Compra pública verde

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Óscar Granados

Leonardo da Vinci hacía (casi) de todo. Era pintor, ingeniero, anatomista, arquitecto, escritor, botánico, poeta, matemático, urbanista, científico… De haber un perfil así en nuestros días, sería un técnico responsable de la contratación pública. Hoy, estos profesionales enfrentan el gran reto de descifrar los complejos y cambiantes laberintos de las convocatorias y la normativa vigente. Quizás uno de los grandes desafíos que tienen sea la compra pública verde, que les exige ser auténticos alquimistas de la sostenibilidad.

Su misión es transformar el poder de compra de la Administración en una herramienta activa para enfrentar retos ambientales como el cambio climático, la economía circular o la crisis de biodiversidad. «El mejor gestor público debe tener conocimientos de matemáticas, medio ambiente, derecho laboral, procedimiento administrativo, sistemas de recursos, certificación energética y gestión de mercados. Se requiere una especie de Da Vinci de la contratación pública», confirmó Begoña Fernández Ruiz, vocal asesora de la Dirección General de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, en un encuentro organizado por Ethic, Plastics Europe y la Asociación Nacional de Recicladores de Plásticos (Anarpla). Durante el evento «Soluciones colectivas para un futuro circular. La compra pública verde como herramienta impulsora de la circularidad de los plásticos», la experta mencionó que la compra pública se ve obstaculizada por la falta de liderazgo político, un marco normativo incoherente, la ausencia de datos fiables y una visión cortoplacista del gasto, lo que exige la profesionalización técnica y un mejor conocimiento del mercado.

La compra pública verde impulsa la circularidad de los materiales y valora el impacto ambiental de las decisiones de compra

«No resulta sencillo mantener una terminología uniforme en todo el conjunto de directivas, reglamentos y actos delegados europeos», reclamó Fernández Ruiz en el encuentro. Desarrollar herramientas prácticas y sencillas que faciliten la contratación pública verde es uno de los objetivos que Anarpla y Plastics Europe se han marcado y, por ello, han desarrollado una guía sobre la compra pública verde para impulsar la circularidad del sector de los plásticos. 

«La compra pública representa aproximadamente el 11% del PIB en España y el 14% en la media de la Unión Europea y, por eso, tiene un papel instrumental para alcanzar nuestros objetivos ambientales y climáticos», afirmó Alejandro Dorado Nájera, comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). No obstante, según resaltó Dorado Nájera, «persisten obstáculos como un marco normativo que contempla la compra pública ecológica como facultativa, dependiente de la voluntariedad del líder del contrato, combinado con ciertas obligaciones sectoriales dispersas difíciles de abarcar, o la falta de formación especializada y una cultura administrativa centrada en criterios meramente económicos, que ignora el potencial de la contratación estratégica: ambiental, social o de innovación». Además, agregó que muchos responsables públicos desconocen los impactos ambientales reales de los bienes y servicios que adquieren, lo que limita la integración efectiva de los criterios verdes.

«Hablamos mucho de economía circular, pero la circularidad no existe sin un mercado y este no se consolida sin una demanda», señaló Óscar Hernández, director general de Anarpla. La compra pública verde impulsa la demanda de materiales reciclados, valora el impacto ambiental de las decisiones de compra, genera contratos reales para una industria circular y, además, sensibiliza a la ciudadanía, que percibe cómo su colaboración diaria (cuando deposita los residuos en el contenedor amarillo, por ejemplo) se traduce en resultados tangibles: mobiliario urbano, parques infantiles, tuberías que conducen el agua o canalizaciones que transportan energía a los hogares. 

«El reto ahora es pasar de la norma a la práctica. Y, para eso, nace esta guía: ofrecer a la administración instrumentos claros, ágiles y aplicables que conviertan la compra pública verde en una realidad cotidiana, no solo en un objetivo sobre el papel», subrayó Hernández. De hecho, como sostuvo Claudia García Yustos, directora general de AD Impulsa, «los entes locales tramitan más de 78.000 expedientes administrativos por un valor superior a 30.000 millones de euros, una cifra que equivale a la suma de los contratos de la Administración General del Estado y de todas las comunidades autónomas».

