«No tenemos por qué elegir entre ayudar a los españoles y a quienes no lo son»

Si la pandemia ha truncado los viajes de miles de ciudadanos rasos, también lo ha hecho con el ministerio que más visitas al extranjero tenía programadas: el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El ajetreo de aviones se ha reducido notablemente, pero la actividad no ha parado. Arancha González Laya (San Sebastián, 1969) nos recibe en el Salón Rojo del Palacio de Viana, una joya arquitectónica del siglo XV que te transporta a aquellas reuniones solemnes donde se declaraba la guerra y se firmaba la paz. La apretada agenda de la ministra está marcada por la gestión humanitaria de la COVID-19, pero también por el brexit, la recuperación verde y el impulso de la cooperación internacional. En una situación como esta, González Laya insiste en que la cooperación y el multilateralismo son los mecanismos que ayudarán a que nadie se quede atrás en la crisis sanitaria, económica y climática. 

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Hace unos días, se reunía en Trípoli con representantes del Gobierno libio. En agosto se firmaba el último alto al fuego gracias, en parte, a la ayuda de terceros países. Sin embargo, antes ya hubo intentos que quedaron sobre papel mojado. ¿Cómo garantizar que ahora sea diferente?

Libia es un país muy importante para la Unión Europea, y también para España. Está aprendiendo a hacer una transición democrática y a construir instituciones fuertes, ya que su sistema político anterior carecía de ellas. De alguna manera, es también el lugar donde se tiene que empezar a expresar la capacidad geopolítica y geoestratégica de la UE, es el teatro de acción de numerosos actores exteriores y, además, es la frontera con una zona muy candente, el Sahel. Desde el Gobierno de España queremos retomar las relaciones que teníamos con Libia y relanzar nuestra acción en el país como muestra del compromiso que Europa tiene con la paz y la estabilidad en su frontera natural. Con esa reunión seguí los pasos del Alto Representante y de mis homólogos alemán e italiano, enviando una señal de nuestro compromiso y apoyo a los esfuerzos de paz y estabilidad, que tienen que ser intralibios, sin injerencias extranjeras: las diferentes familias libias han de tejer un consenso para construir sus instituciones, impulsar unas elecciones, retomar la producción de petróleo que lleva parada varios meses… En definitiva, para gobernarse a sí mismos.

«Los campos de refugiados son la expresión de nuestra incapacidad colectiva de resolver conflictos»

Recientemente ardía el mayor campo de refugiados de Europa, el de la isla griega de Moria, donde vivían 13.000 personas, casi cuatro veces su capacidad. Previamente ya se había denunciado esta situación, ahora acrecentada con la crisis sanitaria, pero que lleva un lustro como asignatura pendiente para Europa.

Tenemos ante nosotros un desafío, ante todo, humano. Detrás de esta inmigración, de estas peticiones de asilo y refugio, y de esta tragedia de Moria, hay personas, hombres y mujeres, ancianos y, sobre todo, niños. Hay que darle una respuesta europea a un drama que ocurre en nuestras fronteras, en nuestro suelo, y al que tenemos que responder de manera común con principios de responsabilidad, justicia y solidaridad, atendiendo a todas las dimensiones de la cuestión. Esto es lo que estamos tratando de impulsar con el Pacto Europeo por las Migraciones. Es un tema complicado, tiene muchas aristas, muchos ángulos… y no solamente en el campo de refugiados griego. Se trata de ver de cómo concebimos la gestión de los flujos migratorios. ¿Somos capaces de abrir vías legales de migración? Hay que hacerlo. ¿Cómo podemos evitar que haya cientos de bandas criminales que hoy se están nutriendo de la desgracia de miles de personas, que han encontrado en el tráfico de seres humanos un negocio más lucrativo que en el de drogas o armas? Europa debería dar una respuesta de tolerancia cero, porque muchos de los que trafican con personas están en ella, y tenemos una responsabilidad. También es necesario apoyar de una manera más decidida a los países de origen en sus esfuerzos para buscar la paz y la estabilidad. Por eso nuestro apoyo a Libia es importante, porque es una señal de lo que tenemos que hacer para evitar que esos países sean invivibles para sus ciudadanos. Tenemos que hacer un esfuerzo más decidido para acompañar la paz, la estabilidad y el desarrollo económico de los países terceros. Necesitamos reformar nuestras reglas de asilo y refugio o, por lo menos, cumplir con nuestros compromisos internacionales. Y de eso España sabe mucho, porque somos el país que más peticiones de asilo y refugio recibe en la Unión Europea. Debemos buscar unos mecanismos que nos ayuden a gestionar los flujos que entran dentro de la Unión con criterio de solidaridad: no van a ser solamente los países de primera entrada –como España, Italia o Grecia– quienes respondan y se hagan cargo de esa situación sin la solidaridad de sus socios comunitarios. Es un tema complejo, no tiene solución fácil y llevamos muchos años arrastrando esta discusión, pero somos conscientes de la necesidad de buscar un sistema común para responder a esta cuestión a nivel europeo, no solo nacional.

