¿Cómo condiciona el tamaño de los municipios a la acogida de la transición verde?

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Esther Peñas

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La emergencia climática obliga a los países a realizar una transición que consiga una economía descarbonizada. Esto se traduce en políticas concretas que no afectan a todos los territorios por igual, ni en las responsabilidades ni en los beneficios, y que repercuten en la economía de los hogares. ¿Se está más dispuesto al sacrificio económico derivado de la implantación de algunas medidas de transición verde dependiendo de si se vive en un municipio pequeño o en una gran ciudad? ¿Los habitantes de los pueblos son más reacios a prohibir la macrogranjas que los urbanitas? ¿Los votantes de izquierdas que residen en áreas de baja densidad demográfica respaldan la prohibición de coches diésel?

El qué ocurre con la percepción de la transición verde según en qué lugar se viva es, justamente, lo que analiza el último estudio sobre polarización y actitudes publicado por el Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol,  El peso del territorio en las posiciones sobre la transición verde, realizado por Jorge Galindo, su director de economía política y visualización de datos.

A partir de los datos obtenidos en dos encuestas (una realizada en 2022 y otra este mismo año), el estudio concluye con un hecho sorprendente: el tamaño del municipio donde se resida no tiene un efecto relevante en las actitudes y valores más generales respecto al cambio climático. Un 70% de los encuestados, con independencia de la población en la que habite, le da una seria importancia. En términos generales, abstractos, hay un consenso sobre la importancia real del problema. Los matices surgen cuando se trata de las políticas concretas que se adoptan para combatir la emergencia climática.

«Lo que vemos en nuestro estudio es que hay acuerdo en la importancia y gravedad del problema, que no hay fuerte polarización afectiva respecto al cambio climático (rechazo a gente que no piensa como uno sobre esto), y que las divisiones comienzan a verse cuando concretamos las preguntas», explica el propio Galindo. «Eso lo que indica es que se trata de ajustar las medidas y repartir costes y beneficios de manera concreta. Es decir: quizás como ciudadanía estamos listos para pasar a la siguiente pantalla, que es la de discutir sobre los específicos», señala.

Jorge Galindo: «Hay acuerdo en la importancia y gravedad del problema, que no hay fuerte polarización afectiva respecto al cambio climático»

Asimismo, se concluye con que no existen diferencias significativas, sino más bien un consenso, «en no mantener una visión favorable de quien niega el cambio climático. Esta es una medida de polarización afectiva estándar: si se viera una separación muy clara entre gente muy afecta y otra muy desafecta, estaríamos observando precisamente esa polarización afectiva. Pero no es el caso», apunta Galindo.

Transporte público y privado

El área del transporte es la que más brecha abre dependiendo de dónde se viva. Según el informe, en los municipios más pequeños la probabilidad de estar «muy en contra» de prohibir los coches diésel a partir de 2025 es del 55%, para situarse quince puntos menos en las áreas más pobladas. Si miramos la medida desde el ángulo positivo, solo el 10 por cientos de los habitantes de los pequeños municipios la respalda, frente al 20 por ciento de quienes viven en los grandes.

Para la restricción de los camiones diésel, las diferencias son similares: «muy en contra» un 49% de los vecinos de los territorios más modestos frente a un 35 de los censados en las grandes concentraciones. En cuanto a posicionarse «muy a favor» de la medida crece del 15% al 22.

El efecto es menor en lo referido a los impuestos a la gasolina, pero sigue el mismo patrón. Los «muy en contra» conforman el 65% en los pequeños municipios frente al 50 en los más numerosos; no hay tanta diferencia entre quienes están «muy a favor» de la medida: del 5 al 10%, dependiendo del tamaño de su municipio.

Es en la prohibición de ciertos tipos de vehículos donde se ve más divergencia, quizás porque en los más problados hay más alternativas de transporte público que en los menos

La prevalencia del rechazo a políticas que implican impuestos y prohibiciones son más altos que los porcentajes que las respaldan, aunque el consenso hacia el no es más alto en lo referido a la prohibición de coches diésel y al aumento de impuestos a la gasolina que a prohibir camiones diésel o incrementar el impuesto de matriculación a vehículos grandes. Esto puede explicarse, tal y como apunta el estudio, a que las alternativas de transporte público son mayores cuanto más densidad de población tiene un territorio.

Renovables y explotaciones agrícolas

Por lo que respecta a la instalación de proyectos renovables, predomina una gran aceptación: la probabilidad de estar «muy a favor» de emprenderlos en la propia localidad pasa del 44 al 63%, de menor a mayor población. Aquí se polariza la cuestión: cuanto más pequeño y más grande sea el municipio, mayor aprobación reciben estas medias, lo que cuestiona la hipótesis manejada de que exista un efecto exclusivo cuando el proyecto se percibe más cercano.

Más sorprendente resulta el hecho de que el estudio pone en entredicho la dialéctica campo-ciudad en lo referido a explotaciones agrícolas y ganaderas (apenas hay seis puntos porcentuales de diferencia y cuenta, en ambos casos, con un sustancial grado de apoyo). «A mí también me sorprendió la escasa brecha existente en esta asunto», apunta el director del estudio. «Confirma que el marco desde el que una parte de las voces políticas abordaron la cuestión, especialmente en el punto álgido de atención pública hacia la misma, no se corresponde con la realidad, que es mucho más matizada», añade. «Sencillamente, esta dimensión no se activa en la vertiente territorial ni siquiera cuando existía intención de hacerlo desde diversos (y opuestos) puntos del espectro ideológico, así que más que tratar de explicar por qué no hay brecha quizás nos deberíamos preguntar por qué pensábamos que iba a haberla», indica.

Del mismo modo, hay un consenso en contra en el incremento del IVA a la carne así como a prohibir consumo de carne no ecológica, con independencia del número de ciudadanos del municipio.

El voto en función del territorio

El estudio demuestra que algunas de las políticas comentadas en los párrafos anteriores son más susceptibles de ser suscritas o rebatidas por votantes de según qué espectro político. Así, las medidas de transición verde solo encuentran oposición entre el 8% de los votantes de izquierdas, frente al 33% de los votantes de derecha.

Existen muchas dimensiones que impactan en la posición ante la transición verde, lo que es «una buena noticia para quienes busquen consensos»

Lo significativo del estudio es que la medida del territorio influye más que el voto a la hora de encajar ciertas medidas cuando se trata de votantes de izquierdas. Así, para los votantes del PSOE, dependiendo de si viven en municipios pequeños y grandes, encontramos una distancia de hasta 1,64 entre «muy a favor» y «muy en contra» respecto de las políticas analizadas. Algo similar ocurre entre los votantes de Unidas Podemos, donde la diferencia entre «muy a favor» y «muy en contra» es de 1,46 puntos.

A la derecha del espectro, votantes de PP y Vox provocan brecha considerablemente más pequeñas, entre quienes viven en territorios más y menos poblados, aunque los más reacios a medidas de transición verde son los votantes de Vox que residen en municipios medianos.

Las conclusiones de este estudio indican que hay «muchas dimensiones que influyen en la posición sobre aspectos específicos de la transición verde. Esto es, en realidad, una buena noticia para quienes busquen consensos, porque tendrán varios puntos para empezar a buscarlos», asegura Galindo. Es necesario «tener en cuenta el diferencial de posiciones e incorporarlo a las decisiones de política pública, en general. Más que una medida concreta, se trata de construir medidas equilibradas que se perciban como justas y de consenso, sin renunciar a los objetivos centrales de descarbonización», concluye.