Entender el presente del empleo agrario (y conocer su futuro)

La falta de relevo generacional en las profesiones del campo es un problema cada vez más patente y urgente. Se trata de una cuestión que incide de manera directa no sólo en el ámbito alimentario y laboral, sino también en el propio equilibrio demográfico. Para abordarlo, es fundamental que se contemple desde la multiplicidad de dimensiones que tiene, así como las causas que lo motivan, tal y como refleja nuestro estudio El camino hacia el empleo agrario en los Sistemas Alimentarios Territorializados, co-editado junto a la Fundación Daniel y Nina Carasso.

En el asunto del relevo generacional intervienen muchas partes que se relacionan dentro un sistema complejo del que dependemos para comer; es el llamado sistema alimentario. No se pueden separar las recientes protestas de los ganaderos por vender la leche con pérdidas económicas de problemas como el aumento de macrogranjas o la despoblación de la España vacía. Aunque parezca obvio, ni el Estado ni su Política Agraria Comunitaria (PAC), una de las más intervencionistas de la Unión Europea, suelen abordar estas circunstancias desde esta perspectiva sistémica.

Durante las últimas décadas, y en paralelo al envejecimiento del sector productor, se ha dado un descenso progresivo del número total de explotaciones –es decir, granjas o fincas agrícolas– agrarias. Sin embargo, este descenso en el número no va acompañado de un descenso de la superficie cultivada en España o del número de cabezas de ganado criadas. De hecho, el número de cabezas de cerdos y pollos se duplicó entre 1989 y 2009, a pesar de que el número de explotaciones ganaderas pasó de casi 15.000 a unas 7.500 en el mismo periodo. Es fácil de entender: hay menos fincas o granjas, pero estas tienen más hectáreas o animales. Hoy, para mantener esos números se necesitan la mitad de jornadas laborales.

Hoy hay menos fincas o granjas, pero estas tienen más hectáreas o animales

Otro dato revelador es que la tendencia al descenso del número de explotaciones no es igual para todas: descienden aquellas cuya titularidad la ostentan personas físicas, pero aumenta el número de explotaciones que son titularidad de personas jurídicas. Dirán los expertos en economía y grandes números que todos estos indicadores reflejan la profesionalización del sector y que, por tanto, debemos estar orgullosos y vamos por el buen camino, pero son estos mismos individuos quienes, al menos hasta hace muy poco tiempo, tomaban el porcentaje del sector agrario sobre el PIB como un indicador de subdesarrollo; es decir, son los mismos que entienden que una mayor presencia de agricultura y ganadería en la economía de un país es un indicador de subdesarrollo.

La estrategia basada en mantener una tendencia de crecimiento continuo y ahorro de costes basado en la economía de escala solo está al alcance de grandes capacidades financieras que no tienen prisa en recuperar una inversión y que pueden aguantar las oscilaciones del mercado a largo plazo. Por ello, es verdad que el modelo agroindustrial acapara recursos productivos –tierra, principalmente– que quedan fuera del alcance de nuevas incorporaciones. Cada vez hacen falta más animales o hectáreas para mantener un puesto de trabajo, pero las explotaciones familiares, agrupadas o no en cooperativas, no son las responsables de esta situación. Es más, aquellas que intentaron seguir este ritmo, promovido a golpe de subvención desde el Estado, están hoy endeudadas y sin vistas a mejorar su situación económica. Se ven atrapadas entre deudas para crecer continuamente, precios bajos de venta establecidos por la gran distribución y costes de producción altos por su dependencia del petróleo.

La mecanización explica, sin duda, parte de la disminución de jornadas laborales en el campo. Esa mecanización supone, a menudo, una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas que lo trabajan y, en ocasiones, la única opción para no echar el cierre. No obstante, la mejora de las condiciones de trabajo que supone un tractor frente a un mulo en un olivar se evaporan cuando la cosecha y casi toda la poda pasan a ser efectuadas por un solo operario subido a una gran máquina. Los olivares superintensivos –inmensas extensiones de setos de olivos trabajados en su mayoría por estas grandes máquinas– ilustran muy bien hasta dónde puede llegar la mecanización, pero también el efecto que tiene este tipo de modelo sobre la población rural que vive del olivar: conviene preguntarse al alcance de quién está este tipo de inversiones y cuán rentables son para superficies que no sean inmensas. Incluso cabe preguntarse qué sentido tiene que este tipo de fincas reciban mucho dinero público cuando su rentabilidad es solo financiera y queda en pocas manos, mientras sus costes negativos sobre la sociedad, la economía rural y el medio ambiente recaen sobre toda la población.

Se debe revisar la definición de explotación prioritaria para que dé cabida a aspectos que van más allá de lo macroeconómico

Pero solo con la mecanización no se explica que ya en 2010 —y a la espera de ver los resultados del censo agrario de 2020— el 31% de los titulares de una explotación agraria o ganadera tuviera más de 65 años. Hoy, al menos uno de cada dos titulares tendrá un mínimo de 55 años. Un envejecimiento que no da señales de frenar y que ha sido constante durante las últimas décadas en toda Europa. ¿Esto se debe al éxodo rural o el éxodo rural se debe a esto? Como el hiperproblema que es, se puede afirmar que ambas respuestas son correctas.

También es cierto que las administraciones públicas tienen un papel muy relevante, empezando por la Unión Europea, que debería evaluar no solo el retorno de sus políticas de incorporación, sino también el efecto que tiene la política agraria común (PAC) sobre el empleo agrario y la población rural. Eliminando los derechos históricos se evitaría potenciar con dinero público el productivismo tan poco amable con un empleo agrario de calidad. Se debe revisar la definición de explotación prioritaria en España para que dé cabida a aspectos que van más allá de lo macroeconómico. Así, las comunidades autónomas podrían apoyar aquellas incorporaciones que generan servicios públicos y que dejan más valor en la explotación. Incluso las entidades locales, desde su competencia en los propios mercados locales, tienen la capacidad de poner a disposición infraestructuras de venta directa o en canal corto; es el caso de los Mercas, los mercados municipales o los mercados de productor. Esto ayudaría a facilitar la venta y, por tanto, la supervivencia de pequeños negocios agrarios.

Lo que ya podemos hacer todas las personas, dentro de las posibilidades que nos permite nuestro contexto material, es elegir dónde y qué compramos para alimentarnos: comer más vegetales de temporada y cocinar más; comer menos carne, pero siempre de opciones más extensivas, entre las que el cordero y el cabrito son apuestas más seguras que cerdos y pollos, casi siempre engordados en naves industriales a base de piensos importados. Si todo el mundo siguiera estos consejos, habría más empleo agrario. A día de hoy, la única manera de conocer con exactitud el modelo de cría o el origen de un alimento pasa por opciones como los supermercados cooperativos, las cooperativas de consumo, los mercados de productores o las tiendas especializadas, pero poco a poco los consumidores se preocupan más del origen de lo que comen y de las consecuencias que ello tiene; cabe esperar que crezcan las opciones y los canales de acceso para soportar un mundo rural vivo, con empresas agroalimentarias que dejen el valor en el territorio y generen empleos de calidad basados en la riqueza alimentaria que ostenta la Península Ibérica.

Juan Laborda es técnico de agroecología en el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y co-autor del informe ‘El camino hacia el empleo agrario en los Sistemas Alimentarios Territorializados’.