Menos pescado y menos dentista

Las cifras no nos hablan de las renuncias cotidianas, ni de lo que es vivir con problemas económicos que te quitan las ganas de comer y no te dejan dormir. Las estadísticas oficiales son muy útiles, pero no nos hablan de la angustia de un aviso de impago o de la zozobra de no llegar a final de mes, aun llegando exhausta a casa cada día después de trabajar. Tenemos que escuchar cómo es vivir la desigualdad y qué la alimenta. Para ello, desde Oxfam Intermón lanzamos una macroencuesta estadísticamente representativa con entrevistas a más de 4.000 personas. Un ejercicio que ha radiografiado las brechas sociales y económicas que existen en España: ingresos, empleo, vivienda, recortes cotidianos, pago de impuestos o salud mental.

Ocho de cada diez personas afirman que, en España, existen muchas desigualdades. La gente es consciente, las desigualdades se pueden tocar, se viven en propia piel. Las renuncias y los sacrificios se multiplican. Casi la mitad de la población se ha visto obligada a reducir los gastos en electricidad, calefacción o agua. Cuatro de cada diez personas no pueden afrontar gastos imprevistos superiores a los 600 euros: no pueden reparar la avería del coche o se duchan con agua fría porque no tienen con qué pagar la reparación del calentador. Además, un amplio espectro de la población afirma que compra más productos de oferta o reduce la compra de productos frescos. Y de nuevo, en el caso de las personas de nivel socioeconómico más bajo, las cifras empeoran en más de 10 puntos. Llueve sobre mojado.

«En España, el 70% de la población tiene problemas para llegar a fin de mes»

No son solo los recortes en energía o en la cesta de la compra. Más del 40% de la población afirma que ha renunciado a gastos en salud: dentista, la compra de gafas o audífonos, fisioterapia o no recibir tratamiento psicológico. Entre las personas que no llegan a fin de mes, la cifra es demoledora, rozando el 70%.

Trabajo y vivienda accesible son las bases indispensables para una vida digna. Y, sin embargo, los resultados indican que más de la mitad de la población está insatisfecha con su situación económica y cuatro de cada diez personas no están contentas con su vida laboral. En el caso de las mujeres, cinco de cada diez. Son cifras preocupantes. Esta insatisfacción se dispara hasta el 70% en los niveles socioeconómicos bajos, y roza ese mismo porcentaje en el caso de las personas racializadas.

El acceso a la vivienda lleva meses ocupando las portadas de diarios. En 2023 los precios de los alquileres han estado en máximos históricos y en 2024 no parece que vayan a bajar. Más del 60% de la población invierte más del 30% de sus ingresos en el pago del alquiler. Otro tanto sucede con las hipotecas, donde más de la mitad de la población también invierte más de un 30%. Una situación que de nuevo empeora al poner la lupa en personas racializadas o con rentas más bajas.

Pero las desigualdades no son fruto de la fatalidad, sino el resultado de decisiones políticas y económicas y, por tanto, pueden y deben revertirse. Además, dos de cada tres personas creen que se pueden erradicar y señalan con claridad quién tiene que hacerlo. Para más del 70% de la población, las instituciones públicas son las que tienen más medios para hacerlo. Y apuntan dónde están las prioridades: empleo de calidad, acceso a la vivienda, sanidad y educación públicas. Pero casi el 75% de las personas encuestadas consideran que los actores políticos prestan poca atención a las preocupaciones de la ciudadanía.

Y para poder reducir de forma significativa las cifras de pobreza y las brechas actuales de desigualdad, España debe llevar a cabo cambios estructurales y reformas de calado.

Impulsar el empleo de calidad, blindar las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o reformar las políticas activas de empleo están entre las mejores vías para mejorar la calidad de vida de millones de personas y reducir sustantivamente la pobreza y la exclusión social.

«Debemos seguir mejorando nuestro sistema de protección social, que sigue infradotado y es esencialmente contributivo»

También lo es seguir reforzando nuestros sistemas públicos de educación y de sanidad, la espina dorsal de nuestro estado del bienestar, que deben tener vocación universalista. Debemos seguir mejorando nuestro sistema de protección social, que sigue infradotado y es esencialmente contributivo. La persistencia de la pobreza infantil desvela fallos en el sistema de protección social, los elevados niveles de «non take up» en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) muestran la necesidad de mejoras sustantivas en su diseño e implementación. Pero más allá de ajustes urgentes, necesitamos redibujar nuestro sistema de protección social para que sea un sistema bien dotado, ágil, preventivo y de carácter universal, que llegue a toda la población vulnerable o en riesgo de vulnerabilidad, sin importar su trayectoria laboral, género, edad, procedencia o situación administrativa.

Ninguna de estas medidas será viable sin un instrumento financiero sólido que permita desplegar políticas públicas ambiciosas. Urge una reforma tributaria justa que garantice la progresividad y la sostenibilidad de las arcas públicas. Las medidas fiscales excepcionales de los últimos años deben consolidarse. Los impuestos a los beneficios extraordinarios deben hacerse permanentes, tiene que revisarse la tributación sobre la riqueza y las rentas de capital y debe acometerse una reforma profunda del impuesto de sociedades, en particular de grandes empresas internacionalizadas.

Las desigualdades dividen nuestro país y lastran el bienestar social. Polarizan, ponen a prueba las costuras de nuestra cohesión social y debilitan la confianza en las instituciones.

Frente a ello, la mayoría de la población está convencida de que estas desigualdades pueden erradicarse. Está en manos de los poderes políticos y de las empresas hacer que esta convicción de millones de ciudadanos sea una realidad.

Franc Cortada es director general de Oxfam Intermón.