«Los datos no deben ser de las empresas ni de los Gobiernos, sino de la ciudadanía»

Apenas un mes después de que la nombraran secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, tuvo que encerrarse en casa, como el resto del país. «La pandemia nos recordó la importancia de esta transición tecnológica», dice Carme Artigas (Vilassar de Mar, 1968) al inicio de la entrevista. Ingeniera química y empresaria de largo recorrido en el sector tecnológico, su cargo conlleva infinidad de retos: en la transformación digital se solapan a ritmo frenético dilemas éticos, económicos, sociales y hasta filosóficos.

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Han aprobado la Ley de start-up. ¿Emprender en España dejará de ser una misión (casi) imposible?

España ha sido tradicionalmente un país con una complejidad burocrática que le impide ser eficiente. Con esta ley, se podrá crear una empresa con un solo euro –y un máximo de cien en cuestiones notariales y registrales– y todo en menos de dos días, que serán solo unas horas a medida que vayamos automatizando todos esos procedimientos.

¿Cómo han obrado el milagro?

Hemos estudiado en ocho parámetros cuál es el mejor país de Europa en cada ámbito del emprendimiento y adoptado lo que hace cada uno. Por eso no solo nos homologa al resto, sino que nos sitúa como el país más atractivo de nuestro entorno en la Unión Europea para emprender, invertir y atraer talento.

Entre las funciones de su secretaría está «la digitalización de la sociedad y la economía de forma respetuosa con los derechos individuales y colectivos». Casi nada. ¿Cómo es su día a día?

Es una secretaría de nueva creación y ya en el mes anterior al confinamiento tuvimos que definir la Agenda Digital España 2025, que ahora es 2026, que engloba la ayuda a la transformación digital de las industrias de nuestro país, la estrategia nacional de inteligencia artificial para una apuesta a futuro y los problemas a corto plazo, como la falta de digitalización de las pymes y la falta de competencias digitales.

«Hay que equiparar los derechos del mundo digital a los del mundo analógico»

¿Y qué hitos se han marcado?

Muchos. Por ejemplo, queremos que la economía digital –que cuando empezamos suponía un 18% de contribución al PIB español y hoy es un 22%– llegue al 40%.

¿Cómo se mide el peso de algo tan amplio como la economía digital?

Los indicadores de nuestra economía tradicional, obviamente, no son eficaces. Pero no hay un consenso para medirla. Usamos una metodología que permite ver el impacto de los sectores tecnológicos y digitales puros y también el impacto indirecto de la digitalización en sectores tradicionales; por ejemplo, la banca.

¿Y eso es suficiente?

Nos faltan indicadores de valor de la nueva economía digital. Por ejemplo, el PIB español solo tiene en cuenta las interacciones que pagamos con dinero. A nivel empresarial, no está activado en sus balances el valor de los datos, del talento o de la innovación. La economía digital se basa en datos, en tecnología y conocimiento; por eso nos encontramos con porcentajes que son todavía muy especulativos. Nuestro PIB sería mayor si tuviéramos todo eso en cuenta.

«Seguimos valorando empresas del siglo XXI con balances y resultados del siglo XIX»

¿Estamos infravalorando nuestra riqueza?

Hay compañías que valen miles de millones, aunque tengan resultados negativos, porque el mercado sí que capta ese valor de la disrupción, pero no así la economía real. Por eso es tan importante que en esta transición incorporemos esos nuevos indicadores de la economía de los datos. Seguimos valorando empresas del siglo XXI con balances y resultados del siglo XIX.

Los fondos europeos van dirigidos en su mayor parte a una transición verde y digital. Deben haberles marcado un calendario muy apretado.

Hemos dedicado un tercio de esos fondos a la transformación digital y un 40% a la ecológica. Son las dos grandes palancas sobre las que estamos vertebrando la recuperación de nuestra economía. Dicho esto, la pandemia puso de manifiesto lo dependientes que somos de terceros países en temas críticos del ámbito tecnológico, como el almacenamiento en la nube o los semiconductores. Tenemos que cambiar la naturaleza en la composición de nuestro PIB. España ha sido un país muy castigado durante la pandemia porque nuestra economía se basa en la construcción, el turismo, la restauración y la automoción. Por eso, las consecuencias del parón económico han sido más grandes que en otras economías como la finlandesa, donde el 80% es digital.

No debe ayudar que en España haya más de tres millones de pymes.

Y el 85% con menos de cinco trabajadores. No se pueden comparar con la pyme alemana, es un problema de tamaño. Por eso, España es la única de las seis grandes economías europeas donde no hay una correlación directa entre productividad y crecimiento económico.

¿Por qué se da esa situación?

La productividad en España se ha conseguido, hasta ahora, sobre todo despidiendo a gente. Muchas de las inversiones tradicionales en tecnología hasta ahora no han calado ni se han traducido en productividad porque el tejido de pymes está muy atomizado y no en sectores de alto valor añadido. Normalmente no emplea a personal de alta cualificación. La transición digital también supone ir migrando estas empresas a actividades de mayor valor añadido, lo que alineará las mejoras en tecnología con una mayor competitividad y productividad.

¿Y cómo esperan conseguirlo?

