A la espera de que España retome su normativa en diligencia debida

El transcurso de los años reduce la posibilidad de cumplir los objetivos en materia ambiental y de reducción de emisiones de CO2 fijados en el Acuerdo de París, incluyendo la limitación del calentamiento global para que no supere los 1,5ºC o la neutralidad de las emisiones a mediados de siglo. Abandonar la lucha contra la crisis climática no es una opción, por lo que resulta fundamental seguir avanzando y hacerlo con un compromiso mayor por parte de todos los agentes involucrados. En esta dirección está trabajando el Parlamento Europeo, que el pasado 1 de junio aprobó su Directiva en diligencia debida en materia de sostenibilidad, dirigida a todas las empresas que operen dentro de Europa.

Esta nueva normativa tiene como objetivo acabar con la voluntariedad por parte de las compañías a la hora de incorporar el cuidado del medio ambiente y la sociedad en su actividad diaria. De esta forma, se obliga a las empresas a informar sobre sus acciones en materia de sostenibilidad, fijando sanciones para aquellas que no cumplan con la norma, que pueden desde incluir la retirada de productos del mercado hasta multas en función de los ingresos de la compañía. Ahora, el deber de los países miembros es adaptar sus normativas para incorporar la normativa comunitaria a su legislación, como ya han hecho Francia o Alemania. Pero ¿qué avances está desarrollando España en este sentido y cuál está siendo su reacción?

De momento, España tiene pendiente su iniciativa legislativa de protección de los derechos humanos, la sostenibilidad y la debida diligencia en las actividades empresariales transnacionales, que lleva paralizada desde marzo de 2022. Es urgente agilizar el proceso de aprobación para situar al país al mismo nivel que los otros Estados europeos. De hecho, según el Índice de riesgo y rendimiento de la sostenibilidad empresarial, un informe anual publicado por EcoVadis que muestra los avances en sostenibilidad de las empresas a lo largo de toda su cadena de valor, la puntuación media de las empresas españolas se sitúa muy cerca de la europea (55 puntos sobre 100) en cuanto a la inclusión de estrategias ESG en el ámbito empresarial. Aun así, todavía hay mucho margen de mejora, sobre todo en las «compras sostenibles», una de las cuatro principales variables evaluadas, que registra una puntuación de 43 puntos en España frente a los 44,8 de Europa. Y aquí es donde la diligencia debida debe ejercer un mayor impacto de cara a que las cadenas de suministro incorporen el cuidado por el medio ambiente y los trabajadores. Esto es esencial para que las compañías mantengan su competitividad en un mercado global que exige alcanzar acuerdos de compras de mayor calidad y más responsables con el planeta.

La puntuación media de las empresas españolas se sitúa muy cerca de la europea en cuanto a la inclusión de estrategias ESG

Aunque la tendencia señala una mejora constante en el compromiso de las empresas españolas en términos ESG, este avance necesita el impulso de una normativa que dirija las acciones de las entidades para garantizar unos estándares de sostenibilidad en sintonía con lo establecido en la diligencia debida aprobada por el Parlamento Europeo. En este sentido, es cierto que la propuesta de ley española va por buen camino y pretende corregir algunas carencias que presenta la norma común. Así, España fija un límite más bajo en cuanto al número de trabajadores de las empresas que deben cumplir con las nuevas medidas, con el objetivo de que la ley impacte en la mayor cantidad de compañías posible. Por otro lado, también incluye la perspectiva de género y reconoce los derechos de información y asesoramiento por parte de los sindicatos para que los representantes de los empleados puedan fortalecer los estándares sociales, los derechos humanos y las obligaciones ambientales más allá de los límites de la empresa.

Los requisitos establecidos en las legislaciones en desarrollo siguen marcos de diligencia debida en materia de riesgos ampliamente aceptados en referencia a los derechos humanos y el medio ambiente. Adoptar un enfoque proactivo a la hora de prepararse para la entrada en vigor de la ley, desarrollando prácticas de diligencia debida en materia de riesgos o evaluando a los socios y proveedores, no sólo ayudará a cumplir la nueva normativa, sino que también es inteligente desde el punto de vista empresarial. Una mejor gestión del riesgo implica una mayor resistencia de la cadena de valor, menos pérdidas debidas a interrupciones y una mejor preparación para desastres climáticos o situaciones de crisis, entre otros. Anticiparse y comprometerse con la diligencia debida debe ser una prioridad para garantizar un impacto empresarial positivo y generación de valor presente y futuro.

Giulia Borsa es Senior ESG Solution Advisor en EcoVadis.