Opinión

La amnistía y el falso consenso

La ley de amnistía, como en general todas las leyes de amnistía, es una medida de gracia extraordinaria y requiere de un consenso para ganar legitimidad.

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21
diciembre
2023

Se ha escrito mucho sobre la ley de amnistía que aprobó el Gobierno para los líderes del procés, una ley sin precedentes: por su alcance, porque está escrita por los mismos que se beneficiarán de ella (especialmente el líder independentista prófugo Carles Puigdemont), porque el Gobierno ha acabado admitiendo que si no hubiera necesitado los siete votos de los independentistas catalanes de Junts no la habría propuesto (lo que cuestiona bastante su idoneidad y necesidad), porque supuestamente servirá para cerrar heridas pero se ha hecho sin consenso a pesar de su importancia. Me quiero centrar en este último aspecto.

La ley de amnistía, como en general todas las leyes de amnistía (que suelen producirse en circunstancias excepcionales, sobre todo en «cambios de régimen»), es una medida de gracia extraordinaria. Al anular unos delitos, desvirtúa el principio de igualdad ante la ley. Una amnistía, por lo tanto, requiere de un consenso para ganar legitimidad. ¿Necesita legalmente un consenso? No. Pero en democracias liberales las formas son a veces el fondo.

La ley de amnistía a los líderes del procés carece de consenso. Casi el 60% de los españoles está en contra de ella, según una encuesta de El País. Una de las preguntas de la encuesta es: «Cuando oyes hablar de la palabra amnistía, ¿qué te viene a la cabeza?». Las opciones son «privilegio, injusticia, convivencia, integración». Un 59,4% piensa en privilegio, un 59,2% injusticia. Solo en Cataluña, los porcentajes que piensan que son injusticia o privilegio son del 42% y 39% respectivamente.

Casi el 60% de los españoles está en contra de la ley de amnistía, según una encuesta de ‘El País’

El Gobierno de Pedro Sánchez ya hace tiempo que ha abandonado el discurso del consenso. Los gobiernos gobiernan para los suyos, pero al menos dicen que lo harán para todos. El Gobierno de Sánchez, en cambio, admite explícitamente que gobierna para los suyos, o mejor dicho, contra los otros: esos otros son «las derechas» y los millones de votantes que las apoyan. Sánchez dijo tras las elecciones del 23 de julio que «somos más»; ha hablado del «muro» que ha erigido frente a la oposición. Es una táctica de tierra quemada que dificulta el entendimiento a largo plazo entre las fuerzas políticas mayoritarias en España. Como ha dicho la filósofa Adela Cortina, «el Gobierno no tiene el menor interés en generar una voluntad común».

Este abandono de la vocación mayoritaria, una vocación que debería ser esencial en todo gobierno, no parece una estrategia muy inteligente si uno aspira a que sus políticas tengan arraigo y aprobación social, garantía de su supervivencia. Pero Sánchez no busca la estabilidad a largo plazo, y parece que tampoco le importa que sus políticas le sobrevivan a él. Porque son políticas cuyo principal objetivo, en muchas ocasiones, es simplemente apuntalar su propio poder.

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