México: frontera norte, frontera sur

Damián no llega a los 30 años. En su país, tenía un buen trabajo. Durante más de un lustro, se dedicó a la maquila, ordenando los procesos, en una fábrica que exportaba a Estados Unidos. Se montó una buena vida. Se casó, tuvo un hijo. Todo le sonreía. Pero, un día, su Gobierno decidió que tenía que subir el salario mínimo y su empresa, que ya no podía pagar a tantos trabajadores. Primero, despidieron a su compañera de vida, como la llama él. Luego, al propio Damián. Sin trabajo, con los 700 dólares de la indemnización, decidió que era hora de emigrar.

Desde un refugio de migrantes en la capital de su país de acogida, Damián cuenta cómo, al cruzar al norte, tuvo que escapar de la policía migratoria, cómo dos de sus compañeros de viaje ya fueron deportados, cómo pasó por riesgos, penurias y estafas, con tal de tener la posibilidad de dar de comer a su hijo. «Pensarás que fucking gringos, ¿verdad?», dice el joven, «lo cierto es que soy de El Salvador y que el país que me jodió es México». Su nombre, por motivos de seguridad, es ficticio.

México tiene dos fronteras. Una es terriblemente conocida. Son los más de 3.000 kilómetros que comparte con Estados Unidos, los mismos donde Donald Trump, el presidente más impredecible y demagogo que ha tenido el país de las barras y las estrellas, quiere sellar con su Great Great Wall. La frontera más transitada del mundo, donde un millón de personas –de forma legal– y más de 500.000 vehículos traspasan cada día sus 56 puestos fronterizos. Los dos países intercambian un millón de dólares al minuto. Es la línea que Trump convirtió en uno de los ejes centrales de la campaña que lo llevó a la presidencia y por la que cada año cruzan, sin papeles, cientos de miles de personas. Y cientos de ellas mueren.

México y Estados Unidos comparten 3.000 kilómetros de frontera y un comercio equivalente a un millón de dólares por minuto

Pero al sur, México toca otros dos países, principalmente Guatemala y un poco de Belice, a lo largo de 1.130 kilómetros. Más de la mitad son los ríos Suchiate y Usumacinta, y hay once puestos fronterizos, nueve en Chiapas y dos en Tabasco. Y, mientras se queja de las amenazas de deportación de Donald Trump a sus nacionales residentes sin papeles en EE. UU., colabora activamente con su política migratoria deteniendo y deportando a los cientos de miles de víctimas que tratan de atravesar México huyendo de la pobreza y la violencia de Centroamérica.

En los dos últimos años, Estados Unidos ha deportado del país a unas 617.000 personas, entre mexicanos, centroamericanos y otras nacionalidades, de acuerdo con los datos de la U. S. Inmigration and Customs Enforcement. México, según sus estadísticas y bajo los eufemismos de «eventos de retorno asistido de centroamericanos» y «eventos de retorno asistido de menores», ha expulsado en el mismo periodo a 400.000 habitantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el programa Frontera Sur, puesto en marcha por el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, en 2014, ha exportado a México el problema migratorio de Centroamérica.

«La política migratoria mexicana responde a las exigencias del vecino del norte. Además, lo hace de una forma muy torpe, ya que no logra nada a cambio; no saben negociar usando nuestra gran baza: los migrantes nuestros que viven allá y su fuerza de trabajo», explica Marta Sánchez, socióloga, hija de republicanos españoles exiliados a México y cofundadora de la organización Movimiento Migrante Mesoamericano, que tiene como principal objetivo ayudar a madres de migrantes desaparecidos a encontrarlos. «Estados Unidos impone sus políticas migratorias, dando dinero a México que se usa, en vez de para defender los derechos humanos y a la gente que atraviesa este país, para armas, policías, militares», añade Sánchez.

México sirve de Great Great Wall para que los migrantes centroamericanos no lleguen a Estados Unidos. Todo comenzó con la llamada «crisis de los niños migrantes centroamericanos», que enfrentó Barack Obama en 2014. Ese año, decenas de miles de menores llegaban solos a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, donde no tenían instalaciones adecuadas ni recursos para procesarlos judicialmente. El programa Frontera Sur establecía un blindaje policial para ser la primera barrera entre los centroamericanos y el sueño americano. Funcionarios estadounidenses anunciaron el envío de 90 millones de dólares para este programa, que logró que casi se doblara el número de migrantes centroamericanos detenidos y deportados en México: 97.245 entre julio de 2013 y junio de 2014 frente a los 174.159 en un mismo periodo, entre julio de 2014 y junio de 2015.

«Esa crisis fue fabricada por Obama para justificar la exportación de sus medidas de migración a la frontera sur de México, y que la gente no se ofendiera por la militarización, ya que había una crisis con menores y eso era prioritario», explica Sánchez. «Yo estudié las estadísticas y se hablaba de 63.000 migraciones en esa frontera en el punto culminante de 2014. Pero, de ellos, solo 500 eran menores de cinco años y solo 1.700 eran menores de 13. Los otros eran de 14,15,16…, muchos ya padres de familia, gente que siempre había emigrado y a los que no los puedes etiquetar como niños. No hay nada mejor que vender que hay una crisis con menores para que la opinión pública no se levante contra las violaciones de los derechos humanos en las medidas de extradición».

