La movilidad sostenible como derecho

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Inma Mora Sánchez

@inma_ms

La forma en la que nos desplazamos determina mucho más que un trayecto diario: facilita el acceso al trabajo, a la sanidad y a la educación y al disfrute del tiempo. Por primera vez, la nueva Ley de Movilidad Sostenible, en vigor desde el 5 de diciembre de 2025, asume esta realidad y reconoce la movilidad sostenible como un derecho de la ciudadanía.

El objetivo de esta ley es garantizar que todas las personas puedan desplazarse en igualdad de condiciones y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental del transporte, un sector que actualmente representa el 33,3% de las emisiones brutas en España, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En 2024, las emisiones del transporte aumentaron un 2,1% respecto al año anterior, impulsadas principalmente por el transporte por carretera y por la aviación nacional.

A pesar de la urgencia por avanzar hacia la reducción de las emisiones en los transportes, la aprobación de esta ley ha requerido más de tres años de negociación entre actores políticos, económicos y sociales. El resultado es un texto que amplía el concepto de movilidad y sitúa los desplazamientos como eje transversal del bienestar de las personas siguiendo criterios de equidad, igualdad y accesibilidad. Entidades sociales que han contribuido a la redacción de esta ley reconocen que «constituye un paso adelante en la descarbonización del sector transporte-movilidad» y que, a pesar de que no ha sido tan ambiciosa como reclamaban, «contiene elementos significativos con capacidad real para reducir los impactos del sector y mejorar la vida de las personas, la salud pública y el medio ambiente». 

El transporte representa el 33,3% de las emisiones brutas en España

¿En qué se traduce todo esto? Entre otras cosas, se ha logrado la inclusión de medidas para la reducción de vuelos domésticos con alternativa ferroviaria de hasta 2,5 horas, la obligación de elaborar una estrategia estatal contra la Pobreza de Transporte o la revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT. La ley también incorpora medidas que afectarán de forma directa al diseño de las ciudades y al sector del transporte de personas y mercancías, y crea el Sistema General de Movilidad Sostenible, encargado de elaborar el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS) como guía de la planificación estratégica estatal.

La movilidad activa como prioridad

La ley jerarquiza las prioridades en materia de movilidad, situando en primer lugar la movilidad activa, seguida del transporte público, la movilidad de alta ocupación y, en último lugar, el vehículo privado. Según el urbanista David Balbàs, coordinador de la Escuela de Movilidad Sostenible, «el gran salto no es tecnológico, sino cultural y político: hay que poner a las personas en el centro, no a los vehículos». 

La movilidad activa también mejora la salud pública, la calidad del espacio urbano y la cohesión social. En un encuentro reciente organizado por la Escuela de Movilidad Sostenible, Sonia Jichi Ribera, presidenta de Andando, echaba en falta mayor protagonismo de los desplazamientos a pie en esta ley, pero hacía una lectura positiva de los avances: «Hay tres artículos (29, 30, 31) que favorecen la caminabilidad urbana e interurbana, y se habla de un modelo de ciudad que implica una transformación de los entornos». Este enfoque se traduce en una planificación urbana orientada a facilitar la movilidad activa, garantizar la accesibilidad y promover calles y plazas más seguras y equipadas para el uso cotidiano.

Transporte público para la equidad y la descarbonización

Si el transporte público fuera más frecuente, estuviera mejor conectado y llegara a más lugares, siete de cada diez personas utilizarían menos su coche, según la OCU. Este dato ilustra el papel clave del transporte público en la transición hacia una movilidad más equitativa y baja en emisiones.

Esta ley sitúa los desplazamientos como eje transversal del bienestar de las personas siguiendo criterios de equidad, igualdad y accesibilidad

La normativa avanza hacia la cohesión territorial y presta especial atención a las zonas rurales y con riesgo de despoblación, aunque con algunas limitaciones. Entidades sociales como Promoció del Transport Públic consideran que las disposiciones sobre financiación aún quedan «lejos del alcance que debería asumir la primera ley estatal de movilidad sostenible», ya que «sin la financiación adecuada, es imposible asegurar una descarbonización del sector del transporte y una transición a los modos de movilidad sostenible, particularmente, del transporte público». 

Aun así, la sociedad civil celebra la inclusión de medidas como la obligación de elaborar en un plazo de seis meses la Estrategia de financiación del transporte, así como el Plan estatal para el despliegue de puntos de recarga en municipios de menos de 30.000 habitantes y zonas de baja densidad. El texto también contempla mejoras en la promoción del ferrocarril, nuevos servicios nocturnos de largo recorrido, transporte intermodal, servicios a demanda y soluciones flexibles en entornos rurales. Además, se consolidan los objetivos de descarbonización vinculados al PNIEC para 2030 y 2040.

Planes de movilidad sostenible

Una de las principales novedades es la implantación de planes de movilidad sostenible tanto a nivel autonómico y municipal como en el ámbito laboral. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán contar con un plan propio, que habrá de revisarse al menos cada seis años para adaptarse a las nuevas necesidades de movilidad. Además, las comunidades autónomas podrán impulsar estos planes en otros municipios y territorios, más allá de los obligados por la ley.

En el ámbito laboral, las empresas con más de 200 personas en plantilla (o 100 por turno) deberán contar, en un plazo máximo de dos años, con un plan de movilidad sostenible al trabajo. Esta obligación se refuerza con la modificación del Estatuto de los Trabajadores (artículo 85.1), que incorpora estas medidas a la negociación colectiva. Los planes deberán fomentar alternativas al vehículo privado, impulsar la reducción de emisiones y la seguridad vial, y facilitar el uso de vehículos de bajas o cero emisiones, así como el teletrabajo cuando sea viable. Como incentivo, la ley prevé la utilización de tarjetas o vales de transporte con ventajas fiscales.

Quince entidades sociales reconocen que esta ley «constituye un paso adelante en la descarbonización del sector transporte-movilidad»

Además, la ley contempla medidas específicas para los centros de trabajo de alta ocupación, es decir, aquellos que cuenten con más de 1.000 personas trabajadoras y estén situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes. En estos casos, será necesario reducir los desplazamientos en horas punta, fomentar el uso de medios de transporte de bajas o nulas emisiones y reforzar los servicios de movilidad colaborativa.

Hacia una movilidad inclusiva y eficiente

La ley marca un rumbo estratégico hacia un modelo de movilidad sostenible, integrado y eficiente, que combina innovación, digitalización y accesibilidad. Se impulsa la inversión en sistemas inteligentes de transporte y plataformas digitales de planificación y pago, al tiempo que se refuerza el papel del transporte público como herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso real a derechos y servicios.

No obstante, el reconocimiento de la movilidad sostenible como derecho genera algunos interrogantes sobre su aplicación efectiva. La complejidad de los instrumentos creados, la falta de concreción presupuestaria y la dependencia de la voluntad política de las distintas administraciones plantean dudas sobre su alcance real. Sin una implementación homogénea, existe el riesgo de que los beneficios de la transición se concentren en las grandes áreas urbanas, dejando atrás a los territorios con menos recursos.