Segismundo Álvarez
«El mayor peligro es acostumbrarnos a que las instituciones funcionen cada vez peor»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2026
Artículo
La democracia no se agota en las urnas. Necesita, además, instituciones independientes, contrapoderes capaces de limitar el ejercicio del poder y ciudadanos dispuestos a exigir responsabilidades a sus representantes. Así lo defiende Segismundo Álvarez, director de la Fundación Hay Derecho, que acaba de publicar su Informe sobre el Estado de Derecho 2026. El documento alerta de un deterioro progresivo de la calidad institucional española, agravado en algunos ámbitos durante la última legislatura. La politización de la Justicia, el debilitamiento del Parlamento, la inseguridad jurídica y las deficiencias en la lucha contra la corrupción dibujan un escenario preocupante. «Si se deterioran las instituciones, se deteriora la democracia, aunque siga habiendo elecciones», esgrime el experto.
Lleva años advirtiendo de los problemas de calidad institucional en España. ¿Cuándo empezó a percibir que era necesario medir el deterioro del conjunto del sistema?
Nuestro objetivo es llevar la defensa del Estado de derecho al ámbito social, más allá de los juristas. Las cuestiones institucionales afectan directamente a la vida de los ciudadanos. No hablamos de teorías generales, sino de cómo se controla y se ejerce el poder. No hay un momento preciso en el que pasáramos de los problemas puntuales a un deterioro general. Creo que ha habido una caída progresiva a lo largo de toda nuestra democracia. Nuestro sistema institucional, basado en la Constitución, está razonablemente bien construido, pero los partidos han intentado colonizar instituciones que deberían ser independientes, objetivas y profesionales. En algunos aspectos, se ha acelerado durante la última legislatura.
«Ha habido una caída progresiva a lo largo de toda nuestra democracia»
¿Puede degradarse una democracia sin que los ciudadanos lleguen a percibirlo?
La democracia parece reducirse a que los ciudadanos eligen a sus representantes, pero no es así. Las democracias liberales no consisten únicamente en elegir gobernantes, sino en que estos estén limitados por un marco constitucional y unas instituciones. No se puede separar democracia y Estado de derecho. Nuestra Constitución establece que España es un Estado social y democrático de derecho: las leyes deben aplicarse a todos por igual y los poderes estar sometidos a controles. Si se deteriora una de esas dimensiones, se deteriora el conjunto.
El informe señala el debilitamiento de los contrapesos institucionales. ¿Qué sucede cuando quienes deben controlar al poder político dependen de quienes lo ejercen?
El Ejecutivo es quien tiene más capacidad de actuación: dispone del Presupuesto, de la Policía y del Ejército. Por eso necesitamos instituciones que limiten su ejercicio arbitrario. El poder judicial, el Parlamento, el Tribunal de Cuentas o el Constitucional cumplen esa función. Si sus integrantes son elegidos por cercanía a los políticos y no por su cualificación, dejan de cumplir su cometido. En el informe señalamos que ocho de los doce magistrados del Constitucional han ocupado anteriormente cargos de designación política. Eso genera una apariencia de vinculación partidista que se refleja en sentencias especialmente sensibles, en las que se observan dos bloques de magistrados. Un órgano de control no puede limitarse a reproducir la representación política del Parlamento.
«Los partidos han intentado colonizar instituciones que deberían ser independientes, objetivas y profesionales»
El Consejo General del Poder Judicial estuvo cinco años bloqueado y, tras su renovación, la percepción de independencia sigue siendo muy baja. ¿Qué está fallando en el modelo español?
El sistema se diseñó para que una parte de sus miembros fuera elegida por los jueces y otra por el Parlamento. Después se decidió que todos fueran elegidos parlamentariamente, con mayorías reforzadas que obligaran a los partidos a ponerse de acuerdo. Pero, en lugar de consensuar personas independientes, decidieron repartirse los cromos: tú eliges a seis y yo a cinco. Ese no era el espíritu de la Constitución. El modelo está agotado. Los jueces españoles valoran la independencia del Consejo con un 3,4 sobre 10, frente a una media europea de 7. Hay que devolver a los jueces la elección de los doce vocales de procedencia judicial y establecer mecanismos que impidan que las asociaciones cercanas a los partidos controlen el proceso. Para los ocho vocales elegidos por el Parlamento proponemos una comisión independiente que seleccione previamente a los candidatos. Hay que sacar las manos de los partidos de esa elección.
¿Hasta qué punto esa politización se utiliza para desacreditar resoluciones judiciales que no gustan a determinados partidos?
Hay que distinguir entre la independencia del Consejo y la de los jueces al dictar sentencia. El Consejo no dicta resoluciones judiciales, sino que realiza nombramientos y ejerce funciones disciplinarias. Sin embargo, al influir en la elección de magistrados puede afectar a la apariencia de independencia. Y eso se utiliza para atacar a los jueces. Criticar una sentencia es legítimo: se puede cuestionar su argumentación o su aplicación de la ley. Lo peligrosísimo para la democracia es desacreditarla porque el juez supuestamente es de derechas o de izquierdas. Así se deslegitima la Justicia, que es el instrumento fundamental para controlar el ejercicio arbitrario del poder. En los últimos tiempos hemos visto, además, ataques personales a jueces por parte de personas con altos cargos en el Gobierno.
«Un órgano de control no puede limitarse a reproducir la representación política del Parlamento»
Alertan también del debilitamiento del Parlamento y del uso cada vez más habitual del decreto-ley. ¿Se está convirtiendo el Congreso en un órgano de validación de las decisiones del Ejecutivo?
