«Queremos asegurar la prosperidad de todos, pero debemos respetar los límites del planeta»

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Pablo Blázquez

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Ángel Navarrete

La vicepresidenta tercera Teresa Ribera ha vivido unas legislaturas convulsas, agitadas por la incertidumbre internacional, como ministra para la Transición Ecológica. En esta entrevista –en la que se distancia de las tesis decrecionistas con las que flirtean sus socios de Gobierno– explica cómo el ministerio pretende amortiguar la volatilidad de los precios y confía en que los países europeos construyan el consenso necesario para una reforma eléctrica que quiere que se lleve a cabo en esta legislatura.

La guerra en Ucrania puso sobre la mesa un viejo problema aún no resuelto: la excesiva dependencia energética de Europa. ¿Qué valoración hace sobre las medidas adoptadas por la Unión Europea desde que se inició el ataque de Rusia?

Podemos estar orgullosos de la reacción de la UE. La invasión de Ucrania ha supuesto un reto de primer orden en el ámbito de la energía y es un desafío que estamos consiguiendo afrontar razonablemente bien. Hemos conseguido reducir drásticamente nuestra dependencia del gas ruso y apostar, todavía con más decisión, por la autonomía energética. Esto último es fundamental para acelerar la transformación de nuestro sistema energético, aunque también conlleva afrontar nuevos retos como actualizar nuestro marco regulatorio y asegurar el suministro de las materias primas necesarias. La respuesta a Putin ha sido una respuesta de unidad y solidaridad entre los Estados europeos que era, precisamente, lo que Putin quería quebrar: la unidad de Europa, algo que no ha conseguido a pesar de que en nuestras decisiones las circunstancias desde las que los países abordan los problemas son distintas.

«La del mercado eléctrico es una reforma estructural, muy compleja, que no debería quedar pendiente de una legislatura para otra»

¿Cómo está afectando la guerra a la hoja de ruta europea de la descarbonización?

En un primer momento hubo voces preocupadas por el impacto de la reapertura de centrales térmicas en algunos de los Estados para asegurar el suministro. Con el tiempo se ha puesto de manifiesto que la invasión de Ucrania ha dado un impulso definitivo a la transición ecológica y, concretamente, a la descarbonización y la implantación de energías renovables. Es posible que algunos países hayan tenido que mantener o reabrir instalaciones con combustibles fósiles pese al compromiso de agilizar la reducción de emisiones. A las razones climáticas y ambientales, hoy se suman con fuerza las económicas y de seguridad. Tenemos que aprovechar nuestros recursos para evitar que la temperatura global se incremente por encima de 1,5ºC, como nos comprometimos a hacer en los Acuerdos de París; para asegurarnos nuestros suministros, para impulsar el empleo y la innovación… España está en una situación privilegiada, mucho más segura, así que es algo que nosotros no hemos vivido, pero no podemos olvidar que en muchos países, como Alemania, especialmente dependientes de las importaciones de gas ruso, han llegado a temer un posible desabastecimiento energético. Aunque no hayamos vivido esto, las familias españolas han sufrido el impacto en precios y solo la intervención del mercado y las medidas sociales y fiscales del Gobierno han permitido paliar sus efectos en la economía.

La propuesta de España para la reforma del mercado eléctrico común choca con los planteamientos de Alemania y otros países del norte. ¿Dónde se pueden encontrar espacios de encuentro que permitan avanzar desde el consenso?

La realidad energética de cada país es distinta y estamos aprendiendo a formular respuestas a estos desafíos sobre la base del consenso. En esta ocasión no será diferente. Todos compartimos objetivos: acelerar la transición energética y facilitar un marco predecible, atractivo y estable para la inversión y con precios moderados y estables para el consumidor y garantizar un sistema seguro y maduro. Pero evidentemente hay diferencias con respecto a cuáles son las mejores maneras de lograrlo: hay países que apuestan por introducir algunas mejoras en el sistema actual, y otros que preferimos una reforma más de fondo. Es importante conseguir el máximo consenso posible en torno al diseño final, construir sobre la experiencia acumulada este año, respondiendo a los desafíos de hoy y de los próximos años, y hacerlo, en la medida de lo posible, antes de las próximas elecciones europeas. Estamos hablando de una reforma estructural, compleja, que no debería quedar pendiente de una legislatura para otra, en un ámbito en que es crucial dar certidumbre a los inversores, que necesitan tener visibilidad sobre cuál será el diseño del mercado eléctrico.