Todo el plan de recuperación se estructura a través de treinta componentes y hay planes muy estratégicos, los PERTE, que son macroproyectos que intentan aplicar todos estos cambios. Hay que invertir en infraestructuras, conectividad, espacios compartidos de datos industriales, inteligencia artificial, infraestructuras de procesamiento avanzado, experiencia de usuario, capacidades digitales… Lo aplicamos en diez macrosectores clave en la economía para que hagan esta transformación digital y ecológica con un efecto arrastre, sobre todo a las pymes. Hablamos de un cambio cualitativo y cuantitativo en el que están implicados todos los ministerios.

¿Hay datos que confirmen que están en el buen camino?

Cuando empezamos, estábamos en el puesto 11 del índice DESI de los países europeos sobre el nivel de digitalización. En dos años, ya estamos en el séptimo. Este año nos situamos por encima de la media en la digitalización de las pymes, aunque sigue siendo nuestro foco de preocupación. Tenemos un plan de choque: digitalizar a un millón de pymes y la mejora de competencias digitales, porque un 30% de la población española aún carece de habilidades básicas.

«La clave es actuar de manera preventiva, pero sin matar la innovación»

Ha mencionado la digitalización de la banca en nuestro país. Eso ha supuesto el cierre masivo de oficinas que han dejado desatendidas a muchas personas de sectores vulnerables, como la tercera edad.

La digitalización no debe ser la excusa para la exclusión, que es lo que pasa si la banca busca solamente ganancias y eficiencias operativas y deja de atender a ciertos colectivos. Desde el Ministerio de Economía se les exigió un plan de choque para evitarlo. Somos muy conscientes de que la digitalización puede ampliar las brechas y, por eso, en todo el plan de recuperación, hay cuatro ámbitos horizontales a todos los ministerios: la inclusión, la vertebración territorial, la reducción de las brechas de género y edad y la de la brecha digital. Al mismo tiempo, no olvidemos que la digitalización puede reducir las brechas: por ejemplo, permite la llegada de un servicio determinado a un pueblo remoto.

Usted dijo recientemente que «la necesaria transformación digital debe afrontarse desde una apuesta decidida por la ciberseguridad». ¿Tenemos un problema real de seguridad en una sociedad cada vez más digitalizada?

Una cosa es a escala geopolítica, a nivel de defensa y seguridad nacional. Como las guerras híbridas, que no es solo un virus en un ordenador, sino en una infraestructura como un oleoducto. Este es un tema especialmente preocupante en un contexto de guerra como el actual. España es el cuarto país más ciberseguro del mundo en el índice de la ONU, pero no olvidemos que la ciberseguridad depende del eslabón más débil. Por eso, estamos invirtiendo más de 1.000 millones de euros de plan de choque en administraciones locales y, desde el INCIBE, más de 500 millones en reforzar la industria de ciberseguridad española y en la prevención y ayuda a las pymes.

¿Y los ciudadanos? Somos especialmente vulnerables al tratamiento de nuestros datos por parte de las multinacionales tecnológicas, a través de apps que usamos a diario.

La digitalización no puede ser a cualquier precio, y por precio digo perder derechos y garantías que nos ha costado siglos conquistar con sociedades democráticas. Hay que equiparar los derechos del mundo digital a los del mundo analógico. Nos preocupa el riesgo de un uso indiscriminado de datos por parte de instituciones o empresas privadas que los gestionan, basadas en consentimientos un tanto débiles.

«España es la única de las seis grandes economías europeas donde no hay una correlación directa entre productividad y crecimiento económico»

En Europa hemos definido una tercera vía: los datos no deben ser de las empresas ni de los Gobiernos, sino de la ciudadanía. En este sentido, en España hemos sido pioneros en la Carta de Derechos Digitales, que son 25 derechos fundamentales en clave digital, como la libertad de expresión o a no ser discriminado por un algoritmo. Estamos a la espera de la declaración de derechos de la Unión Europea, lo estamos incorporando a la OCDE y lo hemos elevado a Naciones Unidas. También hemos creado la primera Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial para regular los algoritmos que toman decisiones.

Los algoritmos han heredado nuestros sesgos inconscientes. ¿Cómo se corrige eso?

Primero, poniéndonos de acuerdo en qué es un sesgo, que puede ser varias cosas en según las culturas. Segundo, centrándonos en los datos de entrenamiento. La mujer está sistemáticamente infrarrepresentada, por ejemplo, en los modelos de contratación de directivos, porque la IA no dispone prácticamente de casos de éxito femenino. Esto se resuelve generando datos artificiales que compensen esos sesgos. Por eso es importante que los equipos de desarrollo estén compuestos por muchas personas de muchas culturas, orígenes y visiones.

¿Lograremos ser más rápidos que la inteligencia artificial?

Debemos serlo. Piensa en las neurotecnologías, en las que la posibilidad de manipulación de los datos cerebrales es tal que ríete tú de las fake news. Imagina que te pueden alterar con un impulso eléctrico en el cerebro a través de un auricular para influir en tu compra o en tu voto. Hay que llegar preparados a 2024 –cuando se apruebe el Reglamento Europeo de IA– y, si no hemos hecho antes el análisis de cómo se va a medir, a auditar, terminaremos pidiendo una moratoria. Y entonces la inteligencia artificial se seguirá desarrollando sin cortapisas, con una capacidad de impacto imposible de revertir. Por eso, la clave es actuar de manera preventiva, pero sin matar la innovación.