¿Nos ha dividido el cambio climático?

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Jorge Ratia

@JorgeRatia

Aquellos que tienen acceso a los recursos públicos y los gastan exclusivamente en beneficio propio actúan de tal forma que, tarde o temprano, acabarán destruyéndolos, aunque ese no sea su objetivo. No es una opinión: es, a grandes rasgos, la tesis que defendió en 1968 el ecólogo Garret Hardin a través de su publicación La tragedia de los comunes en la revista Science.

Hoy, más de 50 años después, continúa siendo de vital importancia entre los profesionales del sector medioambiental. Prueba de ello es que se ha vuelto a utilizar como punto de partida en la presentación del informe Radiografía de las divisiones y consensos de la sociedad española en torno al cambio climático, en el que participaron Luis Miller, científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC; Sandra León, senior fellow de EsadeEcPol; Lluis Orriols y Álvaro Fernandez, investigadores de la Universidad Carlos III; Ramón Mateo, director BeBartlet; Natalia Collado y Jorge Galindo, investigadores de EsadeEcPol; Míriam Juan-Torres, investigadora de More in Common y Toni Timoner, cofundador del think tank Oikos.

La principal conclusión de este estudio es que los españoles otorgan, en promedio, una alta importancia al cambio climático, alcanzando una puntuación de 8,3 sobre 10. Una calificación que se encuentra, además, por encima de otras preocupaciones generales, como la inmigración ilegal (7,6) o la España vaciada (7), si bien sí se encuentra por debajo, sin embargo, de fenómenos como la corrupción (9,1) o la violencia de género (8,8), entre otros.

De este modo, si bien puede parecer que el calentamiento global no nos quita el sueño, lo cierto es que en menos de dos décadas ha pasado de pasar totalmente desapercibido a colarse en las conversaciones cotidianas. Según la radiografía, los que más atención prestan a la preservación del medio ambiente son los menores de 35, las mujeres y aquellos con alto nivel educativo, pero con una diferencia mínima que puede resultar sorprendente respecto a lo que promueven los estereotipos. De hecho, tampoco se detectó una tendencia extremista en las respuestas de los participantes. Por lo general, además, se valora negativamente a quienes niegan rotundamente el cambio climático. Ahora bien, si hay motivos para declarar que la sociedad española no está polarizada en torno a la transición verde, ¿es posible zanjar el tema? 

La respuesta continúa siendo no. Según asegura Luis Miller, aunque aún no esté completamente polarizada, España está actualmente en vías de polarización política. Tal como destaca, a medida que este fenómeno se acentúe, el cambio climático será una pieza clave al respecto. Por tanto, el futuro sí puede traernos una división entre creyentes y escépticos del cambio climático, y por eso el debate no puede cerrarse tan pronto. «El reto al que se enfrenta la transición ecológica en España es un reto político, sin duda», apuntó Míriam Juan-Torres, que puntualizó su esperanza de que no ocurriera «lo mismo que ocurre cuando ahora hablamos del consumo de carne y de las macrogranjas».

Matero: «La transición ecológica es la transformación más profunda que han vivido nuestras economías desde la Revolución Industrial»

Un dato sí es preocupante, y es que según los datos recogidos por la asesoría More in Common, un tercio de los encuestados afirmó que si el Gobierno tomaba medidas ecológicas, estas les iban a perjudicar. De este modo, tal como afirmó Juan-Torre, «hay que cambiar cuanto antes la narrativa para que la transición verde no se asocie con un perjuicio». Bajo este marco contextual, ¿qué acciones individuales o institucionales podrían llevarse a cabo para impedir que las predicciones se cumplan?

Miller, que se apoya en las enseñanzas del citado Garret Hardin, considera que «el problema no tiene solución técnica, y por ello requiere una extensión fundamental de la moralidad». En otras palabras: no podemos solucionar nada de forma individual, ya que muchos dicen querer un cambio, pero muy pocos están dispuestos a sacrificar privilegios por conseguirlo. Al menos, así lo refleja el informe, en el que la mayoría de los encuestados se opone a la subida de impuestos en el consumo de carne (68,5%), la gasolina (64%), o en la matriculación a vehículos grandes (43%). Más de la mitad, de hecho, es contraria a la prohibición de vehículos diésel, y en el ámbito de la producción agroalimentaria, un 49% se opone a vetar la compra de carne no ecológica (a pesar de que, paradójicamente, un 46% se muestra a favor de prohibir las macroexplotaciones cárnicas).

El gran cambio (y la gran polarización)

Si bien los jóvenes, las mujeres y los residentes en grandes ciudades parecen los más dispuestos a aceptar sacrificios, la clase socioeconómica media-baja es la que menos simpatía muestra hacia las reformas en política pública. Algo que, ante todo, tiene sentido: no solo parten con desventaja, sino que son los más expuestos a sufrir las consecuencias de cualquier reorganización del sistema. 

Es por ello que, a pesar de la positividad inicial, va a ser complejo adaptarse a la Agenda 2030 en materia de sostenibilidad. Como sentencia Ramón Matero, «la transición ecológica es probablemente la transformación más profunda que han vivido nuestras economías desde la primera revolución industrial», con la diferencia de que «la gran diferencia es que este proceso es deliberado: nos estamos metiendo de lleno voluntariamente y las instituciones públicas también quieren colaborar».

La solución, desafortunadamente, no está clara. Quizás deberíamos educar sobre los inconvenientes del cortoplacismo y las oportunidades del largoplacismo, aunque este último sea invisible a nuestros ojos. Quizás haya que esperar, como dice Toni Timoner, a que los discursos conservadores de nuestro país importen la moralidad climática que ya existen en otros lugares. Así puede que surja una nueva disparidad sobre cómo salvar el planeta, pero por lo menos se habrá conseguido algo: será un objetivo común.