Leyes contra el ecocidio

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Raquel C. Pico

@raquelpico

Este verano, Chile incorporó a su código penal el concepto de ecocidio. Lo hizo de forma indirecta, aunque no lo menciona como tal, sí habla de lo que el ecocidio supone. Ha sido una decisión histórica que confirma que atacar vía legislación el abuso de los recursos naturales se está asentando como uno de los caminos que están tomando diferentes países alrededor del mundo.

Por definición, el ecocidio es «cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente». El concepto fue definido en 2021 por un panel de expertos independientes convocados por la Fundación Stop Ecocidio. Y esa es la que están pidiendo ahora que la Corte Penal Internacional incorpore al Estatuto de Roma.

Aun así, el término no es nuevo. De hecho, algo más de una docena de países en todo el mundo ya tienen leyes sobre el ecocidio, algunos desde incluso los años 90. Unos cuantos más están trabajando para hacerlo o están cerca de tipificarlo. Bélgica es el caso más reciente. Además, en febrero, el Parlamento Europeo aprobó la nueva normativa europea de delitos ambientales, que no incluye el término pero que, como en el caso chileno, sí sus áreas de impacto.

La Unión Europea ha estado endureciendo en los últimos meses las diferentes normas comunitarias relacionadas con los delitos ambientales. Según datos del Consejo de la Unión Europea, «la delincuencia medioambiental es una de las actividades delictivas organizadas más lucrativas del mundo». Ahora mismo, es la tercera industria criminal del mundo, con un crecimiento de entre el 5 y el 7% interanual y causa pérdidas de entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, es difícil de detectar y de sancionar.

El Parlamento Europeo aprobó este año la nueva normativa europea de delitos ambientales

En noviembre de 2023, se cerró un acuerdo para aumentar la lista de potenciales delitos ambientales y sus penas. Así, la lista pasó de 9 a 18 crímenes tipificados en la normativa europea. Entre los nuevos delitos, se encuentran el tráfico de madera, el reciclado ilegal de componentes de barcos o las infracciones serias en la normativa sobre químicos. Las penas también se han vuelto más duras, tanto en tiempo de cárcel como en multas. Por ejemplo, la penalización económica oscilará entre el 3 y el 5% de la facturación de las empresas, o entre los 24 y los 40 millones de euros.

«La delincuencia medioambiental causa daños devastadores a nuestro medio ambiente, perjudica nuestra salud y nuestra economía», asegura Virginijus Sinkevičius, comisario responsable de Medio Ambiente, Océanos y Pesca. «Durante demasiado tiempo, los delincuentes se han beneficiado de la debilidad de las sanciones y de la falta de ejecución», lamenta.

En paralelo, la UE ha ido cerrando acuerdos provisionales para afianzar otras normativas comunitarias que reduzcan el impacto en el medio ambiente. En los últimos meses, se ha endurecido la norma de gestión de residuos, incorporando obligaciones de pago para las industrias contaminantes (las farmacéuticas y cosméticas deberán asumir el 80% del coste del tratamiento adicional para eliminar microplásticos); se ha regulado el packaging, para obligar a que este sea más sostenible y reducirlo al mínimo; y se han aprobado medidas parlamentarias para reducir contaminación industrial y de las granjas, codificando multas para quienes incumplan.

El medio ambiente, a juicio

Las leyes concretas están emergiendo, pero la cuestión verde lleva siendo una cuestión penal ya desde hace algún tiempo. A nivel global, activistas y organizaciones de todo tipo llevan décadas haciendo activismo judicial. En 2022, se registró en Francia –el primer país de la Unión Europea en tipificarlo en su código penal– la primera demanda por ecocidio en Europa, centrada en la contaminación química. Pero incluso allí donde el ecocidio no es todavía parte de la ley, se han presentado demandas, aprovechando otras normas.

Desde 2017, se han duplicado los litigios ambientales, según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia. Y los demandados no son solo empresas; también se está acusando a los organismos públicos de no hacer lo suficiente para frenar el cambio climático.

Fuentes expertas esperan que la cifra de litigios climáticos vaya en aumento en las próximas décadas. Las sentencias, al convertirse en jurisprudencia, pueden afianzarse como material para el cambio.

Una gran parte de los litigios climáticos se producen en los tribunales estadounidenses, aunque también se están produciendo ejemplos más cercanos. En España, la demanda colectiva de varias oenegés contra el Gobierno se resolvió a favor del Estado. La más reciente –y llamativa, porque implica a dos compañías privadas tanto como demandante como demandada– es la que acaba de enfrentar a Repsol e Iberdrola. Esta última ha denunciado a la primera por, según sus acusaciones, hacer greenwashing y, con ello, distorsionar el mercado.

El ecopostureo es una de las grandes preocupaciones de este momento, incluso fuera de los tribunales. Euromonitor ya apuntaba en diciembre en sus proyecciones de consumo para 2024 que una de las claves sería lo que llamaban «greenwashed out», un mayor cuestionamiento de las promesas «eco» y un rechazo más pleno de las que no tienen fundamentos reales.

Por ello, no sorprende que vaya a ser también una de las áreas clave de la normativa verde que se avecina. En España, se trabaja en la llamada Ley de Consumo Sostenible, que penalizará que se vendan como «verdes» productos que no lo son y los considerará competencia desleal. Las multas, según ha adelantado El País, podrían llegar a los 100.000 euros.

Sobre el ecocidio, aunque todavía no forma parte del código penal español, el Parlamento catalán ha iniciado un procedimiento para conseguirlo.