«Se encontrará una salida a la situación actual»

Proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos es una tarea titánica en cualquier país, también en España. Esa difícil labor es la que se le ha encomendado a Soledad Becerril, la primera mujer que asume el cargo de Defensora del Pueblo. Esta histórica de la política española trabaja para dar salida a la avalancha de quejas que provoca la crisis.

Las reclamaciones ante el Defensor del Pueblo se han disparado. ¿España está convaleciente?

España, como otros países europeos, está pasando por una crisis económica muy dura, muy difícil, que afecta a gran parte de la población. Las personas que han perdido su trabajo y no pueden hacer frente a los compromisos financieros adquiridos en época de bonanza y quienes se ven afectados por la reducción de medios y servicios en educación, sanidad y prestaciones sociales, nos hacen llegar sus problemas. El aumento de los problemas lleva a que las quejas también aumenten.

Usted que fue la primera ministra después de la Transición, ¿estamos ante la peor debacle de la democracia española?

La democracia española, en sus inicios, pasó por momentos muy críticos en el plano político y fue capaz de superarlos. En el plano económico fue creciendo y venció las dificultades de las sucesivas crisis económicas del último cuarto del siglo XX. La crisis actual es más profunda, afecta a toda la Unión Europea y por el momento parece difícil pronosticar su final. Confiamos que se encontrará una salida y que sabremos asimilar las lecciones que tan duramente estamos aprendiendo sobre cómo vivir sin despilfarrar los recursos, no sólo económicos, también medioambientales y, sobre todo, humanos. Aprovecharemos mejor el talento de las personas, las posibilidades de formación que se nos ofrezcan, la capacidad de esfuerzo, el valor del trabajo.

¿Qué están haciendo mal los partidos políticos para que la desafección haya llegado a su cota más alta?

Las consecuencias de la crisis afectan a todos los ciudadanos, que querrían ver solucionados sus problemas de forma rápida y eficaz, lo que no siempre es posible en esta coyuntura económica, por lo que cargan toda la responsabilidad en los gestores de la res pública. A los políticos se les debe exigir sensibilidad ante los problemas, que los conozcan y busquen soluciones, que tengan un comportamiento ejemplar, que no olviden que son servidores públicos y estén atentos a lo que ocurre en la calle. Los ciudadanos por su parte no deben ceder al desánimo, es necesario formar una conciencia cívica, conocer los deberes y derechos y participar solidariamente en la vida política.

La Sanidad es una de las preocupaciones que más se repite en las reclamaciones ante el Defensor del Pueblo. ¿Se está cercenando el sistema?

En el Defensor del Pueblo nos preocupa enormemente la Sanidad. Es de esperar que la falta de medios económicos que ha llevado a la disminución de recursos y al copago de medicinas y servicios sea sólo coyuntural. Vigilamos que nadie, sea español o inmigrante sin papeles, se quede sin atención médica cuando lo necesite. La atención sanitaria a enfermos crónicos también debe continuar, sea cual sea su situación legal, y los ancianos y dependientes no pueden quedar desamparados. Es importante también que no haya diferencias en las prestaciones sanitarias de las diferentes comunidades autónomas.

Soledad Becerril, la primera mujer que asume el cargo de Defensora del Pueblo.

¿El Gobierno ha desoído a los ciudadanos en el proyecto de ley sobre desahucios?

Creo, y así lo he manifestado, que la ley podría haber sido más generosa. Desde el Defensor del Pueblo hicimos una serie de recomendaciones y hemos visto que la ley incluye poner límite al abuso de los intereses de demora, suspender los desahucios de las personas de los colectivos más vulnerables, que establece la independencia de las sociedades de tasación, que permite al notario denunciar las cláusulas abusivas y amplía las facultades de los jueces para discernir la situación de las familias afectadas. Por contra no se ha incluido nuestra propuesta sobre la obligatoriedad de intentar un acuerdo previo a la acción o su extensión a los negocios que supongan el único medio de vida de las familias.

¿Los escraches, para usted, tienen más que ver con el nazismo o con la libertad de expresión?

Es rechazable, impropio de una sociedad democrática, hacer llegar las preocupaciones de los ciudadanos mediante amenazas, el uso de la violencia o la limitación del uso de la libertad individual. En una democracia existen cauces para expresarse.

¿Qué opina sobre las preferentes?

Ciertamente han sido muchísimas las personas engañadas o mal informadas que no estaban capacitadas para comprender el intrincado lenguaje financiero y la letra pequeña de los contratos no se les explicó suficientemente. Desde el Defensor hemos pedido que se establezcan fórmulas, alguna muy sencilla de comprender como es poner un semáforo verde, amarillo o rojo según el riesgo del producto para que todo el mundo lo entienda. Hemos propuesto medidas preventivas, de información, para evitar que vuelva a suceder y también medidas paliativas porque son muchos los ya afectados. Pedimos un arbitraje universal e independiente que dé satisfacción al mayor número de personas que, razonablemente, deben recuperar su inversión. Desde el Defensor del Pueblo estaremos muy atentos al procedimiento establecido para comprobar que los requisitos para acogerse al arbitraje no sean restrictivos.

Gallardón modificó la ley de tasas judiciales tras su amenaza de recurrirla ante el Constitucional, pero ignoró muchas de sus propuestas. ¿La tutela judicial efectiva ha quedado en entredicho?

En la Institución, conscientes de que la nueva ley suponía problemas para muchos ciudadanos y de que era necesario abordarlos con celeridad, presentamos una serie de recomendaciones y celebramos una entrevista con el Ministro de Justicia y otros cargos de su departamento. En doce días se logró un cambio en el marco normativo de las tasas judiciales, una reducción del 80% de las tasas variables y el aumento de los beneficiarios de la justicia gratuita. La Administración no está obligada a aceptar las recomendaciones del Defensor del Pueblo y en este caso ha aceptado una parte sustancial, nuestra mediación obtuvo resultados concretos e inmediatos, ha sido eficaz.

Muchas de sus recomendaciones son desatendidas por las administraciones. ¿Echa en falta competencias ejecutivas?

El porcentaje de recomendaciones aceptadas es alto, algo más del 70%. Hay que tener en cuenta que muchas no lo son inmediatamente, pero se van incorporando, incluso años después, a las normas que aprueba el Parlamento.