La democracia no se rompe: se gasta

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Nadia Gayoso

Las democracias rara vez mueren de un golpe. Se desgastan. Se erosionan en la confianza que no se renueva, en la sensación de que participar ya no sirve para nada, en un debate público que ha dejado de ser un espacio de deliberación para convertirse en un ring permanente. Ese es el diagnóstico que atraviesa el informe Cultivar la Democracia: Recetas para la Resiliencia, a partir de entrevistas con juristas y expertos en derechos humanos, y de una jornada de pensamiento colectivo celebrada en marzo de 2026 con veinte organizaciones de la sociedad civil. Este informe es el producto final del proyecto –con el mismo nombre– elaborado por FIBGAR y co-financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Los números, a primera vista, tranquilizan. En sus últimos informes, Freedom House puntúa a España con un 91 sobre 100. También el V-Dem Institute la sitúa entre las treinta democracias liberales de mayor calidad del mundo. El Democracy Index de The Economist la clasifica como democracia plena, en el puesto 21 de 167 países, por delante de Francia, Italia o Estados Unidos. Sus garantías electorales y sus libertades civiles son sólidas. Pero los números no lo dicen todo. El propio V-Dem señala una tendencia de deterioro estadísticamente relevante en los últimos años. La Fundación Alternativas concluía en 2024 que la democracia española «no empeora, pero tampoco mejora», con un 6,4 sobre 10. No hay quiebre inminente. Hay algo más difícil de ver y de revertir: la acumulación lenta de tensiones que desgastan la calidad democrática desde dentro.

El informe de FIBGAR identifica tres dinámicas estructurales que lo explican. La primera: una brecha persistente entre el diseño normativo y su aplicación real. España tiene marcos legales avanzados que no siempre se traducen en experiencias reales de justicia, transparencia o acceso equitativo a derechos. La segunda: la erosión de la confianza institucional, alimentada por tensiones en la independencia y gobernanza del sistema judicial, por una participación ciudadana condicionada por desigualdades estructurales y por mecanismos de rendición de cuentas que no terminan de funcionar. La tercera: la transformación acelerada del espacio público impulsada por la digitalización, que golpea directamente la calidad del ecosistema informativo y del debate democrático.

Este último factor merece detenerse. El ecosistema informativo español tiene garantías formales de libertad de expresión, pero arrastra problemas serios: concentración mediática creciente, escasos avances en transparencia y una opacidad de las plataformas digitales que fragmenta el debate público. La desinformación no es solo el problema de los bulos que circulan; es la dificultad creciente para sostener espacios compartidos de realidad. Cuando el desacuerdo deja de ser parte natural de la democracia y se convierte en señal de enemistad, desaparecen los matices. Y sin matices, construir proyectos comunes se vuelve casi imposible.

A todo esto se suma una desafección democrática que golpea especialmente a las generaciones más jóvenes. No es un rechazo frontal a la democracia: es una percepción de impotencia. La participación política no modifica significativamente las condiciones materiales de vida. Las desigualdades socioeconómicas, territoriales y generacionales siguen decidiendo quién puede participar y con qué capacidad real de incidencia. Cuando el sistema no te escucha, dejas de hablarle.

La desafección democrática golpea especialmente a las generaciones más jóvenes

Frente a este diagnóstico, el informe es taxativo: la resiliencia democrática no puede recaer solo sobre las instituciones. La sociedad civil tiene un papel estructural que jugar, y hay líneas de acción concretas. Primera: apostar por la alfabetización mediática y el pensamiento crítico como herramientas ciudadanas para navegar en un ecosistema informativo hostil. Segunda: exigir una reforma real del marco de transparencia y acceso a la información pública, hoy uno de los eslabones más débiles de nuestra arquitectura democrática. Tercera: mejorar los mecanismos de participación ciudadana para que sean más inclusivos, más accesibles y, sobre todo, más vinculantes: espacios que no solo consulten, sino que incidan de verdad. Cuarta: defender la regulación efectiva del entorno digital para que las plataformas respondan ante la ciudadanía con los mismos estándares de transparencia que se exigen a cualquier otro actor público.

En el centro de todo esto, el papel de las organizaciones de la sociedad civil como infraestructura democrática. No como articuladoras de demandas o prestadoras de servicios, sino como creadoras de espacios de encuentro, redes de solidaridad y experiencias de participación colectiva que generan confianza donde las instituciones no llegan. Eso también es cultivar la democracia.

Porque la democracia no se hereda ni se garantiza de una vez para siempre. Como cualquier ecosistema vivo, su fortaleza depende de la calidad de los vínculos que la sostienen y de la voluntad colectiva de cuidarlos. Sobre todo en tiempos de desacuerdo. Sobre todo ahora.

Nadia Gayoso es responsable de Memoria Democrática y Justicia Transicional en FIBGAR