La farmacia, en primera línea contra las desapariciones

Este año arranca con una excelente noticia para la búsqueda de personas desaparecidas: las farmacias se implicarán activamente en el proceso gracias a un protocolo impulsado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior.

Se trata de un problema que está lejos de estar resuelto en España. En 2024, se registraron 26.345 denuncias correspondientes a 16.147 personas desaparecidas, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior, según datos del sistema informático de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) subrayan que este aumento de las denuncias no implica necesariamente que desaparezcan más personas, sino que refleja una mayor concienciación ciudadana. «Las campañas institucionales han contribuido a erradicar el mito de que hay que esperar 24 horas para denunciar», señala Marcial Bravo, jefe de servicio del CNDES. «El mayor reto sigue siendo el factor tiempo. Las primeras horas tras una desaparición son, en muchos casos, las únicas decisivas para localizar a la persona con vida. Por eso, la denuncia inmediata es clave para activar los dispositivos de búsqueda», explica.

Marcial Bravo: «Las primeras horas tras una desaparición son, en muchos casos, las decisivas para localizar a la persona con vida»

Ante esta situación, y conscientes del papel que los farmacéuticos comunitarios pueden desempeñar por su cercanía y la confianza que generan entre la ciudadanía, el proyecto sitúa a las más de 22.231 farmacias del país como un elemento clave de prevención frente a las desapariciones. La iniciativa ha comenzado en Zamora, donde el pasado 4 de diciembre se impartió la primera formación conjunta dirigida a farmacéuticos y a los cuerpos y fuerzas de seguridad. El proyecto piloto se está desarrollando también en Murcia, donde se llevó a cabo la formación específica en el protocolo el pasado 20 de enero. Tras este periodo de prueba en ambas provincias, el objetivo es extenderlo a lo largo de este año al conjunto de las farmacias del país.

Las características demográficas y geográficas de estas dos provincias son casi opuestas. Zamora es una provincia de interior, con una población muy dispersa y envejecida, formada por multitud de pueblos pequeños, núcleos aislados y con muy pocos habitantes. Murcia, en cambio, es una región abierta, con costa, mayor densidad de población y una estructura demográfica distinta, tanto en número de habitantes como de edad. Son dos extremos del mapa español que permiten testar el protocolo en contextos sociales diferentes.

El convenio, que busca promover una acción integral y coordinada frente a las desapariciones apoyándose en la fortaleza de las farmacias como puntos de referencia y apoyo a las comunidades, se enmarca dentro de la estrategia social de la profesión farmacéutica. «Aunque nuestra razón de ser es el medicamento, también tenemos una vocación social: estar donde la sociedad nos necesita», explica María Teresa Ares, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zamora.

En 2024, se registraron en España 26.345 denuncias por desaparición, un 6% más que el año anterior

De primeras, la relación entre personas desaparecidas y farmacia puede no resultar especialmente intuitiva. Para entender cómo se conectan estos dos mundos, conviene remontarse al origen del proyecto. Desde el CNDES se planteó una reflexión: hace años, en prácticamente todas las poblaciones de España había un maestro, un sacerdote, una oficina de correos, un médico, un cuartel de la Guardia Civil y una farmacia. Hoy, en muchos casos, el único servicio que se mantiene es la farmacia, que cubre prácticamente todo el territorio español.

Con una red capilar de más de 22.000 establecimientos distribuidos por todo el país, las farmacias se configuran como un punto neurálgico para la detección temprana que reúne una serie de características poco comunes. Son espacios abiertos durante muchas horas al día, cercanos, accesibles, de confianza y distribuidos por todo el territorio nacional. En el medio rural, además, son muchas veces el último servicio que queda en pie: no hay bares, ni centros de salud, ni bancos, ni colegios. Pero sí hay farmacias.

«En los pueblos muy pequeños conocemos a nuestros pacientes», explica Ares. Saben si alguien empieza a mostrar deterioro cognitivo, si cambia sus hábitos, si deja de acudir a recoger una medicación que siempre venía a buscar o si vive solo en un entorno muy aislado. Todas esas señales son vulnerabilidades. Y estas, subraya, pueden ponerse en conocimiento de los agentes sociales.

Ares pone un ejemplo concreto: una persona mayor que empieza a desorientarse. En lugar de mirar hacia otro lado, la farmacia puede activar la red. Se informa a la familia o a la Guardia Civil; los agentes acuden al domicilio, hablan con la persona, le explican el programa y, si acepta, se firma un consentimiento informado. A partir de ahí se registran datos clave: la medicación que toma, su geolocalización, los contactos familiares, quién tiene las llaves de su casa. «No se trata solo de dispensar un medicamento, sino de observar, escuchar y acompañar», resume.

María Teresa Ares: «Aunque nuestra razón de ser es el medicamento, también tenemos una vocación social: estar donde la sociedad nos necesita»

Además, este tipo de detección no se limita únicamente a las personas mayores. También puede darse en jóvenes o en personas expuestas a situaciones de violencia de género. Los farmacéuticos aprenderán a detectar señales: una mujer que entra con gafas de sol para ocultar hematomas, un joven que baja la cabeza y evita el contacto visual, un hombre que acompaña de forma constante y controladora a su pareja. Ahí, explican, también pueden actuar.

Con este protocolo se pretende aprovechar el potencial y la profesionalidad de la farmacia comunitaria para prevenir la desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, actuar como red de apoyo en la localización de personas desaparecidas y fomentar la concienciación social, impulsando que la denuncia sea inmediata para optimizar los tiempos de respuesta. «Se trata de reforzar todos los eslabones posibles de la cadena», ha señalado Rita de la Plaza, tesorera y responsable de la estrategia social de la profesión farmacéutica del Consejo General. A veces, las soluciones más eficaces no requieren grandes innovaciones, sino aprender a mirar de otro modo lo que siempre ha estado ahí.