Como las demás

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Inés G. Caballo

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Hubo un tiempo en que, cada 26 de abril, se celebraba en España el Día del Subnormal. Y así lo hicimos durante casi dos décadas. Antes de aquello al diferente se le encerraba en casa, por vergüenza.

Nos creíamos modernos e inclusivos. Eran los 60, los 70 y buena parte de los 80. Se crearon asociaciones que llevaban «subnormal» en el nombre y el término estaba en decretos, noticias y hasta en la sopa. A la par que las instituciones promovían campañas para luchar contra la discriminación, en las calles, en los coles y en los reproches salía a relucir la palabra con evidente carácter despectivo. Naciones Unidas habló de los Derechos del Deficiente Mental en 1971 y de los minusválidos cuatro años después.

Nuestra Constitución, en su artículo 49, reza que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos». Es decir, nuestro texto pretende integrar y reconocer los derechos del colectivo, pero en el nombre llevaba el pecado y la penitencia. Disminuido. Con menos fuerzas o aptitudes.

Subnormal, según la RAE, es un adjetivo que, referido a una persona, significa que tiene una capacidad intelectual «notablemente inferior a la considerada normal». Incapacitado, enfermo, discapacitado, subnormal, deficiente, disminuido, minusválido.

Desde hace más de un lustro las asociaciones de personas con discapacidad se han echado también esa batalla a la espalda. Porque las palabras importan. Lo sabe bien Vicky Bendito, la periodista que ha luchado titánicamente para dar visibilidad a un asunto que nos concierne a todos.

Desde 2018 la reforma del artículo 49 de la Constitución está sobre la mesa. El requisito para salir adelante es el de aglutinar a tres quintos en el Congreso y el Senado. Quién podría votar en contra de un asunto de sentido común, de conciencia cívica, de derechos humanos. Pero, ay, amigos, la política actual nos tenía reservados momentos aún para la sorpresa y la miseria moral. Vox votó no. Y tuvo que explicarse, claro.

Básicamente, aseguran estar muy comprometidos con las peticiones de las personas con discapacidad, pero se oponen porque no pueden permitir(se) votar a favor de un texto acordado por PP y PSOE en el que se diferencia a estas por razón de sexo y porque no pueden apoyar algo que impulsen los mismos socialistas que, según Vox, están vulnerando la Constitución.

«Vox mete literatura para justificar que prefieren seguir con un texto que humilla. Priorizan las siglas a los derechos»

En definitiva, Vox mete literatura para justificar que prefieren seguir con un texto que humilla. Que anteponen el desprecio constitucional a las 3.391.955 personas que, hasta 2022 tenían ya reconocido un grado de discapacidad, a votar del lado de unos u otros. Priorizar las siglas a los derechos. Está bien dejar las cosas tan claras.

Luego están las trampas. Decir no a esta reforma urgente y necesaria amparándose en que discrimina por sexo. Todo porque en el texto propuesto se añade que «se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad». Como si este apunte restara atención a los hombres con discapacidad. Es un burdo engaño o un desconocimiento absoluto de la realidad en el mejor de los casos.

Las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación, por ser mujeres y por tener una discapacidad. Y eso se traduce, entre otras cosas, en salarios más bajos que sus iguales varones y en mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Porque casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tienen hasta casi cuatro veces más riesgo de sufrir violencia sexual, como recuerda la UE.

Reconocer el riesgo mayor al que están expuestas las mujeres y las niñas con discapacidad no es solamente atender a los datos, es cumplir con el compromiso adquirido con Naciones Unidas porque, aunque Vox lo ignore (voluntariamente o no), España firmó y ratificó un texto que está en vigor desde 2008. Los de Abascal se esconden bajo la falsa bandera de la verdadera igualdad. Negacionistas de la violencia de género, de los techos de cristal. Para ellos, la violencia no tiene género y el mérito tampoco. Pero obvian las cartas con las que juegan unos y otras.

«Reconocer el riesgo mayor al que están expuestas las mujeres y niñas con discapacidad es atender a los datos y cumplir con el compromiso adquirido con la ONU»

El discurso de Vox es hipócrita desde el mismo momento en el que se oponen a considerar las particulares necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad (reconocidas internacionalmente) pero no se atreven ni a mencionar la principal discriminación por sexo que ampara nuestra carta magna, la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona. Ahí, chitón.

¿Qué puede haber detrás de esta postura? Más allá del tacticismo político, es el retrato de una forma de entender la vida en sociedad. Ha resultado que los abanderados de la moralidad han mostrado su verdadera cara. La de quienes no saben de derechos humanos, sino de caridad cristiana selectiva. La de quienes son incapaces de mirar a un niño con TEA, a una mujer con sordera, a un joven con síndrome de Down o a un hombre con las piernas amputadas como un igual. La de quienes creen que se les debe dar las gracias por tenerles en cuenta.

Resuena en mi mente aquella frase que le dirigió el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, a la procuradora socialista Noelia Frutos. «Mire, señora Frutos, yo no le voy a tratar con ninguna condescendencia y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás».

Así se explica mejor el «no». Así de claro puede ser un programa político. Así de infame es el populismo.