Inmigración, delincuencia, bulos

Artículo

Loola Pérez

@DoctoraGlas

Deshacer prejuicios y estereotipos sobre la relación, real o imaginada, de la delincuencia y la inmigración se ha convertido en un desafío para la convivencia democrática. De ello hemos sido testigo en las últimas elecciones nacionales, pero también cuando el voto se agitaba en Cataluña, Europa o en países vecinos, como Francia. En otros casos, el uso torticero de la estadística o de la noticia viral sobre un hecho delictivo, como fue el reciente caso del crimen de Mocejón, anima el populismo punitivo o un mayor control en la política migratoria.

El perfil criminológico de la delincuencia en España durante los años 2023 y 2024 es aún desconocido. Lo que sí sabemos es que aún cuando en esos años la población inmigrante continuó aumentando no lo hicieron los delitos cometidos por población extranjera. Al menos, así se constata en los datos oficiales que corresponden al año 2022. Igualmente, hay que considerar que, con respecto a esos últimos datos, sí se recoge un incremento en el número de delitos sexuales cometidos por menores, incluidos menores extranjeros. Este incremento parece llevar la misma tendencia que el incremento de delitos sexuales cometidos por menores no inmigrantes. De modo que, con respecto a esta categoría delictiva, el aumento es gradual y no responde a un perfil concreto de agresor, más allá de que el victimario sea menor de edad y varón.

En el Balance de Criminalidad facilitado por el Ministerio de Interior sí consta un cambio en la tasa de criminalidad española durante los primeros meses de este año. En este informe se observa un aumento de los delitos asociados a la ciberdelincuencia, la violencia sexual y el tráfico de drogas, los cuales deben ponerse en relación con las políticas activas de sensibilización social y las actuaciones policiales. Dicho informe no establece una relación entre delincuencia e inmigración. En todo caso, aun cuando existe un aumento en la tasa de criminalidad, en comparación con otros países del entorno, España sigue siendo un país seguro.

Deshacer estereotipos sobre la relación, real o imaginada, de la delincuencia y la inmigración se ha convertido en un desafío para la convivencia democrática

Otra cuestión que resuena en este debate tan maniqueo es la creencia de que la delincuencia es el resultado de la permisividad de los sistemas de control social y, en especial, del sistema penal y la gestión de las fronteras. Al respecto, se cree que si el Estado impusiera medidas de disuasión, vigilancia y castigo más contundentes, los delitos desaparecerían o, al menos, disminuirán considerablemente.

Sin embargo, la realidad es bien distinta: la imposición de controles y sanciones no suele provocar un descenso de los delitos. Tal actuación no tiene grandes efectos disuasorios ni presenta una función preventiva. En esa obsesión por el castigo ejemplar y el endurecimiento de las penas se descuida también la dimensión reparadora y resocializadora.

Además, las condenas más largas, aún pudiendo tener un impacto significativo en los criminales más peligrosos, no son una herramienta eficaz para disminuir los delitos cuando se aplica a individuos con un riesgo relativamente bajo de reincidencia. Semejante medida, además de cara, se justifica al margen de un conocimiento objetivo de la política criminal. Declinarse por ello a menudo responde a un interés ideológico o busca evadir la crítica de ciertos grupos sociales.

Naturalmente, una sociedad que parece confiar al Estado mayores poderes de vigilancia y a los jueces una mayor dureza en sus castigos debería exigir un escrupuloso conocimiento de la delincuencia. En cambio, en términos generales, se ignora que los delitos responden a factores de distinta índole: individuales, sociales y culturales. Del mismo modo, se desdeña la evolución que han tenido las acciones preventivas y la cultura jurídica en los últimos veinte años, así como el papel fundamental que ante ello deberían tener los profesionales de la criminología y la psicología criminal.

Igualmente, ni una mayor vigilancia por parte del Estado ni una mayor severidad en las penas asegura el comportamiento prosocial. Para poder relacionarse e integrarse adecuadamente, las personas requieren de características individuales (equilibrio psicológico, capacidad de aprendizaje, autocontrol o empatía) y sociales, esto es, que sus respectivas comunidades favorezcan su desarrollo a través de recursos educativos, económicos y relacionales. Convendría, asimismo, sumar un tercer requisito: la estimulación y el refuerzo prosocial en las situaciones ambientales a las que las personas nos vemos expuestas. Allí y donde se favorecen y protegen las rutinas de vida y las conductas éticas se diluyen los factores criminógenos y los impulsos antisociales.

Todo lo anterior apunta a una serie de implicaciones prácticas: los factores de oportunidad y el derecho a la vida digna deberían reclamarse en detrimento del punitivismo y el excesivo control estatal. Se debe asimismo apelar al papel de los medios y los líderes de opinión al respecto, que filtran la realidad al seleccionar contenidos o presentarlos de una forma determinada. Evidentemente, esto comporta una influencia en la percepción pública.

Las redes sociales no solo están estableciendo una nueva agenda pública sino que están, a su vez, redefiniendo la percepción sobre los problemas sociales mas importantes. Lo hacen, mayoritariamente, a base de prejuicios, afirmaciones deterministas o fake news. La ciudadanía no puede permitirse perder el foco, ser víctima de la intoxicación desinformativa. Mientras se comparte, falsamente, que hay un aumento de los delitos cometidos por inmigrantes se olvida (intencionadamente) que lo que sí ha aumentado son los delitos de odio, siendo los delitos por racismo y/o xenofobia los más numerosos.