«En España la penalización electoral de la corrupción es mínima»

Escribir un ensayo exhaustivo sobre la historia de la corrupción en la España democrática habría dado para llenar casi tantos volúmenes como la enciclopedia británica. Es por eso por lo que Alfonso Pérez Medina (Madrid, 1978) se centra únicamente en ‘No lo sé, no recuerdo, no me consta‘ (Arpa, 2021) en aquellos casos más relevantes y mediáticos. Se trata de un repaso concienzudo para el que el autor se ha valido de cientos de testimonios, vivencias y documentos recopilados a lo largo de su dilatada experiencia como periodista de tribunales, primero en Europa Press y, desde hace unos años, en La Sexta. Un retrato que lleva al lector desde la más profunda indignación hasta la incredulidad, pero también desde la hilaridad hasta el bochorno. Se trata, sobre todo, de un libro que traza un retrato incómodo de España: el de un país que tiene la corrupción metida hasta la médula y que, lejos de querer purgarla, parece insistir en normalizarla. 

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¿Está la corrupción institucionalizada en España?

Luis Bárcenas lo explicó mejor que nadie en uno de sus interrogatorios, cuando dijo que la corrupción «ayuda a engrasar el sistema», y es que ese entramado del «hoy por ti, mañana por mi» hacía que las grandes empresas resultaran adjudicatarias de los contratos públicos y que el dinero de las comisiones ilegales acabara financiado a los partidos políticos. De esta manera, el sistema iba fluyendo. Yo creo que la corrupción ha sido un actor más en el sistema prácticamente desde que comenzó el régimen democrático. Es un sistema que ha afectado a todos los partidos políticos casi sin excepción y que incluso ha salpicado al anterior jefe de Estado.

«Hemos hecho cosas contra la corrupción, pero con casos como el de las mascarillas no tengo tan claro que hayamos aprendido algo»

El caso Filesa, el Tamayazo, la Púnica, Gürtel, las Tarjetas Black, Nóos, el caso de los ERE, la Caja B, el 3% en Catalunya. ¿Hemos aprendido algo de todo este periplo?

Decir que no se ha hecho nada contra la corrupción en estos últimos años sería negar la realidad. Hemos conocido parte de los manejos del rey emérito, hemos visto a la infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados y a su marido, Iñaki Urdangarín, condenado y encarcelado. Hemos tenido a un banquero y a ex vicepresidentes del Gobierno como Rodrigo Rato pasando por prisión, a presidentes autonómicos como Jaume Matas o Esperanza Aguirre imputados y, en algunos casos, condenados. Lo que ya no tengo tan claro es que hayamos aprendido algo: todos pensamos que saldríamos mejor de la pandemia, pero resulta que en medio de las urgencias por conseguir material sanitario –y aprovechando que las administraciones habían levantado la mano con los requisitos para las adjudicaciones– nos encontramos con casos como el de las mascarillas de Medina y Luceño. 

Cuando un presidente del Partido Popular quiso investigar y pidió explicaciones a una de sus dirigentes por una adjudicación de mascarillas sospechosa, al que acabaron echando fue al presidente del PP. ¿Cómo se explica?

Pablo Casado fue, además, quien planteó abandonar la sede de Génova, ya para siempre ligada a la corrupción por las obras de remodelación pagadas con dinero de la caja B de Bárcenas. Ahora, sin embargo, la nueva dirección ha aparcado ese proyecto. Creo que uno de los principales problemas que tenemos en España es que la penalización electoral de la corrupción es mínima. 

Eso no parece dejar en muy buen lugar a la ciudadanía.

Todos deberíamos ser mucho más exigentes con los poderes del Estado, y no solo con el político, sino también con el legislativo y el judicial. Al final, de quien habla mal la corrupción no es tanto de los políticos, que también, sino sobre todo de los ciudadanos que la consentimos, que miramos para otro lado, que no la penalizamos en las urnas y que no tenemos el nivel de exigencia que sí tienen en otros países para evitar que ese tipo de casos se vuelvan a repetir.

«Deberíamos ser mucho más exigentes con los poderes del Estado: no solo el político, también el legislativo y judicial»

¿Podría hacer más la justicia en la lucha contra la corrupción? 