Hablamos de Moria por ser actualidad, pero en el mundo hay 26 millones de personas refugiadas y más de 79 millones de desplazadas. ¿Cómo evitar que los asentamientos provisionales se conviertan en una suerte de barrios precarios como ya ocurrió en la Cisjordania ocupada, en Yarmouk o en el Sáhara Occidental?

Es complicado, porque estos campos de refugiados son la expresión colectiva de nuestra incapacidad por resolver conflictos, como el de los rohinyás, los de Sudán del Sur, el de Palestina, la guerra en Somalia… También muestran la incapacidad de los Estados concernidos para buscar paz y estabilidad. Gran parte de ellos están en campos de refugiados de países en desarrollo, y nos sorprendemos de lo que está ocurriendo en Grecia, pero hay muchos Morias en este mundo. Hay muchos en África: allí hay campos de refugiados en Kenia, en Uganda… Debemos dotar a estas personas de una vida con la mayor dignidad posible: si no pueden vivir en sus países de momento, que puedan vivir allí con la mayor dignidad posible. He trabajado mucho con jóvenes que viven en estos campos de refugiados y muchos de ellos son segundas o terceras generaciones. Debemos darles una oportunidad, acompañarles para que consigan unas capacitaciones con las que puedan ingresar en el mercado laboral, siempre entendiendo que son situaciones extremas y buscando la máxima humanidad. Son campos de refugiados temporales porque tenemos la esperanza de que los conflictos que los han generado se puedan resolver en algún momento. Es verdad que algunos tardan muchísimo, pero otros van avanzando. Me acuerdo ahora de los campos de refugiados de ruandeses que huyeron del genocidio y de cómo han vuelto a su país y han contribuido a levantarlo. Tengo esperanza en que podamos seguir acompañando la resolución de algunos de estos conflictos.

La cooperación es una de las partidas presupuestarias más perjudicadas por los recortes de la última década en España, pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible son difíciles de cumplir sin apostar por ella. ¿Qué papel juega para el Gobierno?

Nos hemos fijado metas muy concretas en el programa de coalición de este Gobierno, y no las hemos puesto ahí porque queramos sentirnos bien, sino porque tenemos un compromiso profundo. De la misma manera que pensamos que no se debe dejar a nadie atrás en España, no se debe dejar a nadie atrás en el resto del mundo, y la cooperación al desarrollo es una expresión de nuestro deseo de contribuir a ello. Es verdad que la crisis lo hace más difícil, pero no es una dicotomía: no tenemos por qué elegir entre ayudar a los españoles y a quienes están fuera de nuestras fronteras. En un mundo interdependiente como el nuestro, la protección de los españoles pasa por apoyar y acompañar a los que no lo son. Y eso lo entienden muy bien los ciudadanos: cuando uno mira las encuestas, una de los de las cuestiones donde hay mayoría es en el deseo de solidaridad con terceros países y con las situaciones humanitarias más difíciles. En España tenemos que unir los esfuerzos públicos –los del Gobierno central, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos–, los del tercer sector y los de las empresas españolas a través de nuestra acción de cooperación, conocida y apreciada en el mundo. Tampoco podemos dejar de trabajar junto a la UE bajo este Equipo Europa, una seña de identidad europea que demuestra nuestro deseo de construir un mundo más justo.

