Acceso equitativo a las vacunas: crónica de una desigualdad anunciada

A pesar de la velocidad sin precedentes en el desarrollo de vacunas y la ampliación paulatina de la capacidad de fabricación, el mundo se enfrenta a un problema de escasez de dosis en los países de rentas media y baja. Antes incluso de que las vacunas estuvieran plenamente desarrolladas, los países de rentas altas comenzaron a negociar acuerdos bilaterales directamente con los fabricantes para obtener enormes cantidades de dosis, muy por encima de las necesidades de su población. Canadá llegó a reservar un número de vacunas cinco veces mayor que su población. En definitiva, se impuso el nacionalismo de las vacunas de manera descarnada. Ya hace un año, en diciembre de 2020, se habían pedido por adelantado más de 10.000 millones de dosis, en su mayoría por parte de los países de renta alta, que apenas representan el 14% de la población mundial.

El mecanismo COVAX ha sido un intento muy loable para mejorar el acceso a las vacunas en países de rentas bajas y medias, financiando y distribuyendo las vacunas que, de otro modo estos países no podrían pagar. Sin embargo, el sistema se ha visto empañado por problemas en su diseño y aplicación y ha tenido que lidiar con una financiación insuficiente, problemas de producción y retrasos en las entregas. 

El resultado de estas dos velocidades ha derivado en la aparición de dos modelos de distribución de vacunas: uno para aquellos países que podían pagarlas y otro para los que no. Y aquí seguimos, encallados en un abismo de desigualdad, donde los países de rentas bajas han recibido solo el 6% de los cerca de 7.800 millones de dosis distribuidas en todo el mundo, frente a coberturas que rozan el 80% en países de rentas altas.

La promesa de colaboración a través de mecanismos voluntarios para compartir la tecnología y el conocimiento apenas ha dado sus frutos

Los riesgos de esta inequidad en la vacunación mundial son varios, pero fundamentalmente los más graves residen en que se sigan perdiendo vidas humanas, e incluso que continúen apareciendo nuevas variantes del virus, como la ómicron, que ha vuelto a poner a muchos países en jaque. Obvia decir que las consecuencias de la pandemia están haciendo estragos en las estadísticas de Naciones Unidas sobre indicadores de Desarrollo Humano a nivel mundial. Precisamente muchos de los estados con los indicadores más bajos también presentan tasas de vacunación paupérrimas.

Lograr un acceso equitativo exige también dar prioridad a la adopción de la propuesta de exención temporal de algunos Aspectos de los Derechos Acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC). Lamentablemente, hasta ahora, la promesa de colaboración a través de mecanismos voluntarios para compartir la tecnología y el conocimiento auspiciados por la OMS apenas ha dado sus frutos: ningún desarrollador de vacunas de ARNm se ha unido todavía al centro de transferencia de tecnología de la OMS para la vacuna Covid mRNA a pesar de su potencial para acelerar el aumento de la producción de vacunas de ARNm; y tampoco ha habido suerte con el C-TAP (el Fondo de Acceso a Tecnología Covid), con la honrosa excepción de España, que compartió con este fondo y con el Fondo de Patentes y Medicamentos de la ONU (MPP), una nueva prueba diagnóstica realizada por el CSIC y que constituye la primera licencia abierta de una prueba de covid-19.

El ‘statu quo’ del sistema económico y comercial está limitando dinámicas que permitirían compartir el conocimiento y la tecnología

Ante la evidencia de que las promesas de colaboración voluntaria han fallado, la suspensión temporal de la propiedad intelectual de las herramientas médicas COVID-19 (incluidas pruebas, tratamientos y vacunas) se hace más necesaria que nunca. La comunidad internacional ha reconocido su importancia en la consecución de un acceso más equitativo, y multitud de organizaciones la respaldan: la OMS, UNITAID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, o el Parlamento Europeo, entre otras. Más de 100 países han mostrado su apoyo a la medida en el seno de la OMC. Sin embargo, a pesar del cada vez mayor apoyo demostrado a favor de la propuesta, la OMC ha fracasado en conseguir un acuerdo, incluso cuando el acceso desigual a los productos médicos de covid-19 sigue prolongando la pandemia. Mientras tanto, en los últimos cinco meses, un reducido grupo de países, especialmente la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, han aprovechado todas las oportunidades para desbaratar la posibilidad de cualquier negociación basada en un texto sobre la propuesta de exención de los ADPIC dilatando irresponsablemente el proceso.

No hay soluciones simples para superar una pandemia, pues el statu quo del actual sistema económico y comercial está limitando dinámicas que permitirían compartir el conocimiento y la tecnología, y que se generaran y deslocalizarán más centros de producción hacia países del Sur. Y no es solo una cuestión de donar dosis: los países de rentas bajas y medias, con presupuestos sanitarios muy limitados, no han recibido apoyo suficiente para cubrir los costes de las campañas de vacunación –los salarios del personal, las formaciones, la mejora de la infraestructura de la cadena de frío o el desarrollo de estrategias de participación comunitaria– han quedado fuera de la financiación internacional, centrada en la adquisición de las vacunas.

Si la comunidad internacional (compañías farmacéuticas, gobiernos, centros de investigación, filántropos) fue capaz de unir voluntades y realizar un esfuerzo histórico para conseguir disponer de vacunas contra la covid-19 en apenas un año, debería de ser capaz de encontrar la manera de romper la brecha de la desigualdad, que tiene y tendrá efectos perversos para todos y cada uno de nosotros. Es el momento de anteponer la protección de la salud pública a la protección de los intereses comerciales o de cualquier otra índole.

Raquel González es responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras (MSF).