«La persistencia de la pobreza infantil expone el fracaso de nuestra concepción del desarrollo»

Artículo

Esther Peñas

¿Cómo atajar la pobreza infantil? Es una de las grandes preguntas que aborda el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y especialista en economía del desarrollo José Antonio Alonso (Madrid, 1953) en su último ensayo, ‘El futuro que habita entre nosotros. Pobreza infantil y desarrollo‘ (Galaxia Gutenberg). Alonso analiza de qué modo condiciona la vida futura haber tenido una infancia marcada por la escasez o cómo se manifiesta la pobreza infantil en los países desarrollados.

Alrededor del 30% de la población mundial es menor de edad. ¿Cómo interactúan los sintagmas del binomio pobreza infantil y desarrollo, son inversa o directamente proporcionales?

Una de las ideas del libro es que el desarrollo no es posible, en un sentido genuino, sin afrontar con decisión el combate contra la pobreza infantil. Por decirlo de otro modo, la persistencia de la pobreza infantil es un exponente del fracaso de nuestra concepción del desarrollo. Se podrían aportar dos razones para justificar este juicio. La primera es que el nivel de desarrollo de una sociedad debiera estar definido por el tratamiento que esa otorga al más vulnerable de sus miembros.  Los promedios siempre son equívocos: lo importante es el grado de compromiso colectivo con quienes sufren el mayor desamparo. Y todos podríamos convenir en que la población infantil que vive en pobreza es la parte más desprotegida de ese grupo en desamparo. La segunda razón apunta a que el desarrollo es un proceso de transformación que se proyecta en el tiempo: es un esfuerzo en el presente para sentar las bases de un futuro mejor. Sería contradictorio pretender ese propósito consintiendo la pobreza infantil, ya que los menores, además de ser parte del presente, son la base más segura sobre la que erigir nuestro futuro colectivo. No invertir en ellos, en su bienestar, es demostrar una miopía mayúscula. Como el título del libro sugiere, ellos son «el futuro que habita entre nosotros».

Para que haya progreso, ¿es necesario que alguien pase necesidad?

La respuesta es categóricamente no. Tenemos suficientes recursos y capacidades para poner fin a la pobreza y sentar las bases de una sociedad más ordenada y decente. Si no lo hacemos no es por una imposibilidad material o por carencia de recursos, sino por la dificultad que comporta en un entorno social diferenciado alinear los intereses privados con los propósitos públicos e imponer criterios de justicia en el reparto de los frutos de la cooperación social. Lograr que el progreso sea compartido implica, sin duda, contener las pretensiones abusivas y las ansias de acumulación de los más afortunados. Deberíamos reconocer que, hasta el más privativo de los réditos, por fundado que parezca en el mérito, se sostiene gracias a la eficacia de una arquitectura social a la que es necesario que contribuya. La acción redistributiva es, pues, una parte obligada de un orden social sostenible. Puede generar tensiones políticas que hay que saber gestionar, pero, definitivamente, si se hace bien, el resultado es una sociedad más cohesionada y, a la vez, con unas bases más sólidas de progreso colectivo.

Apunta a la falta de previsión y a la nefasta distribución de los bienes como los dos ejes que apuntalan la pobreza infantil. Después de tantos años topándonos una y otra vez con estos dos resultados, ¿hay motivos para ser optimistas en el futuro?

Quisiera pensar que hay motivos para un prudente optimismo. Los problemas vienen de lejos, pero los niveles de interdependencia y de desarrollo material que hemos alcanzado han hecho que adquieran una relevancia y urgencia mucho mayor que en el pasado. Ese sentido de urgencia está calando en la sociedad y quizá motive un cambio favorable de actitudes, que espero que no sea solo temporal. Pensemos, por ejemplo, en el cambio climático. Reparemos en el otro componente: el incremento de la desigualdad. También aquí somos cada vez más conscientes de que unos patrones distributivos muy desiguales en un mundo crecientemente interdependiente solo pueden conducir a tensiones sociales, deterioro institucional e incremento de la inseguridad, con costes para todos. No es posible construir una adecuada gobernanza (ni nacional, ni internacional) sobre estructuras sociales fragmentadas, con niveles de desigualdad cronificados en el tiempo. Hasta el FMI, que antaño estaba muy distanciado de estos temas, ha llamado la atención sobre la necesidad de corregir la desigualdad para asegurar el progreso. Este cambio en la perspectiva puede ayudar a combatir la pobreza infantil porque, como sugiero en el libro, la pobreza infantil es el epítome de nuestra despreocupación por las consecuencias futuras de nuestras decisiones presentes y es, a la vez, la manifestación más lacerante de cómo se han relegado los aspectos distributivos a la hora de gestionar nuestros logros. Si ambos aspectos se corrigen, habremos sentado las bases para una política más sólida de promoción del bienestar infantil.