Creo que la justicia española es bastante mejor de lo que se tiende a creer. Hay que desmontar el mito de que la justicia es parte del engranaje de la corrupción. De hecho, los jueces tienen problemas, les faltan medios y sufren presiones. En mi carrera como periodista de tribunales he conocido muy pocos casos en los que un magistrado no quiera hacer conscientemente justicia o se niegue a perseguir un delito. Si no fuera por la justicia y por funcionarios como el juez Ruz, que se enfrentó a todo un Gobierno de la nación cuando ordenó el registro de Génova, estaríamos muchísimo peor de lo que estamos. 

Sin embargo, en el caso de la infanta Cristina, llamó poderosamente la atención la actitud del entonces fiscal Pedro Horrach, que parecía más su abogado defensor que la persona encargada de formular las acusaciones contra ella. 

Sí, en aquel caso creo que el juez Castro cumplió mucho mejor con el mandato que tenía de la ciudadanía como juez. La Fiscalía podría haber sido mucho más dura con la infanta. Es un poco la misma situación que ha sucedido con el rey emérito. La Fiscalía podría haber puesto una querella contra él, como ha hecho con otras muchas personas conocidas que han defraudado a Hacienda, desde Leo Messi, hasta Imanol Arias o, más recientemente, Shakira. Una vez que pones la querella ya no hay marcha atrás, vas a juicio y ahí lo resuelves con una multa. Con el emérito, en cambio, no se ha seguido ese procedimiento. 

Esperanza Aguirre siempre ha defendido que ella no sabía nada de irregularidades durante su periplo frente a la Comunidad de Madrid. Según ella, la culpa de todo fue de dos cargos, Ignacio González y Francisco Granados, que le habían salido «rana».

Es evidente que cada cual tiene que responder de sus propios actos, pero quien está al frente tiene también una responsabilidad in vigilando –como ha dicho la propia Aguirre– que no se puede descuidar. A mí me resulta muy difícil de creer que quien está al frente de una organización no sepa de dónde llega el dinero que financia esa organización. Da igual que sea el caso Filesa del PSOE, el 3% de Convergencia o la caja B del PP. Otra cosa es que eso sea algo fácilmente demostrable ante un tribunal. Al final, tienes la sensación de que siempre acaban pagando los mandos intermedios, los que hacen el trabajo sucio. 

«Al final siempre se tiene la sensación de que acaban pagando los mandos intermedios, los que hacen el trabajo sucio»

¿Deberíamos dejar de reírles las gracias a los Bárcenas, Villalobos y Granados de turno? Usted mismo en su libro confiesa que siente una simpatía personal hacia El Bigotes.

Es que es muy difícil que este tipo de personajes caigan mal. Son tipos simpáticos y que, además, para un periodista son un filón: dan espectáculo a diario. Lo de que la realidad siempre supera a la ficción es una constante en los casos de corrupción. Cuando crees que lo has visto o lo has oído todo, llega uno de estos personajes y te sale con algo absolutamente berlanguiano. Como ciudadano, seguramente preferiría vivir en un país como Suecia o como Dinamarca, en los que un ministro dimite por plagiar una parte de su tesis doctoral, pero como periodista sería mucho más aburrido. Hay que mantener la cabeza muy fría y no caer en la tentación de blanquear a estos personajes, porque por muy simpáticos que sean y por mucho que te arreglen un telediario con alguna declaración explosiva, al final se lo están llevado crudo a costa del esfuerzo de los ciudadanos que pagan sus impuestos: con el dinero que los corruptos se llevan a Suiza se dejan de construir colegios y hospitales. 

¿Quién se ha ido de rositas de la corrupción?

Muchas grandes empresas y algún banquero al que el Gobierno del momento acabó indultando. No obstante, para mí la gran ida de rositas de la democracia es la del rey emérito. Aunque finalmente le hayan archivado todas las causas, creo que ha quedado bastante acreditado que se dedicaba a cobrar comisiones por conseguir negocios para las grandes empresas españolas, algo que era un clamor y que se tapaba por aquello de «proteger la institución». Ahora hemos conocido parte de esas actividades sobre todo gracias a las investigaciones hechas a sus testaferros por parte del fiscal suizo, pero de no ser por eso, seguramente nada de esto habría salido nunca a la luz. Y aun así, el rey emérito ni siquiera ha tenido que ir a declarar como imputado ni tendrá que hacerlo ya. Eso es algo que, en mi opinión, habrá que tener muy presente cuando se haga un análisis de la figura histórica del rey Juan Carlos. Una figura muy importante para la Transición y la consolidación de la democracia en España tras el franquismo, sin duda, pero de la que no se pueden obviar las evidentes sombras de corrupción que ha tenido su reinado.