Social Media Parents Survey

Artículo

Juan Ángel Asensio

El debate público en Europa en torno a los menores, las redes sociales y la regulación digital parece haber encallado en una dicotomía algo simplista: la prohibición total o la desprotección absoluta. Sin embargo, la realidad diaria que se vive en los hogares españoles transita por un camino mucho más complejo, matizado y, sobre todo, pragmático. Así lo demuestra el informe Social Media Parents Survey, un exhaustivo estudio realizado por el think tank independiente ThinkYoung, que ha pulsado la opinión de 1.361 padres y madres en España con hijos menores de edad.

Los resultados desmontan varios mitos. Lejos de una actitud de rendición o de un rechazo frontal a las tecnologías de la información, las familias españolas expresan un deseo rotundo: quieren liderar la educación digital de sus hijos, pero exigen no ser dejadas solas en esta transición histórica.

El hogar como centro de la alfabetización digital

Uno de los consensos más claros que arroja la investigación es la firme asunción de la responsabilidad por parte de los progenitores. El 90% de los padres españoles se considera el principal responsable de enseñar, educar y establecer límites sobre la seguridad online y el uso que sus hijos hacen de las redes sociales. Este dato refleja que las familias no buscan delegar una tarea tan íntima y formativa en algoritmos o legislaciones externas, sino mantener un papel sumamente activo en el acompañamiento.

Sin embargo, asumir la responsabilidad no equivale a alcanzar una autosuficiencia. El ecosistema digital actual es de una complejidad sin precedentes, y un 82% de las familias considera necesario, por ejemplo, que los menores requieran la aprobación explícita de un padre o tutor antes de descargar cualquier aplicación. Para sostener este nivel de control parental, el entorno reclama un tejido de alianzas intersectoriales. Al ser preguntados por los apoyos necesarios, el 39% de los encuestados apunta a la labor de los profesores, un 20% señala directamente a las plataformas tecnológicas y un 19% apela a la intervención de gobiernos y reguladores.

El escepticismo ante el veto absoluto

En los últimos años, las propuestas políticas parecen haberse centrado en restringir de raíz el acceso de los adolescentes a internet, algo sobre lo que las familias se muestran escépticas. De hecho, tanto es así que solo 1 de cada 10 padres cree que prohibir las redes sociales sería una solución verdaderamente efectiva para proteger a los menores.

Solo el 30% de las familias apoyaría una prohibición total de las redes sociales para menores de 16 años; la gran mayoría prefiere un modelo de autonomía progresiva

Este recelo, precisamente, nace del conocimiento de los padres sobre la destreza tecnológica de las nuevas generaciones. Por eso, un abrumador 74% de los encuestados está convencido de que sus hijos e hijas encontrarían rápidamente la forma de eludir las restricciones y esquivar las prohibiciones absolutas. Además, el 42% considera que un veto normativo rígido tendría un impacto residual o nulo a la hora de impedir que los adolescentes accedan a estas plataformas.

Por el contrario, el estudio refleja una clara preferencia por soluciones basadas en la supervisión y el establecimiento de límites saludables y progresivos. El 62% de los padres prefiere modelos fundamentados en el permiso parental previo (38%) o en la acotación de tiempos de pantalla y tipos de contenido (24%). Asimismo, el 56% sostiene que la supervisión sobre la descarga de nuevas aplicaciones debería mantenerse de forma activa, al menos, hasta que los jóvenes cumplan los 16 años.

Los efectos no deseados y los riesgos reales

La insistencia de las familias en el acompañamiento frente al veto obligatorio responde también al temor de generar males mayores. Al analizar las herramientas actuales de control, el 46% de los padres españoles confiesa desconfiar del correcto funcionamiento de los sistemas automáticos de verificación de edad, o los percibe como potencialmente problemáticos. Más preocupante aún resulta el hecho de que un 41% teme que las prohibiciones estrictas terminen empujando a los menores a migrar hacia plataformas marginales u oscuras, mucho menos reguladas y, por ende, considerablemente más peligrosas.

