Frenar el Pacto Verde es perder competitividad

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Cristina Monge

@TinaMonge

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Natalia Ortiz

En una entrevista en Ethic, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, afirmaba que la Unión Europea necesita «un sistema electrificado que cuente con soluciones limpias, esencialmente renovables, bien interconectado, con un uso eficiente de la energía y consumos finales de energía fundamentalmente basados en electricidad allí donde se pueda». En efecto, nadie duda que el objetivo fundamental de la política energética va por aquí. Los motivos que llevan a impulsarlo, sin embargo, han cambiado.

Cuando el gran Pacto se anunció hace seis años, en 2019, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se refería a él como el modelo de desarrollo europeo. Entonces la palabra clave era sostenibilidad, y la Unión Europea lideraba la lucha contra el cambio climático en el mundo, entendiendo que quien ganara la carrera verde estaría definiendo el futuro. Unos años después, lo que antes era sostenibilidad empezó a llamarse únicamente competitividad, para situarse ahora en el ámbito de la seguridad y la autonomía estratégica. Sostenibilidad, competitividad y seguridad son tres argumentos para impulsar el cambio de modelo energético en Europa, todos ellos necesarios y perfectamente compatibles entre sí, pero el énfasis se ha ido poniendo en uno u otro en función del momento político que atraviesan los Estados miembros y, por ende, la Unión Europea.

Que hoy para definir el cambio de modelo energético se hable de seguridad en lugar de sostenibilidad es una buena noticia porque significa que no se paraliza la transición, pero desnaturaliza uno de sus motivos y, lo que es más importante, nos indica por dónde van las cosas. Todo esto ocurre en un momento alejado de aquel 2019 y en el que, como anunció la propia Comisión en 2025, se pretendía «mantener el rumbo», es decir, diseñar políticas que hicieran la transición más fácil, sin renunciar a la ambición. A la luz de lo que va ocurriendo, no puede decirse que ese objetivo se esté consiguiendo.

Varias políticas recogidas en el Pacto Verde están siendo recortadas o dilatadas, en buen número de casos bajo el eufemismo de la simplificación

Si bien la transición energética ha encontrado la vía de la seguridad y la autonomía estratégica, no han corrido la misma suerte otras políticas recogidas en el Pacto Verde Europeo, que están siendo recortadas o dilatadas, en buen número de casos bajo el eufemismo de la simplificación. Así ocurre por ejemplo con el paquete Ómnibus I sobre sostenibilidad corporativa, compuesto por dos directivas. Por un lado, la CSRD, que regula la información que las empresas han de reportar sobre sostenibilidad, ha visto finalmente limitado el reporting a empresas con más de 1.000 empleados y más de 450M€ de facturación, excluyendo al 80% de las compañías previstas. Por su parte, la CSDDD, de diligencia debida, pasará a aplicarse solo a empresas con más de 5.000 empleados y 1.500M€ de facturación, lo que excluye al 70% de las previstas. Esta reducción del ámbito de aplicación podría no suponer una rebaja si a cambio, por ejemplo, se reforzaran las inspecciones. Sin embargo, las reformas dejan a la luz su sentido al comprobar que a la par que se restringe su ámbito de aplicación se eliminan los planes climáticos de transición y se retrasa su aplicación a julio de 2029. Bienvenida sea toda simplificación que ayude a las empresas en su desempeño, pero ¿a costa de reducir las exigencias ambientales? Este giro no solo retrasa los planes europeos, lo que pone en peligro el cumplimiento de los objetivos, sino que refuerza la idea de que la gestión ambiental y los compromisos en sostenibilidad no son una oportunidad para la competitividad, sino una carga administrativa. Justo lo contrario a la filosofía que encerraba el Pacto Verde.

Uno de los ejemplos más claros y concretos de este giro se puede ver en la industria automovilística. La Comisión ha decidido reducir el objetivo de 100% cero emisiones en 2035 a un 90%. El 10% restante permitirá motores de combustión alimentados por combustibles sintéticos (e-fuels), biocombustibles o materiales bajos en carbono, renunciando a la electrificación total bajo el lema de la «neutralidad tecnológica». Podría pensarse que un 10% no es gran cosa, pero es mucho más que un porcentaje. Es seguir perdiendo el tren de la movilidad del futuro, claramente orientada hacia la electrificación, y lanzar mensajes de confusión e incertidumbre a fabricantes y consumidores. Nadie niega que la transformación que necesita la industria del automóvil requiere tiempo y recursos, pero lo más contraproducente para hacer los cambios necesarios son retrasos, reducción de objetivos e incertidumbre.

Algo similar ocurre con el reglamento contra la deforestación aprobado en 2023 para evitar que productos como la soja, el café o la madera se cultivaran y procesaran de manera que contribuyeran a deforestar ecosistemas. En primer lugar, su aplicación se aplazó a finales de 2025 para grandes operadores y a mediados de 2026 para pymes, y en 2025, cuando iba a entrar en vigor, se decidió aplicar solo en el primer operador del mercado. En la actualidad, se está estudiando excluir materiales como el cuero y los neumáticos recauchutados, abriendo una importante laguna jurídica.

La buena noticia es que empiezan a surgir redes de empresas, partidos políticos y ONGs que están dispuestos a que la Unión retome, con más fuerza, su ambición y liderazgo en materia ambiental

La defensa de la biodiversidad y el programa LIFE están también en entredicho. Sectores conservadores intentaron frenar en 2025 el programa de trabajo LIFE, quedándose a un voto de lograrlo, y de cara al presupuesto 2028-2034 la Comisión se plantea disolver LIFE como programa autónomo e integrarlo en el Fondo Europeo de Competitividad (FEC), diluyendo la prioridad ambiental en una lógica industrial. Otros elementos como la eliminación de la renovación periódica obligatoria para pesticidas apuntan en la misma dirección.

El Pacto Verde Europeo nació ya con carencias como la falta de consenso con muchos de los sectores implicados o la ausencia de una visión coherente. Incluso en algunos informes de evaluación a nivel nacional se señala que el cumplimiento de unos objetivos es contradictorio con otros. Como afirma María José Sanz, directora del BC3, «el Pacto Verde es un comienzo, pero se requiere evolucionar a aproximaciones sistémicas con todos los sectores involucrados». En lugar de paliar estos déficits, la correlación de fuerzas que existe hoy en la Unión Europea y sus Estados miembros está llevando a una reducción de los objetivos y compromisos que, además de rebajar la exigencia ambiental, generan un riesgo de pérdida de credibilidad regulatoria internacional, inseguridad jurídica, desprotección de la salud pública y la biodiversidad, y una pérdida de oportunidad para las empresas y la economía de la Unión.

La buena noticia es que empiezan a surgir redes de empresas, think tanks, partidos políticos y ONGs que están dispuestos a que esto no ocurra y que la Unión retome, con más fuerza, su ambición y liderazgo en materia ambiental. Lo hacen en el ámbito europeo, como se ha visto en la reciente conferencia Green Social Summit celebrada en Bruselas, o en cada Estado miembro, como la iniciativa francesa de la Red de Acción Climática, con un informe que denuncia la posición de aquellos partidos franceses que votan en el Parlamento Europeo a favor del recorte de medidas ambientales.

El pulso que fuerzas negacionistas y retardistas están echando al Pacto Verde Europeo va mucho más allá del retraso de unas medidas concretas. Es una afrenta contra el liderazgo europeo en materia de sostenibilidad, y una pérdida tanto de competitividad como de seguridad. La reacción desde ámbitos políticos, sociales y científicos no debería tardar.