«Si no se acaba con la pobreza es por la dificultad de alinear los intereses privados con los propósitos públicos»

¿Cómo condiciona su futuro la infancia que se desarrolla en pobreza?

Existe una multitud de estudios en los ámbitos económico, social y psicológico que revelan que las consecuencias de la pobreza infantil perduran en el tiempo y afectan a etapas posteriores de la vida de las personas. Las carencias materiales y afectivas se trasladan en forma de déficits en el ámbito de la salud, de los logros educativos, de la capacidad para el rendimiento laboral y de los recursos de que disponen las personas para la interacción social. Esto es uno de los factores que hacen que la pobreza infantil no sea equiparable a la sufrida por otros colectivos sociales: sus efectos son duraderos y, a veces, irreversibles. Este hecho, a su vez, sienta las bases para un planteamiento en positivo, del que se da cuenta también en el libro. La inversión que se haga en inclusión social y apoyo educativo a la población infantil que vive en condiciones de pobreza es una de las inversiones socialmente más rentables. De hecho, pocas inversiones son más rentables para el conjunto de la sociedad. Esta hipótesis ha sido reiteradamente probada en el ámbito de la Economía y, de hecho, configura una de las aportaciones más centrales del trabajo de investigación realizado por el premio Nobel de Economía, James Heckman.

¿Cuánto de la omisión de los países desarrollados sostiene la esclavitud infantil? Por poner un ejemplo, Europa, en conjunto y por separado cada Estado miembro, mantiene acuerdos de todo tipo con Brasil, donde los menores soportan jornadas laborales de explotación.

La hipocresía y la incoherencia son males frecuentes en el campo internacional. Los gobernantes proclaman valores que difícilmente se trasladan a sus políticas nacionales. No obstante, un cierto grado de coherencia en la definición de políticas con impacto en los países en desarrollo podría ser más eficaz en ocasiones que muchos programas de ayuda internacional. Esto, que es una verdad incuestionable, sucede también con respecto a la infancia. La comunidad internacional (y, particularmente, los países desarrollados) debieran ser más exigentes en la demanda de un cumplimiento más estricto de las obligaciones que derivan de la Convención de Derechos del Niño, y esa exigencia debería estar acompañada de un mayor apoyo a los países que lo requieran, siempre que se avance en ese terreno. Lamentablemente, la ayuda internacional que hoy se destina de manera especializada a apoyar las políticas sobre la infancia está muy por detrás de lo que se debería.

En 2010, cinco años antes de lo previsto, se consiguió reducir a la mitad las tasas absolutas de pobreza, según los ODM. ¿Es una cuestión de beneficios económicos el hecho de que algunos de estos objetivos estén próximos a su consecución y otros (por ejemplo, la erradicación del trabajo infantil) resulten poco menos que quiméricos?

Todos entendemos que algunos objetivos de la agenda de desarrollo son más difíciles de conseguir que otros. Aquellos que dependen de la disponibilidad de medios materiales son muy accesibles, porque esos medios existen: basta con que se distribuyan adecuadamente. Aquellos otros objetivos que requieren cambios en la visión, en la organización social, en los valores colectivos, son siempre más difíciles de alcanzar. En el caso de los ODM, el propósito de reducir la pobreza extrema a la mitad de la existente en 1990 fue conseguido fácilmente debido a la bonanza económica que vivieron en el tránsito entre siglos países con un amplio volumen de población pobre, como China, India, Vietnam, Camboya o Bangladesh. Pero deberíamos ser muy prudentes en la valoración de estos logros, porque se refieren a una forma muy limitada de caracterizar la pobreza y remiten a un período especialmente favorable. Ahora vemos que, como consecuencia de la pandemia y de la crisis motivada por la guerra de Rusia, algunos de estos logros han sufrido un retroceso.

¿Cuáles son las amenazas de la infancia en los países desarrollados?