La democracia representativa exige que el Parlamento haga las leyes siguiendo procedimientos que garanticen su calidad: consultas, debate parlamentario, enmiendas y participación de expertos y afectados. El decreto-ley está previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, pero una herramienta excepcional se ha convertido en una forma habitual de legislar. Se aprueban incluso decretos ómnibus que mezclan asuntos completamente distintos: ayudas por la guerra en Ucrania, cuestiones relacionadas con La Palma o modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital. Es imposible que el Parlamento estudie adecuadamente todo ese contenido durante su convalidación. Esto perjudica a la democracia, a la calidad normativa y a la seguridad jurídica.
¿Cómo afecta esa inseguridad jurídica a los ciudadanos y a las empresas?
Los cambios legislativos siempre tienen un coste: hay que conocer las nuevas normas y aprender a aplicarlas. Cuando las leyes se modifican constantemente y se aprueban deprisa, surgen muchas dudas. El problema se agrava con los decretos-leyes que entran en vigor inmediatamente y después no son convalidados por el Parlamento. ¿Qué sucede con los efectos producidos durante el tiempo en que estuvieron vigentes? Una medida que afecta a un contrato o a un alquiler puede aplicarse a unas personas y no a otras, dependiendo del momento. Es una situación de enorme inseguridad e incluso de injusticia. Cuando la gente no sabe a qué atenerse, deja de tomar decisiones y espera a ver qué ocurre.
«El decreto-ley está previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad»
La corrupción es otro de los grandes asuntos del informe. ¿Es un problema de personas o de sistemas de control deficientes?
La corrupción es imposible de erradicar completamente, pero existen mecanismos para prevenirla. Se ha mejorado la regulación y hay un plan anticorrupción, aunque su implantación acumula retrasos. La autoridad creada para proteger a los denunciantes ha tardado mucho en funcionar y disponer de presupuesto. Las agencias antifraude autonómicas tampoco funcionan adecuadamente y algunas, como la de Baleares, se han desmontado. Seguimos esperando una ley de lobbies. Desde la sociedad civil intentamos desarrollar sistemas de detección temprana mediante indicadores de contratación pública que permitan identificar procesos sospechosos. La regulación ha mejorado, pero su aplicación sigue siendo lenta y defectuosa.
El informe incorpora también la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. ¿Qué riesgos entraña que los poderes políticos condicionen el ecosistema informativo?
Hay dos problemas. El primero afecta a los medios públicos, nacionales y autonómicos. Si son un servicio público, no pueden convertirse en un servicio partidista. Necesitamos direcciones profesionales y consejos plurales. El segundo es la influencia sobre los medios privados. La prensa es un contrapoder imprescindible frente a los abusos del Ejecutivo. Una de las vías de presión es la publicidad institucional, cuyo reparto todavía adolece de falta de transparencia. También está pendiente la transposición de una directiva europea contra las demandas abusivas destinadas a silenciar a periodistas y voces críticas. Inundar de demandas a un medio o a un periodista puede convertirse en una forma de limitar su libertad.
«La polarización es un chollo para el abuso de poder»
¿Qué responsabilidad tienen los ciudadanos en este deterioro?
Los ciudadanos tenemos un papel fundamental. El juez estadounidense Louis Brandeis decía que, en democracia, el cargo político más importante es el de ciudadano. Debemos ser críticos en nuestra actuación democrática. Tendemos a exigir poco a los políticos que consideramos de los nuestros y somos mucho más duros con los del otro signo. Hay una idea en la que insistimos especialmente: la polarización es un chollo para el abuso de poder. Si nos convencen de que los adversarios son malísimos y van a acabar con nosotros, terminamos perdonando cualquier cosa a quienes nos representan. Tenemos que luchar contra la demonización del adversario porque beneficia, sobre todo, a los políticos y a sus abusos.
¿Qué reformas considera más urgentes para revertir esta tendencia?
Hemos presentado seis propuestas dentro de una campaña que se llama «Gobierne quien gobierne». La primera es despolitizar los órganos institucionales, reformando el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal y estableciendo sistemas de concurso público más objetivos para los organismos de control. La segunda es profesionalizar las entidades y empresas públicas. Hay demasiadas personas con cargos políticos anteriores dirigiendo organismos que necesitan gestores de primer nivel, sin conexiones partidistas. Y la tercera es reforzar la lucha contra la corrupción e implementar los planes que ya están en marcha. Hay reformas que deberían acometerse con independencia de quién esté en el poder.
«Tendemos a exigir poco a los políticos que consideramos de los nuestros y somos mucho más duros con los del otro signo»
¿Hay motivos para el optimismo?
Sí. Aunque existe una degradación progresiva, las tendencias se pueden invertir. No hay que pensar que tenemos que tocar fondo, porque el fondo está muy lejos. El mayor peligro es acostumbrarnos a que las instituciones funcionen cada vez peor. Debemos esforzarnos por solucionar problemas que, en algunos casos, son relativamente sencillos. Hay que creérselo e intentarlo.
¿Cómo afecta el deterioro del Estado de derecho a la vida cotidiana de alguien que no está familiarizado con el mundo jurídico?
En primer lugar, genera una enorme inseguridad jurídica: la gente no sabe a qué atenerse ni qué tiene que hacer para cumplir la ley. Después está la politización de las empresas públicas. Los problemas de Renfe, Adif o la red eléctrica tienen, entre otras razones, que ver con la falta de profesionalización de sus dirigentes. La permanencia media de muchos de ellos es de poco más de dos años, pero es imposible gestionar adecuadamente empresas que realizan inversiones a 30 años si sus responsables cambian constantemente. La mala legislación afecta al precio del alquiler, de la vivienda o de la electricidad. Y la mala gestión y la politización de las instituciones repercuten directamente en la calidad de los servicios públicos.
COMENTARIOS