Regular las redes sociales no es perder la libertad

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Luis Miguel Real Kotbani

@LuisMiguelReal4

Cada vez que se plantea regular las redes sociales o limitar el acceso a menores de cierta edad, se activa el mismo reflejo: «Nos están quitando libertad». El argumento suena potente. Nadie quiere vivir en un mundo más restrictivo. Nadie quiere censura. Nadie quiere tutelas innecesarias.

Pero conviene aclarar algo básico: la libertad sin límites no es libertad. Es caos.

Hace no tanto tiempo se podía fumar en hospitales. En restaurantes. En aviones. Incluso en salas de espera de centros médicos. También se podía beber alcohol y conducir con una tolerancia social altísima. Cuando empezaron a proponerse restricciones, hubo indignación. Se habló de exageración, de paternalismo, de que el Estado se metía donde no debía.

Hoy nos parecería impensable volver atrás.

Las medidas que en su momento se vivieron como ataques a la libertad salvaron miles de vidas y mejoraron la calidad de vida de millones de personas. No eliminaron la libertad de fumar o beber. Establecieron límites para reducir daños colectivos.

Con las redes sociales estamos en un momento parecido.

Ahora mismo funcionan, en muchos aspectos, como el salvaje oeste digital. Circulan bulos a una velocidad vertiginosa. La desinformación se viraliza antes de que pueda corregirse. El acoso se multiplica por el efecto de la masa. Los algoritmos priorizan contenidos extremos porque generan más interacción. Y buena parte del modelo de negocio se basa en captar y retener atención el mayor tiempo posible.

En muchas plataformas, el usuario no es el cliente: es la mercancía

No es una teoría conspirativa. Es un modelo económico.

Hay intereses millonarios en que el sistema continúe como está. Cuanto más tiempo pasamos conectados, más datos generamos y más rentables somos como producto publicitario. Sí, producto. Porque en muchas plataformas el usuario no es el cliente. Es la mercancía.

Plantear regulación no es demonizar la tecnología. Es reconocer que cualquier práctica masiva con potencial de daño requiere normas.

Nadie discute que conducir tiene ventajas. Pero exigimos cinturón, límites de velocidad y controles de alcoholemia. No porque odiemos los coches, sino porque sabemos que el riesgo existe.

Las redes sociales tienen beneficios evidentes: conexión, acceso a información, visibilidad para proyectos personales o profesionales. Pero también tienen riesgos documentados, especialmente para colectivos vulnerables.

Y aquí entran los adolescentes.

Durante la adolescencia el cerebro aún está en desarrollo. La corteza prefrontal (implicada en la regulación emocional, el control de impulsos y la toma de decisiones) madura más tarde que los sistemas de recompensa. Esto implica mayor sensibilidad a la aprobación social y menor capacidad para anticipar consecuencias a largo plazo.

En ese contexto, introducir plataformas diseñadas para maximizar la validación inmediata (likes, comentarios, visualizaciones) no es neutro.

La comparación constante, la exposición a estándares irreales de imagen corporal, la presión por pertenecer y el miedo a quedarse fuera pueden afectar la autoestima y aumentar síntomas de ansiedad y depresión. Los datos en salud mental adolescente no pueden ignorarse. En muchos países se ha observado un incremento preocupante de problemas emocionales en los últimos años.

¿Son las redes la única causa? No. La realidad es compleja. Pero tampoco son inocuas.

Cuando se propone prohibir el acceso a menores de 16 años, surgen críticas. Algunas razonables. Porque, efectivamente, la prohibición por sí sola no soluciona el problema. Los adolescentes encontrarán vías para acceder si no hay acompañamiento educativo.

Pero la regulación puede enviar un mensaje claro: esto no es un juguete inocente. Es una herramienta potente que requiere madurez.

Lo mismo ocurrió con el alcohol. No basta con prohibir la venta a menores. Es necesario educar sobre sus riesgos, fomentar habilidades de regulación emocional y ofrecer alternativas de ocio saludable. La prohibición sin educación genera transgresión. La educación sin límites claros genera ambigüedad.

Ambas cosas deben ir de la mano.

También conviene desmontar una idea frecuente: regular no es censurar opiniones. Regular puede implicar exigir mayor transparencia algorítmica, mecanismos eficaces contra el acoso, límites a la publicidad dirigida a menores o responsabilidades claras ante la difusión masiva de desinformación dañina.

En cualquier otro sector, estas exigencias serían normales.

La regulación puede enviar un mensaje claro: esto no es un juguete inocente

La libertad necesita marcos. Sin ellos, la ley del más fuerte se impone. Y en el entorno digital, el más fuerte no es el usuario individual. Son las grandes plataformas con capacidad tecnológica y financiera para influir en comportamientos a escala global.

Dentro de unos años probablemente nos sorprenderá que tardáramos tanto en establecer normas claras en las redes sociales. Igual que hoy nos sorprende que se fumara en quirófanos o que conducir ebrio fuera socialmente tolerado (y hasta aplaudido).

La historia de las regulaciones sanitarias suele seguir el mismo patrón: primero negación del riesgo, después resistencia por parte de quienes se benefician económicamente, finalmente aceptación cuando la evidencia se acumula y los daños se vuelven innegables.

Eso no significa caer en alarmismos ni en prohibiciones indiscriminadas. Significa aplicar el principio de precaución.

Además, centrar el debate únicamente en la libertad individual es simplificarlo. También está en juego la libertad de no ser acosado, de no ser manipulado por desinformación masiva, de no crecer bajo una presión constante de comparación social.

La libertad no es solo poder hacer algo. También es poder desarrollarse en entornos que no exploten nuestras vulnerabilidades.

Y aquí la responsabilidad no es solo institucional. Las familias tienen un papel fundamental. No basta con entregar un móvil y confiar en que todo saldrá bien. Educar en el uso de internet implica enseñar pensamiento crítico, identificar contenidos peligrosos, comprender cómo funcionan los algoritmos y establecer límites de tiempo razonables.

Esa educación debe ser progresiva. No se trata de demonizar la tecnología, sino de integrarla con criterio. Igual que enseñamos a cruzar la calle antes de dejar a un niño solo en una avenida.

Regular redes sociales no es una guerra contra la modernidad. Es un intento de adaptar normas a una realidad tecnológica que ha cambiado más rápido que nuestra capacidad de respuesta institucional y educativa.

Perder libertad sería aceptar sin cuestionar un entorno donde el daño está documentado y los incentivos económicos empujan a maximizarlo.

La pregunta no es si debemos elegir entre libertad o regulación. La pregunta es qué tipo de libertad queremos proteger y para quién.

Porque la ausencia total de límites nunca ha sido sinónimo de progreso. Y quizá, dentro de unos años, nos preguntaremos cómo pudimos tardar tanto en poner orden en el salvaje oeste digital.