres de las dimensiones clave que definen nuestros contenidos editoriales.

¿Qué prometen los partidos en materia de…

… medio ambiente?

Las elecciones generales suceden a una Cumbre internacional que ha situado el cambio climático en la agenda de los gobiernos. No hay momento más oportuno para sacar la lupa y analizar las líneas de actuación que las distintas formaciones llevarían a cabo hacia la necesaria descarbonización de la economía.

El Partido Popular se compromete a impulsar «una Hoja de Ruta horizonte 2030 que establezca la estrategia para cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero y de desarrollo de políticas de energías renovables y eficiencia energética», así como a establecer un sistema de vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica. Además promete invertir, a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y otros mecanismos, más de 1.800 millones de euros en los próximos 4 años. Abriría un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua, «cuyo objetivo será cumplir los compromisos asumidos con la UE», e impulsaría un Plan Estatal del Agua y un Sistema Integral de Gestión del Agua. Asimismo, programan identificar nuevas áreas para alcanzar el 10% de la superficie marina protegida en los próximos años.

El PSOE dedica un capítulo a la Economía verde: más allá del PIB, donde anuncia la creación de una Comisión para la Transición Energética para desarrollar «escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO2». «Nuestra hoja de ruta debe plantearse la reducción de la intensidad energética en, al menos, un 2% anual, y alcanzar 1,7 toneladas de CO2 per cápita y año en 2050», recoge el documento. Si gobierna, restringirá las autorizaciones de nuevas prospecciones de gas y petróleo y prohibirá el empleo del fracking. El programa especifica la revisión de la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas y la implantación de un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, «comenzando con la clausura definitiva de Garoña, que culminará en la fecha límite del 2028». Respecto a la pobreza energética, se compromete a desarrollar un «marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo».

Desde Ciudadanos rechazan «cualquier traba al autoconsumo» y consideran «improcedente el peaje de respaldo», conocido popularmente como ‘impuesto al sol’. Propone el modelo de ‘balance neto’, «en el que en la factura del consumidor sencillamente se compensan sus déficits con sus excedentes». Afirma que modificará la ley de precios para que los consumidores paguen exclusivamente por la generación de la energía, y no por otros complementos y primas que cobran «la práctica totalidad de las centrales». También aumentarían las infraestructuras de conexión internacional de abastecimiento «mediante el refuerzo de las interconexiones eléctricas de España con los países vecinos e impulsando la conexión de transporte de gas natural de España con Francia como infraestructura básica para incorporarnos a la European Gas Single market», a la vez que prometen impulsar el autoabastecimiento y maximizar el uso de energías renovables.

Podemos sitúa la transición energética como primer capítulo de su programa, aunque las demás propuestas relativas al medio ambiente se trasladan a la mitad del documento. Promete la creación de un Plan Nacional de Transición Energética «que movilice la inversión público-privada en eficiencia energética y energías verdes en un 1,5% anual del Producto Interior Bruto (PIB) durante un periodo de veinte años». «La aplicación de este plan permitirá una disminución del 30% del consumo nacional de energía primaria», recoge el texto. Mantiene el «compromiso público de no autorizar instalaciones de fracking» y el «establecimiento de controles efectivos que impidan prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico». Además, elaboraría una nueva Ley de Aguas, en sintonía con la Directiva Marco del Agua, «que garantice como un derecho el acceso al agua de calidad y, asimismo, conserve los caudales ecológicos y el buen estado de los ríos, acuíferos y otras masas de agua». Derogaría «de forma inmediata la Ley 11 /2014 y el Real Decreto 183/2015 que modifica la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, cuyos pilares rectores son la precaución, la prevención y el principio de ‘quien contamina paga’». Otro de los puntos lo dedica al fomento de la «economía circular», en relación a «los principios de precaución y prevención de residuos». Anuncián la creación de una «Vicepresidencia de Sostenibilidad que vincule las políticas del Gobierno relacionadas con la sostenibilidad con las políticas de economía y empleo».

… política migratoria y de asilo?

A finales de 2014, cerca de 60 millones de personas habían sido forzadas a huir de sus casas. Si todas conformaran un país, sería el 24º más grande del mundo, con una población semejante a la de Reino Unido o Italia. Además de apelar a la solidaridad, ¿qué medidas tomaría el partido que gobierne en España durante los próximos cuatro años en políticas de migración a asilo?