En el caso de los países desarrollados la pobreza se expresa más en términos relativos que absolutos. Por supuesto, existen también carencias absolutas, pero los fenómenos más extendidos son los que se producen como consecuencia de la exclusión, de la marginación social, de la desatención afectiva o del abuso. Todas estas patologías se pueden corregir a través de una política social activa. Lo que observamos, sin embargo, es que en muchos países desarrollados esas políticas sociales carecen del sesgo debido en favor de la infancia. Digamos que, a juzgar por los datos, es más eficaz la política orientada a combatir la pobreza de los adultos que la dirigida a combatir la pobreza infantil. Ese sesgo debe corregirse. No ayuda a ello, sin embargo, el hecho de que la población beneficiaria (los menores) tengan limitada la voz y nula capacidad de representación (voto) en los procesos de definición de políticas.  Como apunta la politóloga americana, Elizabeth Cohen, desde esta perspectiva los menores son todavía tratados como «semiciudadanos», algo sobre lo que deberíamos reflexionar.

«La acción redistributiva es una parte obligada de un orden social sostenible»

¿De qué modo puede repercutir el descrédito de las instituciones democráticas a la protección de la infancia?

Uno de los procesos de cambio que caracterizan a la infancia es el que remite a la socialización, a la interiorización de las pautas sociales, que es un proceso requerido para la sostenibilidad del orden social. La infancia actual vive una doble crisis en esa senda de socialización. Por una parte, los cambios acelerados en la configuración de las sociedades y en la legitimación de las instituciones hacen que los más jóvenes pierdan los referentes con los que construir la cartografía que les oriente en su progresiva integración social. Por otra, a los procesos de socialización primaria, asociados a la familia, se han sobrepuesto otros procesos de socialización más dinámicos y activos, en los que además de la escuela figuran los medios de comunicación y las redes sociales. Se genera así una polifonía en la que es difícil que los menores encuentren referentes seguros sobre los que articular su proceso de maduración. Desde esta perspectiva, el descrédito de las instituciones, además de una dimensión política, tiene una dimensión social que debiera suscitar preocupación.

Las niñas ¿acusan la pobreza por partida doble?

Efectivamente, la pobreza de las niñas encierra una especial severidad, porque se combinan y refuerzan las desigualdades sociales con las específicas de sexo. Por lo demás, hay manifestaciones de la pobreza que afectan especialmente a las niñas, como las referidas a la trata y explotación sexual o las asociadas a la violencia machista, tanto en el seno del hogar como en la calle. Esto obliga a una mirada que atienda a la especificidad de cada caso y que sea altamente sensible a las desigualdades que se refuerzan como consecuencia del encabalgamiento de diversos factores de segregación social, como el sexo, la raza, la religión, etc.

Para usted, la promoción del desarrollo está vinculada a la proyección anticipada de futuro. Me pregunto si es un momento histórico como el que nos ocupa uno puede hacer planes de futuro.

Inevitablemente, el ser humano proyecta todas sus decisiones hacia el futuro. El pasado es irrevocable y el presente, en puridad, deja de existir en el mismo momento en que lo consideramos. El grueso de nuestras decisiones se conforma como apuestas de futuro. En momentos como el presente, en que ese futuro aparece cargado de desafíos, con mayor razón debemos proyectar nuestras decisiones para tratar de evitar aquello que juzgamos como menos deseable. Es cierto, sin embargo, que, en un mundo tan volátil, esas decisiones están cargadas de incertidumbre; las certezas, si es que existen, se han vuelto menos firmes. Esto afecta a todos, pero especialmente a los más jóvenes, que son los que han de vislumbrar, en ese entorno incierto y cambiante, un itinerario confiable para sus vidas. La ausencia de ese itinerario confiable es parte de la crisis por la que atraviesa la juventud.

Hay quien afirma que la Ley trans es un peligro para los menores. ¿Qué hay de cierto, a su juicio, en esa afirmación?

La ley trans, tal como la entiendo, pretende regular aquellos derechos que garantizan que se asuma la diversidad y haya un reconocimiento a la igual dignidad de todas las personas, con respeto a la libertad de cada cual para construir sus referentes de identidad. Los términos que he utilizado –libertad, respeto, dignidad– aluden a elementos necesarios de una educación ciudadana, por lo que no juzgo que puedan ser peligro alguno para los menores. Es cierto que la ley incorpora un reconocimiento temprano de la capacidad de decisión sobre la identidad propia. Dónde se sitúe el momento de esa libre decisión es algo que se debe determinar con sensibilidad y atención a la opinión experta. En general, soy partidario de brindar espacio para que los jóvenes se sientan libres y reconocidos en su proceso de autodefinición como persona, pero entiendo que ese juicio general requiere de una opinión experta para definir dónde se debe situar la frontera.