Algunas verdades incómodas

Hace una década, coincidiendo con el foro anual de Davos, empezamos a publicar nuestro informe sobre la desigualdad en el mundo. Desde entonces hemos visto cómo, año tras año, la riqueza extrema, concentrada en manos de unos pocos, ha crecido hasta niveles obscenos.

Esta noche, más de 780 millones de personas se irán a la cama con hambre. A día de hoy, 3.000 millones de personas siguen sin tener acceso a asistencia médica y tres de cada cuatro trabajadores no tienen garantizados derechos laborales tan básicos como una baja por enfermedad o un subsidio de desempleo. Cada día, millones de personas se levantan angustiadas y hacen verdaderos malabares para pagar sus facturas o calentar sus casas.

Pero estas desigualdades no son inevitables ni son fruto de la fatalidad. Son el resultado de opciones políticas e ideológicas en materia de fiscalidad, derechos laborales, monopolios y propiedad intelectual o el control de la tierra y los recursos naturales. Son el resultado de un sistema económico que incentiva y premia la acumulación del capital.

Gravar la riqueza de los más ricos ya no es una opción, sino una obligación

Durante los últimos años, los beneficios empresariales de las grandes corporaciones tecnológicas, energéticas o bancarias se han disparado. El 1% más rico de la población acapara ya dos tercios de toda la riqueza generada desde finales de 2019, mientras el resto sufríamos los embates de la policrisis. Esta pequeña élite ha acumulado el doble de riqueza que el 99% restante de la población mundial. Enormes fortunas para una minoría privilegiada, que concentra riqueza y poder. A la par, sus impuestos han caído a su nivel más bajo en décadas.

Los gobiernos tienen una opción: ¿permiten que esto suceda sin control o actúan?

Muchos multimillonarios pagan tasas impositivas de un solo dígito y la mitad de ellos viven en países sin impuestos de sucesión, contribuyendo a que esta riqueza crezca de generación en generación. El peso de las políticas fiscales lo sostenemos las familias, la clase trabajadora: de cada dólar recaudado en impuestos a nivel global, tan solo cuatro centavos se recaudan sobre la riqueza.

En todo el mundo, los impactos de estas crisis solapadas han dejado las finanzas públicas de muchos gobiernos al límite. Y los países más empobrecidos del sur global, estrangulados además por el pago de deuda, al borde de la quiebra. Todo ello limitando gravemente la capacidad real que estos gobiernos tienen para amortiguar y revertir el impacto de estas crisis en su población.

Afortunadamente, tenemos una solución a nuestro alcance: contar con unos sistemas fiscales justos y progresivos, que persigan la elusión y la evasión fiscal, que graven los beneficios empresariales extraordinarios y que garanticen que paguen más quienes tienen mucho más.

Gravar la riqueza de los más ricos ya no es una opción, sino una obligación. Un impuesto sobre el patrimonio de hasta el 5% para los ultrarricos recaudaría hasta 1,7 billones de dólares anuales. En Nigeria y la India, por ejemplo, estos ingresos podrían aumentar el gasto en salud en un 14% y un 33% respectivamente, en dos países donde la mortalidad de madres durante el parto sigue siendo altísima. Imaginémonos cuánto personal médico podría financiarse con ese dinero y cuánto sufrimiento se podría evitar.

Los recursos financieros están ahí si los redistribuimos. Unos recursos que deben apuntalar políticas inclusivas y mayores inversiones públicas en protección social, educación o sanidad, mecanismos predistributivos esenciales para actuar ex ante sobre las causas de la desigualdad.

Nos toca reimaginar y transformar nuestro modelo social y económico para revertir unas desigualdades que condenan a millones de personas. Necesitamos transitar hacia una economía que deje de estar al servicio de una élite y funcione para el 99%, con el fin de construir un mundo más justo, sostenible y sin pobreza. El momento es ahora.

Franc Cortada es director general de Oxfam Intermón.