En relación con las diferencias con Francia en torno al proyecto H2Med, cuyo objetivo es impulsar la soberanía energética de Europa, ¿por qué es importante para el Gobierno esa diferenciación entre «hidrógeno verde» e «hidrógeno rosa»?

Este debate se deriva de otro más amplio en el seno de la Unión sobre los nuevos objetivos en energías renovables. Algunos países, como Francia, donde la energía nuclear tiene mucho peso en el mix energético, consideran que esta tecnología debe computar para esos objetivos. En la UE hemos alcanzado un acuerdo. El hidrógeno rosa, que se produce con nuclear, ayuda a descarbonizar la economía por ser bajo en carbono, pero no significa que se trate de una energía renovable. En cualquier caso, entendemos que la energía nuclear tiene un peso importante en la generación eléctrica en Francia y que Francia quiere ver un reflejo de ello en las decisiones europeas, y somos conscientes de que por la infraestructura de hidrógeno europea podría fluir hidrógeno rosa, porque las normas de seguridad y las condiciones pueden ser las mismas que para el hidrógeno verde, y el etiquetado por colores es relativamente sencillo. Los incrementos de los precios de la electricidad se han convertido en un problema que impacta de forma muy directa en los ciudadanos. En un contexto inflacionista, ¿cómo se puede controlar esta volatilidad? Ese era uno de los objetivos de la solución ibérica y creo que se ha cumplido razonablemente. Cuando solicitamos a la Comisión Europea poner en marcha este mecanismo, buscábamos rebajar los precios de la energía. Pero esta es una medida coyuntural y queremos que el peso creciente de las renovables en el mix eléctrico beneficie a los consumidores a la vez que ofrece estabilidad y precios predecibles a los inversores. Estos son los principales objetivos de la reforma del mercado eléctrico a nivel europeo y, en paralelo, en el ámbito nacional, estamos comprometidos con la reforma de la tarifa PVPC buscando reducir la enorme volatilidad de los últimos meses.

«En 2021, las energías limpias empleaban a 110.000 trabajadores y esa cifra se duplicará en 2030»

Usted ha afirmado que para cumplir los objetivos climáticos hay que multiplicar por dos, o incluso por tres, las inversiones para desplazar las energías fósiles. ¿Cuáles son los principales obstáculos que debe vencer España para descarbonizar su economía?

Aún quedan muchos retos por delante para conseguir una economía totalmente descarbonizada, pero como bien señala Nicholas Stern, esos retos tienen aparejadas también grandes oportunidades que tenemos que aprovechar. La eficiencia, la electrificación o las renovables son apuestas clave que reducirán enormemente las emisiones de CO2. La electrificación es uno de los principales desafíos, pero ya lo estamos abordando, por ejemplo, a través de la electrificación de la movilidad con el Plan MOVES que, por cierto, está teniendo muchísimo éxito: las ayudas han tenido ya más de un millón de solicitudes. Todavía debemos encontrar soluciones limpias para sustituir los combustibles fósiles en otros tipos de transporte y en algunos procesos industriales que no se puedan electrificar. Eso nos obliga a desarrollar nuevas tecnologías, como el hidrógeno renovable, buscando nuevas soluciones a través de la transformación de los procesos productivos y la innovación. En esa transformación estamos apoyando al máximo a la industria gracias a la oportunidad que suponen los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ahora se habla mucho del hidrógeno verde. ¿Qué otras innovaciones nos harán ser más efectivos para luchar contra el cambio climático?