Precisamente Europa se encuentra ante semanas clave para que la salida de Reino Unido de la Unión se materialice, y Boris Johnson parece tener la intención de forzar un brexit sin acuerdo. 

Con esta cuestión, el Reino Unido adolece de un mal muy común en nuestro tiempo: pensar que para ser más fuerte y para proteger mejor a sus ciudadanos tiene que recuperar soberanía nacional. Eso es una falacia. Para ser más soberano hay que ser menos soberano: podemos proteger mejor a nuestros ciudadanos si compartimos la soberanía. Esto lo vemos claramente en el caso del brexit: las consecuencias para las empresas y para los ciudadanos británicos, como para las empresas y ciudadanos europeos –también los españoles– de una salida del Gran Bretaña sin un acuerdo serán mucho mayores que si pactamos los términos de nuestra futura relación. Y eso lo recuerdan constantemente todos los estudios, os análisis y las empresas que están viendo con terror la posibilidad de una salida sin acuerdo pactado. Si somos responsables –y el Gobierno de España lo es–, debemos impulsar y terminar una negociación que ya lleva muchos meses construyéndose con el Gobierno británico para delinear la futura relación entre Europa y Reino Unido, pero también entre España y Reino Unido en lo relativo a Gibraltar. Queremos asegurarnos un futuro pactado y acordado como garantía de mayor estabilidad y de mayor confianza, precisamente lo que necesita nuestra economía y nuestra sociedad en estos momentos de turbulencias.

«Si dotamos a la OMS de más capacidad de acción en vez de castrarla, gestionaremos mejor la próxima pandemia»

Europa ha apostado por el Green Deal. Las próximas semanas se aprueban los objetivos climáticos, con los que no todos los países están de acuerdo. ¿Qué mecanismos se pueden plantear, desde un ámbito nacional, para que la transición sea realmente justa?

Que Europa sea una muy firme defensora del Green Deal no es por buenismo, sino porque entiende que el futuro que legamos a las próximas generaciones tiene que ser uno en el que puedan vivir. Lo hacemos por respeto a ellas, porque somos responsables, porque sabemos que nuestro planeta tiene unos límites ecológicos y no nos los podemos saltar; pero también porque entendemos que se puede descarbonizar nuestra economía y hacerla más competitiva. Descarbonización no significa pérdida de empleo ni pérdida de competitividad. Si lo hacemos bien, de manera coordinada y combinándola con innovación y creación de empleo, esta puede ser la palanca de la nueva competitividad europea. Eso en España lo tenemos tan claro que lo estamos poniendo en práctica –en nuestro país, pero también en Europa–, de una manera muy decidida, unos objetivos ambiciosos para la reducción de emisiones de carbono como garantía del planeta que legamos a nuestros hijos y a nuestros nietos y como manera de construir una nueva ecoindustria europea donde se pueden generar millones de empleos.

España encabeza las listas europeas de contagios y rebrotes de esta crisis sanitaria, lo que parece estar dañando la imagen de nuestro país en el extranjero. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué plan tiene el Gobierno para que la recuperación no sea solo económica sino también de reputación?

No creo que la imagen de España se haya dañado con la pandemia y no lo digo yo, sino todos los estudios que están analizando y escudriñando la imagen de los países en el mundo. Últimamente se han publicado el del Instituto Elcano o el Índice de Soft Power 30, que nos coloca entre los 20 países más influyentes del mundo y nos dice que nuestra imagen sigue estable. Eso no significa que no tengamos que hacer autocrítica sobre cómo hemos gestionado la pandemia: tenemos que hacerla, pero también hay que entender que es algo complejo, porque tampoco sabemos a ciencia cierta qué parte de qué acción concreta contribuye a hacerlo mejor o peor. Vamos aprendiendo a medida que vamos actuando. Lo que sí sabemos es que los rebrotes son la norma y no la excepción, en algunos en mayor medida, como en España, y otros en menor, como en Alemania. En algunos en mayor medida, como en el caso de España, en otros en menor, como en Alemania. Pero según pasan los días y las semanas y vamos abriendo espacios a la movilidad de los ciudadanos en el empleo, en la vuelta al colegio o en el turismo, aumentan los rebrotes. Lo estamos viendo en todos los países de la Unión Europea, pero en estos rebrotes la situación es muy diferente a la de los brotes iniciales. España es hoy el segundo país del mundo con menor tasa de letalidad por COVID: aumentan los contagios, pero se mantiene muy controlada la letalidad del virus. Esto quizá significa que hemos aprendido de lo que fue el período inicial de la pandemia a controlar el impacto sanitario del virus, pero todavía no hemos aprendido a limitar el contagio y, por eso, tenemos que ser extremadamente prudentes, cuidadosos y responsables en la gestión. 

