¿Dónde están los límites de una protesta pacífica?

La Cumbre del Clima de Copenhague pasará a la historia, además de por el retroceso que significó para la lucha contra el cambio climático, por ser uno de los eventos de carácter internacional peor gestionados y organizados.

La violencia excesiva que emplearon los fuerzas de seguridad en ese momento y los 20 días de cárcel que cumplieron los activistas que ridiculizaron a los servicios de seguridad de Dinamarca, escondían una clara coherencia formal con las penas de cárcel que ahora pide la Fiscalía danesa contra los representantes de Greenpeace que burlaron la seguridad en la cena de gala de la Reina Margarita para sacar unos carteles en los que se podía leer «Los políticos hablan, los líderes actúan».

¿Dónde están los límites de una protesta pacífica? La Fiscalía danesa deja poco margen: ha pedido penas de cárcel para los once activistas de la organización ecologistas Greenpeace –uno de ellos es el promotor de Equo, Juan López de Uralde– y les acusa de allanamiento de morada, falsificación de documentos y suplantación de funcionario público.

Por su parte, la comisaria de Acción Climática de la Comisión Europea, la danesa Connie Hedegaard, durante su visita a Madrid, ha manifestado que la acción reivindicativa de cuatro miembros de Greenpeace durante la Cumbre del Clima de Copenhague, celebrada en 2009, «con tantos jefes de Estado, y con la Reina, no es una cuestión menor, sino una violación de la seguridad». Hedegaard era, por aquel entonces, la ministra de Medio Ambiente de su país y la presidente de la Cumbre.

Seis años y el agravante de «el párrafo de la Reina»

Según han explicado fuentes de Greenpeace, los acusados se enfrentan a «duras penas de cárcel, así como a multas cuya cuantía está aún por determinar». Concretamente, ha precisado que «por el cargo de allanamiento, la pena podría suponer seis años de cárcel ampliables a un año por el agravante de la presencia de la reina; por la falsificación de comento público, la pena máxima es de dos años; y la suplantación supondría una multa cuya cuantía está por determinar».

Por su parte, Juan López de Uralde ha asegurado que «la persecución es desproporcionada y que fueron injustos los 20 días que pasó en prisión preventiva», al tiempo que ha calificado de «absurda» la utilización del ‘párrafo de la Reina’. En este sentido, la organización ha recordado que esta ley es «particularmente obsoleta, impropia del siglo XXI y que no se emplea desde el año 1934».

Finalmente, el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, ha expresado que «el derecho a la protesta pacífica ha estado en el corazón de los avances en justicia social, ambienta, de género o de igualdad de derechos, como lo han recordado los acontecimientos acaecidos en las últimas semanas en el mundo». También ha denunciado que «si el Gobierno danés insiste en la búsqueda de un castigo desproporcionado para estos activistas pacíficos, no sólo pondrá en cuestión su reputación, sino también los derechos de los ciudadanos a defender sus principios».