El 74% de los padres cree que sus hijos encontrarían la manera de eludir los vetos a las redes, lo que aviva el miedo a que migren a espacios menos regulados

Cuando se profundiza en el bienestar digital y la seguridad, las inquietudes que quitan el sueño a las familias se enfocan en los riesgos cotidianos y potencialmente experienciales. Así, la principal preocupación sigue siendo la exposición a contenidos inapropiados (60%), seguida muy de cerca por el ciberacoso o ciberbullying (53%) y la interacción o contacto con personas desconocidas en la red (51%).

Además, los padres demuestran poseer una visión holística del entorno en el que se mueven sus hijos, comprendiendo que internet va mucho más allá de los perfiles sociales tradicionales. El 71% de los encuestados defiende que cualquier tipo de restricción o medida protectora debería aplicarse de manera uniforme a todas las plataformas por igual, incluyendo tanto redes sociales como servicios de vídeo online y videojuegos. Existe, de hecho, una notable inquietud (83%) respecto a la facilidad con la que los menores pueden seguir consumiendo contenidos públicos en la red sin necesidad de registrarse o crear una cuenta, lo que evidencia las costuras y limitaciones prácticas de las medidas basadas en el simple bloqueo de perfiles.

Hacia un pacto educativo y digital

«Desde España hasta el resto de Europa, los padres y tutores están enviando un mensaje claro: quieren tener el control en lo que respecta a la seguridad y el bienestar digital de sus hijos adolescentes. Los responsables políticos y los líderes del sector deberían escuchar ese mensaje», destaca Andrea Gerosa, fundador de ThinkYoung. La clave del futuro, según argumenta, pasa por diseñar un enfoque armonizado a nivel de la Unión Europea que respete la soberanía educativa de las familias, proteja los derechos de la infancia y potencie sus oportunidades de desarrollo en internet.

Además, el buen uso de la tecnología en niños, niñas y adolescentes requiere una combinación de educación en competencias digitales, responsabilidad compartida y acceso equitativo, lo que implica garantizar su acceso a la conectividad y a dispositivos tecnológicos para que se desarrollen como ciudadanos y ciudadanas digitales. Una postura defendida por Laura Cuesta Cano, profesora de Comunicación Digital en la UCJC y divulgadora sobre Bienestar Digital, que añade que «si de verdad creemos en una educación transformadora, es hora de ampliar el foco. La equidad educativa del siglo XXI exige hablar de dispositivos, conectividad, alfabetización mediática, pensamiento crítico y bienestar digital. No podemos seguir funcionando con esquemas del pasado en una sociedad hiperconectada».

María Zabala, coordinadora de Educación y Ciudadanía Digital en Fad Juventud, se suma a la defensa de un ecosistema digital que cuide por defecto y que proteja sin excluir. Además, plantea que deben darse unas condiciones claras para que este ecosistema sea equitativo: «Que promueva el bienestar sin limitar los derechos que tiene nuestra juventud. Que combine un diseño ético, una regulación eficaz, una educación real, un acompañamiento universal, justicia social, equidad e inclusión. Y que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan desarrollarse de una manera razonablemente segura y saludable en entornos digitales y en la sociedad en general. La sociedad civil juega un papel clave en este proceso, conectando investigación, sensibilización e intervención educativa».

Más allá de la encuesta, el think tank ThinkYoung tiene en marcha la iniciativa Feed Our Future, en colaboración con Meta, en la que se pone de manifiesto el desafío actual a la hora de dotar a la sociedad de herramientas accesibles, intuitivas y rigurosas que ayuden a padres y educadores a tomar decisiones informadas. Solo a través de la cooperación real entre los hogares, la escuela, el legislador y la industria tecnológica se podrá tejer una red de seguridad que garantice un entorno digital saludable, crítico y seguro para las generaciones del mañana.