La guía propone buenas prácticas en tres ámbitos: solvencia técnica de licitadores, criterios de adjudicación y valoración de las ofertas, garantizando la vinculación con el objeto del contrato y la proporcionalidad de los criterios aplicados.  «Es como una brújula para conducir al sector del plástico y, especialmente, a las administraciones públicas hacia la sostenibilidad», añadió Alicia Martín, directora general de Plastics Europe en la Región Ibérica, que también insistió en que «vivimos un momento de transición, donde la ambición debe transformarse en acción, y esta guía es precisamente una herramienta para ello».

La crisis de vivienda, que obliga a impulsar nuevas construcciones, abre una oportunidad para incorporar la compra pública verde. Como explicó Dolores Huerta, directora general del Green Building Council España, «la construcción de nuevas viviendas será una de las principales actividades del sector público: la necesidad es muy real y constituye una de las mayores preocupaciones sociales». La rehabilitación del parque inmobiliario será esencial para cumplir los objetivos de descarbonización. Todo ello requerirá muchos materiales, por lo que es una oportunidad para la economía circular. «El plástico reciclado ya compite en calidad con el plástico virgen», expuso Rafael Sánchez, director de Reciclaje de Veolia España: «es un producto que ya está en el mercado y ofrece buenas prestaciones».

Alejandro Dorado Nájera (MITERD): «La compra pública representa aproximadamente el 11% del PIB en España y el 14% en la media de la UE»

Por su lado, Pedro Manuel López Medina, coordinador de Economía Circular y Agenda 2030 de Castilla-La Mancha, aseguró que, para que la compra pública avance, se requiere claridad y certidumbre. La Administración «debe tener muy claro qué quiere y qué pide a las empresas cuando introduce criterios de compra pública verde o de compra pública social en los procesos de contratación» y las empresas deben tener «la seguridad de que los materiales o productos que ofrecen serán capaces de cumplir con las exigencias y necesidades», añadió.

Para Joan Carles Benítez, Iberia Sales Manager para el PVC de INEOS Inovyn, otro de los desafíos proviene de las exigencias a las empresas que prestan los servicios y que olvidan a productores y transformadores de ese material. Así, se pierde una gran parte del impacto, ya que el mayor porcentaje de la huella de carbono se concentra en la producción, la transformación y el montaje. Entonces, ¿qué hacer? «Por ejemplo, al lanzar una licitación, se exige que los productos cumplan con un porcentaje mínimo de material reciclado. Sin embargo, siempre se olvida el porcentaje de plástico virgen, asumiendo que este lleva una huella intrínseca de carbono. Deberíamos obligar a que ese plástico virgen tenga unas emisiones de CO2 cercanas a cero, como, por ejemplo, usando etileno orgánico en lugar de fósil», afirmó.

Mónica Giménez Baldazo, doctora de la Universidad de Alcalá y miembro del Grupo de Investigación Compra Pública Verde, llamó a apostar por «herramientas que faciliten la planificación y permitan tener todo organizado, y recordar constantemente el objetivo. Estas deberían incluir, por ejemplo, catálogos de prescripciones técnicas, manuales de formación y guías de procedimientos». Unido a ello, es fundamental ofrecer formación para «facilitar que se entienda qué está pasando y, además, entender el porqué y el para qué de cada acción, ya que actualmente existe una gran falta de comprensión», concluyó.

Desmenuzar los pormenores de la Compra Pública Verde y de aquellas normativas que dan forma a la economía sostenible son una prioridad de cara a la futura Ley de Economía Circular de la Unión Europea, prevista para el próximo año. El propósito de esta normativa es mejorar la competitividad y estimular el crecimiento económico promoviendo la gestión circular de los recursos (reutilización, reciclaje y refabricación de materiales). Con ello, la Unión Europea busca cumplir su meta, bajo la Brújula de Competitividad y el Pacto Industrial Limpio, de duplicar el material reciclado en la economía y liderar así la transición circular a nivel global para 2030.