La paradoja del secreto democrático: cómo lo invisible legitima lo visible

En 2013, cuando Edward Snowden reveló la existencia de programas masivos de vigilancia que millones de ciudadanos ignoraban completamente, el escándalo no residió únicamente en la magnitud de la intrusión, sino en algo más fundamental: durante años, sociedades enteras habían otorgado su consentimiento democrático a gobiernos cuyas acciones más significativas permanecían absolutamente invisibles para ellas. Esta situación encarna una paradoja constitutiva de las democracias contemporáneas: ¿cómo puede ser legítimo aquello cuya existencia misma debe permanecer oculta para funcionar? ¿Puede el secreto, esa negación de la publicidad, convertirse en condición de posibilidad de la propia democracia?

La estructura del secreto

El concepto de arcana imperii, los secretos del imperio, posee una genealogía que precede con mucho a las democracias modernas. Carl Schmitt identificó en esta noción un componente esencial de lo político: ciertas decisiones de Estado deben sustraerse al escrutinio público no por conveniencia administrativa, sino por necesidad estructural. En la tradición de la razón de Estado, desde Maquiavelo hasta los teóricos del absolutismo, el secreto no requería justificación democrática porque el poder político no emanaba del consentimiento popular. El príncipe maquiaveliano debía «aprender a no ser bueno» porque la esfera política operaba según una lógica autónoma, irreducible a los imperativos morales ordinarios.

Pero cuando el fundamento del poder político es la soberanía popular, esta lógica adquiere una complejidad radicalmente nueva. Norberto Bobbio identificó el paso «de la razón de Estado al gobierno democrático», señalando que el principio de publicidad emerge como antídoto contra los arcana imperii. Sin embargo, las democracias modernas no abolieron el secreto, sino que lo reconfiguraron. El secreto muta: de privilegio soberano a técnica de gobierno que debe ser justificada, delimitada y, paradójicamente, consentida por aquellos a quienes se mantiene en la ignorancia.

La contribución más significativa del jurista David Pozen consiste en mostrar que los secretos gubernamentales poseen una estructura graduada que determina su impacto democrático. Su distinción entre «secreto profundo» y «secreto superficial» tiene profundas implicaciones normativas. Un secreto es profundo cuando «un pequeño grupo de funcionarios en situación similar oculta a los ajenos el hecho de que está ocultando algo». La profundidad no depende del contenido del secreto, sino de cuatro dimensiones estructurales: cuántas personas conocen su existencia, qué tipos de personas lo conocen, cuánto saben sobre sus contornos y cuándo lo saben. Cuando los ciudadanos saben que existen secretos clasificados, enfrentamos un «secreto superficial» que permite cierto escrutinio indirecto. Pero cuando ignoramos nuestra propia ignorancia, el tejido de la deliberación democrática se rasga.

El secreto profundo no solo oculta información; oculta la propia categoría de información que se está ocultando. Los ciudadanos no pueden demandar acceso a documentos cuya existencia desconocen ni activar mecanismos de supervisión sobre programas de cuya existencia no sospechan. El secreto profundo produce «agujeros negros» en el gobierno: zonas de actividad estatal sobre las cuales otras ramas del poder y el pueblo carecen de cualquier medio para informarse.

Michel Foucault explica que el poder no solo reprime el conocimiento, sino que lo produce. En los servicios de inteligencia, asistimos al fenómeno complementario: el poder también produce ignorancia. El secreto profundo es una manufactura activa de no-conocimiento, una agnotología estatal que estructura sistemáticamente lo que las poblaciones pueden y no pueden saber sobre su gobierno. Georg Simmel señaló que poseer un secreto confiere el poder de la superioridad cognitiva. Aplicado al ámbito político, el secreto profundo redistribuye poder epistémico de manera fundamental, concentrándolo en pequeñas élites mientras despoja a la ciudadanía de los recursos cognitivos necesarios para ejercer la soberanía popular.

El consentimiento democrático presupone algún grado de conocimiento

Esta situación crea una ficción performativa de legitimidad: el aparato estatal actúa como si gozara de autorización democrática para acciones que, por su naturaleza profundamente secreta, nunca podrían haber sido democráticamente autorizadas. Como señala Pozen, «no hay forma racional de dar consentimiento a acciones futuras sobre las que no se tendrá la más mínima comprensión». El consentimiento democrático presupone algún grado de conocimiento; sin él, lo que tenemos no es consentimiento sino sometimiento involuntario.

