Derechos Humanos

Inditex, implicada en un escándalo de esclavitud en Brasil

Un proveedor de la firma en Brasil empleaba a trabajadores bolivianos y peruanos en condiciones de esclavitud.

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30
agosto
2011

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Un escándalo relacionado con los derechos humanos ha salpicado directamente a la empresa española Zara, del Grupo Inditex, tras haberse destapado que un proveedor de la firma en Brasil empleaba a trabajadores bolivianos y peruanos en condiciones de esclavitud.

Según el informe del Gobierno brasileño, al que ha tenido acceso Ethic, Zara sería también responsable de las irregularidades, dado que «el nivel de dependencia económica de este suministrador (AHA) en relación a Zara les quedó claro a los fiscales».

De acuerdo con la versión de los funcionarios del Gobierno de Dilma Roussef la firma AHA funciona, en la práctica, como «extensión de logística de su cliente principal, Zara Brasil Limitada».

«La empresa es responsable de los que trabajan para ella. Estos trabajadores estaban produciendo prendas de Zara y seguían orientaciones de la empresa. Ésta es la actividad de la empresa, la razón de su existencia, por esto es su deber saber cómo están siendo producidas sus prendas«, subrayó la fiscal Giuliana Cassiano Orlandi.

El caso fue revelado por la red televisiva brasileña Band, cuyos reporteros acompañaron a un equipo de fiscales del Ministerio de Trabajo que liberó a 15 personas que trabajaban en condiciones degradantes en dos talleres clandestinos de Sao Paulo que fabricaban ropas para la empresa AHA, suministradora de Zara.

Según el reportaje, en mayo pasado una operación similar de la Superintendencia Regional del Trabajo y Empleo (SRTE/SP) liberó a otros 52 trabajadores -casi todos bolivianos- sometidos a las mismas condiciones en la ciudad de Americana, en el interior del estado de Sao Paulo.

Al llegar a Sao Paulo, los trabajadores que confeccionaban ropa para Zara eran obligados a cumplir jornadas de hasta 16 horas diarias por salarios inferiores al mínimo vigente en el país (unos 340 dólares por mes). Además, se les descontaba del salario el costo del viaje a Brasil, comida y otros gastos, lo que, a juicio del Ministerio de Trabajo, confirma el delito de esclavitud por deuda.

Inditex niega cualquier responsabilidad

Ethic se ha puesto en contacto con el grupo Inditex,  que ha negado cualquier responsabilidad en las irregularidades y ha subrayado que, al contratar talleres que explotaban ilegalmente a trabajadores, AHA «violó seriamente» el Código de Conducta para Fabricantes del grupo.

La empresa asegura que ha tomado medidas para que AHA pague compensaciones económicas a los trabajadores explotados y se comprometa a corregir las condiciones de trabajo en los talleres irregulares.

El control ético de proveedores es uno de los grandes caballos de batalla en las políticas de sostenibilidad y responsabilidad social de las empresas multinacionales y los directivos de estos áreas son muy conscientes del daño reputacional que puede acarrear que un proveedor vulnere la legislación, ya sea en el terreno de los derechos humanos, de la defensa del medio ambiente, de la corrupción o de cualquier otro ámbito.

«Estamos trabajando conjuntamente con el MTE (el Ministerio del Trabajo y Empleo de Brasil) con miras a la erradicación total de estas prácticas, que violan no sólo nuestro rígido Código de Conducta, sino también a la legislación laboral brasileña e internacional», agregó el grupo, que tiene en Brasil su tercer principal mercado en las Américas, después de Estados Unidos y México.

Inditex tiene en Brasil a 50 suministradores, que produjeron el año pasado siete millones de prendas, y destacó que la producción de los talleres irregulares corresponde sólo a un 0,03% de este total.

La Superintendencia Regional de Trabajo ha informado  que en esos dos centros se encontraban 13 hombres bolivianos, una mujer peruana y un adolescente de 14 años, lo que podía constituir un delito de trabajo infantil.

La citación a los representantes de Zara y de la empresa proveedora de ropas de la multinacional española ha sido solicitad por el diputado Carlos Bezerra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y fue aprobado por la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas.

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