Hemos avanzado mucho en los últimos meses, pero tenemos aún mucho trabajo por hacer. Para impulsar la lucha contra el cambio climático hacen falta profesionales cualificados. La apuesta por la Formación Profesional y la innovación industrial van de la mano. Nos permite aprovechar al máximo el potencial que las renovables nos ofrecen. Actualmente la demanda de profesionales es muy grande, pero aún lo será más en los próximos años. En 2021, las energías limpias empleaban a 110.000 trabajadores y, según las estimaciones de IRENA, esa cifra se cuadruplicará en 2030. Pero no solo se trata de innovar. El ahorro y la eficiencia energética también son fundamentales. Cuanto más eficientes seamos, menos recursos necesitamos. Y es importante que las Administraciones Públicas lideremos este proceso, dando ejemplo, como ya estamos haciendo, con medidas como el control de las temperaturas o la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en edificios públicos. Una mayor eficiencia nos permitirá avanzar cada vez más hacia un sistema energético más seguro, apoyado también en redes inteligentes y sistemas de almacenamiento.

Nuestro país es el cuarto de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza, según el Plan España 2050. ¿Cómo podemos amortiguar los impactos sociales más negativos de la transición energética?

Desde el principio hemos mantenido que la transición energética tiene que ser justa, y eso supone tener en cuenta a toda la sociedad, especialmente a los más vulnerables. Hay quien se siente damnificado por esta transición, porque ha tenido que cambiar su modo de vida o porque afecta directamente al trabajo que desempeña. Tampoco podemos olvidarnos de ellos, porque, si no creamos una conciencia colectiva sobre la importancia de avanzar hacia una economía descarbonizada, la transición ecológica nunca será una realidad plena. Por eso hay un organismo dependiente del ministerio, el Instituto para la Transición Justa, que se ocupa específicamente de esta tarea, de evitar que los territorios de nuestro país que hasta ahora vivían de los combustibles fósiles se vean perjudicados por el cambio de modelo energético que estamos impulsando. Es un instrumento que, por primera vez, focaliza sus actuaciones en territorios y proyectos muy concretos, en aquellos donde hasta ahora la actividad económica dependía fundamentalmente de los combustibles fósiles y a los que queremos ayudar a dibujar un futuro diferente. Por otro lado, en la mayoría de los casos, varios de estos territorios forman parte de la España vaciada, por lo que estos fondos ayudarán no solo a reconvertir la producción que se generaba hasta ahora en las comarcas mineras, sino también a repoblar estos territorios, porque van a poder ofrecer oportunidades de futuro más atractivas.

«Estamos comprometidos con la reforma de la tarifa PVPC buscando reducir la enorme volatilidad de los últimos meses»

La Asamblea Ciudadana por el Clima instaba al Gobierno a promover el «decrecionismo», una tesis polémica por el impacto que su aplicación puede tener en términos de progreso social. ¿Qué opina sobre esta teoría?

Queremos asegurar la prosperidad de todos, pero debemos respetar los límites del planeta. Sabemos que los recursos no son infinitos y que el crecimiento tampoco puede serlo, que nos falta ser más activos en cambios culturales y de valores que nos permitan producir y consumir de forma diferente. La sociedad es cada vez más consciente de la importancia de un consumo responsable y la innovación nos ha permitido tener cada vez más herramientas para reducir nuestra huella medioambiental sin que ello perjudique a nuestros estándares de vida, que todavía queda mucho trecho por recorrer y, desgraciadamente, poco tiempo si queremos evitar las peores consecuencias.

En España se produjo durante décadas un urbanismo descontrolado, con un impacto muy negativo, no solo ecológico, también cultural. ¿Es viable un plan nacional que permita ir recuperando nuestros paisajes (ya sean naturales, rurales o urbanos)?

Este gobierno está plenamente comprometido con el mantenimiento y la recuperación de nuestros entornos naturales y nuestros paisajes. Son fundamentales desde el punto de vista de la biodiversidad y el cambio climático. También nos interpela desde el punto de vista de la despoblación. La conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad es uno de los componentes que forman parte del Plan de Recuperación. Está dotado con un presupuesto de más de 1.600 millones de euros y recoge, entre otros planteamientos, la gestión del uso de la tierra de las poblaciones rurales, su protección y su recuperación; además, es un componente que, por cierto, viene a dar continuidad a los numerosos planes de recuperación de espacios.