El círculo vicioso de la diplomacia iraní

Las negociaciones del acuerdo nuclear iraní han entrado en su ronda decisiva. El pacto anterior comprometía a Irán a reducir y limitar considerablemente la proliferación nuclear (enriquecimiento de uranio) y, a las otras partes (Unión Europea, Estados Unidos, China y Rusia) a reducir en gran medida las sanciones económicas y la enorme presión interior que estas han supuesto sobre el gobierno de ese país. En 2018, Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del anterior acuerdo y restableció fuertes sanciones a la economía y el Gobierno iraní, alegando que el pacto era una ficción, ya que el régimen de Irán no deseaba la paz. Según él, el acuerdo debía ser más exigente y limitar las actividades terroristas de ese gobierno, así como su influencia desestabilizadora en la región.

¿Es casual que precisamente en este momento la República Islámica haya intensificado agresivamente la persecución a algunas minorías de su país, en especial a su principal minoría religiosa, la comunidad bahá’í, a pesar de ser personas con un alto sentimiento de patriotismo cívico y con arraigo en todos los países del mundo?

Cuanto más se ha ido acercando la fase definitiva de las negociaciones de Viena, los episodios de persecución física, presión psicológica y vulneración de los derechos más elementales de esta minoría han ido en aumento, algo que ha sido denunciado en las últimas semanas por el Relator Especial de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, otros relatores internacionales y los principales medios de comunicación del mundo.

¿Es casual que Irán haya intensificado en este momento la persecución a algunas de las minorías de su país?

Diversos analistas han vinculado estos dos procesos y han identificado que este nuevo recrudecimiento no es arbitrario, sino que forma parte de una estrategia geopolítica para influir en las negociaciones nucleares y mostrar otra baza sobre la mesa. La República Islámica de Irán es firmante de la Carta de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales relacionados, pero los ha incumplido sistemáticamente a lo largo de su existencia.

En los primeros años de la Revolución islámica, las ejecuciones masivas, los juicios sumarios y las torturas físicas a las minorías eran los métodos de represión directa utilizados por el gobierno, pero a principios de los ochenta la presión internacional hizo que, con relación a su principal minoría no musulmana, cambiara de estrategia. Un memorándum confidencial de 1991 elaborado por el Consejo Revolucionario Supremo, titulado la Cuestión Bahá’í y firmado por el líder del país, Ali Jamenei, delineó que las nuevas técnicas sistemáticas de persecución debían ser más discretas y tomar la forma de una limpieza cultural. Esta se ha materializado desde entonces como una violación de los derechos más básicos de la minoría en cuestión.

Ahora parece que la motivación oculta de la renovada intensificación de la hostilidad del gobierno iraní hacia esta y otras minorías, además de proporcionar cohesión política interna por medio del miedo, constituye una estratagema negociadora al mostrar su fuerza represiva, su capacidad de ejercer violencia y su poder desestabilizador, el cual puede redoblar si Occidente no cede ante sus demandas. Un pacto nuclear con Irán es vital para la prosperidad de su sociedad civil, para la paz mundial, para la contención del peligro atómico y para la estabilidad de la región más explosiva del planeta. Sin embargo, debe ser un acuerdo fundado en la garantía de ambas partes por salvaguardar el bienestar, la seguridad y los derechos de las personas, y no únicamente como moneda respectiva de cambio. Diversos líderes de opinión están exigiendo que el respeto a los derechos humanos debe estar siempre en la mesa de las negociaciones del acuerdo nuclear. En caso contrario, sería un error estratégico de la comunidad internacional, por cuanto otorgar u obviar las violaciones de derechos humanos en la República Islámica, con tal de alcanzar un acuerdo nuclear, sentaría el precedente de que las persecuciones y opresiones internas pueden ser usadas por los países como una carta disuasoria en las negociaciones internacionales.

Darío Arjomandi es estudiante de Global Governance en Esade Law School y miembro del Global Governance Forum.