La legitimación imposible: habitar la paradoja sin resolverla

La crítica filosófica más contundente al secreto gubernamental proviene de Immanuel Kant y su principio de publicidad: «Todas las acciones relativas al derecho de otros hombres cuya máxima no sea compatible con la publicidad son injustas». Si una política solo puede tener éxito si permanece oculta, su necesidad de secreto revela su injusticia fundamental. La mejor justificación para mantener secretos profundos es, precisamente, que no pueden justificarse ante los demás.

Este principio enfrenta, sin embargo, la objeción que los teóricos llaman «la incertidumbre de Heisenberg política»: existen acciones justas y necesarias que se frustrarían si se anunciaran públicamente. Una operación de rescate o la infiltración en redes terroristas fracasarían con escrutinio público previo. La publicidad misma destruiría el objeto que busca supervisar.

La teoría de las «manos sucias» de Michael Walzer añade una dimensión moral. Ciertos contextos extremos pueden requerir que los líderes violen prohibiciones morales profundas para preservar la comunidad política, reconociendo la inmoralidad de la acción incluso al considerarla necesaria. Walzer sostiene que, en democracias, los ciudadanos comparten la culpa de las manos sucias de sus líderes. Pero esta afirmación choca con la estructura del secreto profundo: ¿cómo pueden los ciudadanos compartir la responsabilidad de acciones cuya existencia desconocen? Surge una paradoja aguda: queremos que nuestros líderes hagan «lo necesario» para protegernos, pero no queremos saber qué implica ese «lo necesario», deseamos seguridad sin complicidad, protección sin culpa.

Existe un argumento que invierte la relación entre secreto y democracia: cierto grado de secreto estatal no es una amenaza sino una condición de posibilidad de la democracia. Las democracias liberales existen en un orden internacional donde la supervivencia de cada Estado depende de su capacidad para defenderse. Hobbes afirma que sin seguridad, todas las demás libertades son precarias. El secreto operativo de los servicios de inteligencia proporciona ventajas estratégicas decisivas. La conclusión perturbadora es que el secreto profundo se convierte en un «mal necesario» estructural: inherentemente problemático desde la teoría democrática ideal, pero indispensable en el mundo real.

Si el secreto se justifica por proteger la democracia de amenazas existenciales, ¿quién determina cuándo existe tal amenaza?

Este argumento porta una trampa conceptual: si el secreto se justifica por proteger la democracia de amenazas existenciales, ¿quién determina cuándo existe tal amenaza? Los propios guardianes del secreto. Carl Schmitt definió la soberanía como la capacidad de decidir sobre el estado de excepción. Si vivimos en permanente emergencia –la guerra contra el terror sin final definido, la proliferación nuclear, las amenazas cibernéticas–entonces el estado de excepción se vuelve regla. El secreto extraordinario se torna ordinario; lo provisional se hace permanente.

La respuesta es que el secreto puede reclamar legitimidad democrática solo mediante «control democrático de segundo orden». Aunque el contenido específico no pueda ser público, todo lo demás debe serlo: las leyes que autorizan actividades clasificadas, los procedimientos de clasificación, los mecanismos de supervisión, las métricas de desclasificación y la protección robusta de los denunciantes. El secreto legítimo debe estar completamente rodeado de publicidad sobre sus límites, sobre quién lo supervisa, sobre cuándo expira.

Al final, emergemos no con una resolución sino con una comprensión más clara de la aporía. El filósofo Bernard Williams distinguió entre realismo político y cinismo: el realista reconoce las limitaciones del poder sin celebrarlas. El secreto puede ser necesario sin pretender que es deseable. Quizás la formulación más honesta sea esta: el secreto de Estado no es legítimo porque sea democrático sino porque su abolición completa haría imposible la democracia misma. Es el precio que las democracias reales pagan por existir en un mundo donde no todos los actores juegan según reglas democráticas.

El secreto habita la democracia como un cuerpo extraño: necesario pero nunca asimilado completamente, tolerado pero nunca bienvenido, justificado provisionalmente pero nunca legitimado absolutamente. La tarea no es resolver la paradoja –no puede resolverse– sino habitar esa tensión sin sucumbir ni al fetichismo de la transparencia absoluta ni a la resignación ante la opacidad normalizada. La democracia puede soportar cierta dosis de sombra, pero solo si esa sombra permanece vigilada por la luz. Esa es la paradoja final: vigilar la sombra requiere poder verla, pero ver la sombra es disiparla. Vivimos en una democracia que debe confiar en que aquello que no puede ver no la traicione. Si esa no es una posición cómoda para una teoría democrática, quizás sea la posición más honesta que podemos alcanzar en un mundo donde la ignorancia puede ser fatal y el conocimiento, imposible.