México ha expulsado en dos años a 400.000 habitantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

Teniendo en cuenta esto, ¿no resulta irónico que México se queje de las deportaciones de Estados Unidos mientras el país hace lo mismo con los centroamericanos? «Nos gastamos el dinero en propaganda y hemos vendido que somos un país que respeta a los migrantes. México habla mucho de la defensa de los migrantes, pero hace muy poco al respecto. Es un país completamente hipócrita, aunque ahora tiene la oportunidad de cambiar ese discurso. Pero yo no le tengo nada de confianza al Gobierno mexicano», opina Sánchez.

Una travesía llena de peligros

«En todo, llegué yo a Ciudad de México: en lancha, autobús, a pie, en el tren», cuenta Damián. «Yo no quería venirme, pero un amigo que había estado en Estados Unidos me convenció a mí y a otros dos y salimos el 6 de marzo». Viajaron al norte, entraron en Guatemala como turistas y se dirigieron al departamento de Petén, al norte del país y frontera con México. Tras pagar el respectivo soborno a unos policías de Guatemala, 50 quetzales (unos 5 euros), llegaron al río Usamichita, que separa los dos países.

«Lo cruzamos en lancha y llegamos a Frontera Corozal, en Chiapas, donde agarramos un taxi para que nos llevase a Pakalna, a 140 kilómetros al norte, que nos cobró 2.000 pesos mexicanos [unos 100 euros] y 200 pesos por cada retén de migración que pasábamos, para darle a la policía», sigue relatando. Pasaron así unos seis retenes y Damián cuenta que iba contento, feliz. Todo salía a pedir de boca. Lograron hasta pasar un control militar, «con armas largas y demás», tras pagar 20 dólares.

«Pero, de repente, el pinche taxista paró frente a un retén con 12 agentes de la migra con un coche. Uno de mis compañeros salió corriendo y yo fui detrás, pero agarraron a los otros dos, que ya están de vuelta en El Salvador». Damián cree que los vendió. «Era de noche y salimos corriendo hasta un bosque, donde nos ocultamos, pero oíamos de fondo a los de la migratoria, buscándonos. Estuvimos cuatro horas así, hasta que empezó a llover y se fueron».

Aunque uno de sus amigos capturados era el que tenía los contactos y el conocimiento, Damián y el otro superviviente decidieron seguir adelante. Se montó dos veces en La Bestia, el tren de mercancías que atraviesa México y que es famoso porque muchos de los migrantes que se suben pierden sus extremidades cuando tienen que tirarse en marcha para evitar que los capturen, como fue el caso de Damián, en dos ocasiones, si bien salió indemne. Durmió en albergues, se encontró con miembros de la mara Salvatrucha, que, por ser salvadoreño, lo dejaron pasar. Finalmente, una mujer que le dio de comer en un pueblo le contó una estrategia para llegar a Ciudad de México por caminos secundarios, en autobús. Al llegar a la capital, fue a un albergue, donde lo ayudaron a conseguir una visa humanitaria, y Damián comenzó a pensar que tal vez México era mejor destino que el nuevo Estados Unidos, el de Donald Trump.

Desde la victoria del nuevo presidente y su retórica antimigración en noviembre de 2016, las solicitudes de asilo de centroamericanos en México se han disparado: 14.500 en 2017, un 66% más que el año anterior. Son pocos comparados con el total, estimado en casi medio millón al año, pero el dato muestra una tendencia. Al mayor miedo a ser deportados, hay que sumarle que los precios de los coyotes o polleros, los que cobran por ayudar a cruzar la frontera a los migrantes, también se han desbocado. De acuerdo con un reportaje realizado por Telemundo, pueden cobrar hasta 13.000 dólares, más del triple que antes.

Es la última escalada en un endurecimiento en las condiciones de la frontera. Cuando uno viaja al mundo rural mexicano, es habitual encontrarse con migrantes que cruzaron antes de la década de los noventa, y cuentan que iban solos, sin coyote, y que hasta volvían de vacaciones casi cada año a México y luego volvían a cruzar tranquilamente.

«El negocio de los polleros, que antes estaba en manos de gente que había hecho varios viajes y ayudaba a otros a cruzar por dinero, ahora está en manos del crimen organizado y son hampones, que gestionan el flujo migratorio con el contrabando de drogas», explica la activista Sánchez, «y, cuando se resisten, hay malos tratos y la ruta por México es muy peligrosa para los centroamericanos». Un informe de Médicos sin Fronteras, elaborado en base a 476 encuestas realizadas en diversos albergues, arrojó que siete de cada diez migrantes centroamericanos habían sufrido violencia durante su ruta y que tres de cada diez mujeres habían sido agredidas sexualmente y violadas. El crimen organizado los secuestra y, a los que no pueden pagar, los convierten en mano de obra esclava hasta que saldan esa deuda imaginaria.

El comportamiento de las autoridades mexicanas tampoco es aceptable en muchas ocasiones. Damián consiguió un trabajo en México y, mientras esperaba un día el metro, conoció a un hombre. Llevaba una placa de agente de la ley y le dio confianza. El desconocido, tras un rato de conversación, le dijo que tenía una vivienda para él, a buen precio, que quería ayudarlo. Lo llevó en coche al albergue donde se estaba quedando y luego fueron juntos a ver la casa. Damián iba contento, feliz. Todo salía a pedir de boca. Hasta que el supuesto amigo le sacó una pistola y le quitó todo su dinero, el teléfono y el pasaporte. Le dijo que sabía quién era, que no fuese diciendo cosas por ahí. Damián ya no quiere quedarse en México. En estos momentos, planea la manera de saltar a Estados Unidos.