Volviendo al ámbito internacional, Estados Unidos se enfrenta a nuevas elecciones con un malestar social cada vez mayor en medio de una pandemia descontrolada en el país. El presidente reaccionó a la crisis cortando lazos con Europa y algunos organismos internacionales. ¿Cómo afectaría al tablero internacional que Trump revalidase su puesto en la Casa Blanca? ¿Y si ganase Biden?

España trabaja con la administración americana que elijan los electores estadounidenses. Y, como nuestras relaciones con Estados Unidos son excelentes, seguiremos haciéndolo con la que salga de las urnas. Es cierto que tenemos ante nosotros un gran reto: el de reconstruir y darle un nuevo sentido a una relación transatlántica en la que España cree. Es tremendamente importante para el futuro de nuestro país y de Europa, pero también para el del multilateralismo. Hace falta redefinir esta nueva relación transatlántica que ha perdido el sentido de la dirección: durante una época estuvo anclada en impulsar la lucha contra el totalitarismo, después buscó extender la democracia en el mundo, después la globalización y ahora nos hemos quedado sin proyecto transatlántico. Si tuviera que definir cómo sería este proyecto visto desde España, nos gustaría impulsar uno basado en la idea de rehumanizar la globalización. Trabajar desde Europa y Estados Unidos para asegurarnos de que este increíble progreso que hemos conseguido desde la Segunda Guerra Mundial, este período largo de paz en el mundo, en términos generales –más allá de los conflictos que han existido–, no deje a ningún ciudadano atrás. Ese es el gran problema que tenemos que gestionar y me gustaría redefinir este proyecto y rehumanizar la globalización con la administración americana que salga de las elecciones.

«La descarbonización puede ser la palanca de la nueva competitividad europea»

Como antigua subsecretaria general de la ONU, se habrá encontrado con más de una situación en la que los mecanismos de control, el veto y la burocracia de las Naciones Unidas hiciesen que se llegase tarde con las soluciones. En los últimos meses precisamente se han sucedido las críticas a la Organización Mundial de la Salud por la lentitud en la gestión de la pandemia.  ¿Es hora de repensar el multilateralismo?

Las organizaciones internacionales funcionan a medio gas porque sus Estados miembros, que son quienes las poseen, quieren que funcionen así. Para que el multilateralismo funcione mejor no tenemos que echarle la culpa a los dirigentes de esas organizaciones, sino poner energía política y entender que si dotamos a la Organización Mundial de la Salud de más capacidad de acción en vez de castrarla, nos ayudará a gestionar mejor la próxima pandemia. La respuesta está en manos de sus miembros, que son los propietarios o «accionistas» de esas organizaciones internacionales. Deberíamos hacer más autocrítica y, por eso, España busca impulsar una reforma del multilateralismo y hacerlo dotando a las organizaciones de mayor capacidad de acción, autonomía y de mayor capacidad para ayudarnos a gestionar nuestra interdependencia.

Una vez llegue la vacuna para la COVID-19, ¿cómo evitar que los países más vulnerables se queden sin acceso a ella?

Entendiendo que nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. De nada sirve pretender que la vacuna sea solo para nosotros. Lo que necesitamos, tanto en este caso como en el del resto de tratamientos, es cooperar internacionalmente en innovación, investigación y producción. Una vez que se haya descubierto, también tenemos que colaborar en la distribución, asegurándonos de que esa vacuna llegue a todos los rincones de este planeta. Así es como conseguiremos proteger mejor a nuestros ciudadanos. España ha apostado por un consorcio internacional, un esfuerzo de cooperación liderado por la Unión Europea, al que el presidente del Gobierno le ha dado todo su apoyo moral y financiero.