MSF

El PP no se compromete a regular el asilo. Es el único de los cuatro principales partidos que no hace referencia alguna a desarrollar el reglamento de la Ley de Asilo de 2009 (que debería estar en vigor hace más de cinco años, y que tampoco cumplió el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero), y que permitiría la ejecución de figuras jurídicas y la aplicación de algunas directivas encaminadas a crear un sistema común de asilo de la UE. En cambio, afirma que «continuaremos impulsando una política de gestión de fronteras que combine la máxima seguridad con la mayor agilidad y facilitación del movimiento fronterizo. Para ello, se extenderá y ampliarán las soluciones tecnológicas más avanzadas bajo el Programa de Smart Borders (Fronteras Inteligentes) y se avanzará en la cooperación para intercambiar información online sobre las amenazas en las fronteras exteriores europeas, de acuerdo con el Sistema Eurosur, que España ha liderado».

El PSOE asegura que incrementará la dotación de recursos destinada a estos traslados de refugiados. Derogaría la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, «que pretende legalizar las denominadas ‘devoluciones en caliente’ en el espacio fronterizo entre Ceuta y Melilla y el territorio del Reino de Marruecos», así como «retirar las denominadas concertinas en las vallas fronterizas que producen graves riesgos para la integridad física de las personas» y «modificar el actual modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)». Defiende que los refugiados puedan viajar a España a través de vías regulares para formular su petición de protección una vez obtenido el visado para solicitantes de asilo.

Ciudadanos delega la decisión a la disposición de la Unión Europea de «crear un sistema centralizado de asilo para gestionar las solicitudes y la distribución de refugiados entre los Estados miembros, a través de programas de reasentamiento obligatorio en casos de crisis». En cuanto a la creación de una misión específica europea de rescate en el Mediterráneo, opta por la ampliación del mandato de la Agencia europea de fronteras (Frontex) para sumar la competencia específica de salvamento (en la actualidad solo tiene la responsabilidad de vigilancia).

Podemos apuesta por permitir la solicitud de asilo diplomático en embajadas y consulados de España en los países de origen y de tránsito. Se compromete a crear «programas de reasentamiento dignos que aseguren una solución duradera y un compromiso de España en función de su población y de sus recursos». Defiende la ejecución de un instrumento específico dedicado a salvar vidas en el Mediterráneo y la creación de una Secretaría de Estado de Políticas Migratorias. Cerraría los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) porque «constituyen una anomalía del sistema democrático».

… transparencia?

La corrupción sigue siendo, según el CIS, la mayor preocupación para los españoles después del paro. No extraña, pues, que el término «transparencia» haya irrumpido en todos los programas electorales. Al menos, en términos cuantitativos: Ciudadanos, en cabeza, alude al concepto en 81 ocasiones, mientras que el PSOE lo hace 80 veces; Podemos, 37; el PP, 33; y Unidad Popular, 26.

Las propuestas más novedosas en el programa del PP son la regulación de los lobbies a través de la creación de un registro «para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen este tipo de actividades», así como la implementación de «más canales para la denuncia de casos de corrupción» en su Portal de Transparencia. Respecto a la Ley de Transparencia, apela a seguir desarrollándola «en profundidad» pero no especifica ninguna mejora concreta.

El PSOE propone la creación de espacios de «gobierno abierto» en las webs de la Administración, además de la rendición de cuentas de todos los cargos públicos en el portal de transparencia «para conocer sus declaraciones de renta, bienes e intereses, la agenda, viajes que realiza con dinero público y su cometido, las iniciativas impulsadas, presentadas o participadas». Modificaría la Ley de Transparencia «para cubrir las lagunas que se pusieron de manifiesto durante la discusión parlamentaria y solventar las deficiencias técnicas existentes», y en su lugar aprobaría una Ley de participación ciudadana, de la que no da detalles.

Ciudadanos consagraría el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental y desarrollaría un régimen sancionador por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Apela a la publicación de los informes técnicos relativos a adjudicaciones y subvenciones y la eliminación de la obligatoriedad de firma electrónica para hacer consultas en el Portal de Transparencia. Promete crear un órgano interno anticorrupción.

Podemos también reconocería el derecho a la información como derecho fundamental. Promete reformar la web del registro mercantil para que se pueda consultar de manera gratuita y sencilla, crear una base de datos de contrataciones y licitaciones con la publicación del cuadro comparativo de ofertas y sus puntuaciones, y publicar los donantes de los partidos políticos que aporten más de 5.000 euros al año. Al igual que Ciudadanos, eliminar la obligatoriedad del DNI electrónico para poder realizar consultas. Aprobaría una Ley de Paredes de Cristal «que sirva de marco para abrir los parlamentos a la ciudadanía».

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