Una sanidad herida: lo que (a pesar de todo) revela la vacunación

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Ramón Oliver

@mondieta

El día 1 de octubre de 2021, el 79,7% de los españoles habían sido ya inoculados con al menos una dosis de alguna de las vacunas autorizadas por las autoridades sanitarias españolas –Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen– contra la covid-19; el 77,5%, además, había recibido ya la pauta completa. Si el ritmo continúa igual para la sanidad pública, las estimaciones señalan el próximo día 11 de noviembre como la fecha en la que, en principio, se habrá alcanzado el 80% de vacunados para todo el territorio nacional, si bien seis Comunidades Autónomas –País Vasco, Cantabria, Castilla-León, Extremadura, Galicia y Asturias– ya han alcanzado ese objetivo. En el extremo opuesto, a Canarias, Baleares y Melilla podrían quedarles todavía dos o tres meses antes de alcanzar dicho umbral.

A pesar de estas diferencias y de un comienzo de vacunación poco prometedor (la comparación con Reino Unido e Israel en el primer cuatrimestre de 2021 era entonces motivo de sonrojo), hoy las cifras sitúan a nuestro país por delante de naciones de referencia en nuestro entorno: Italia, Alemania o Francia.

Según datos del Imperial College de Londres, el 79% de los españoles confía en las vacunas contra la covid-19

A este éxito han contribuido una multiplicidad de factores. Entre ellos se hallan, sin duda, los sanitarios, cuya profesionalidad y compromiso parece haber quedado fuera de toda duda. El triunfo, no obstante, también surge del carácter cultural: España es una nación que no teme a las vacunas; al contrario, el recuerdo de una época no tan lejana en la que estas escaseaban ha podido estimular una confianza generalizada en esta vía de prevención de enfermedades. Según datos del Imperial College de Londres, el 79% de los españoles confía en las vacunas contra la covid-19. Una cifra amplia frente al 62% de los estadounidenses y, por ejemplo, el 56% de los franceses.

De hecho, no solo las vacunas son bien recibidas en nuestro país: también existe una muy buena percepción de la calidad de la sanidad pública, lo que ha llevado a los españoles a confiar masiva –y casi ciegamente– en la solución que el sistema sanitario ha ofrecido en forma de pinchazos.

Las cifras

Un constante desfile de porcentajes ha conducido la campaña de vacunación desde que comenzara el 27 de diciembre del 2020; unas veces con ánimo informativo y, otras, como un pretexto con el que poder colgarse medallas ante la opinión pública (o incluso atacar al adversario político).

Pedro Sánchez, por ejemplo, fijó antes del verano el objetivo de llegar al 31 de agosto de 2021 con un 70% de la población vacunada. En aquel momento se consideraba que esa cifra marcaba el límite para conseguir la ansiada inmunidad de grupo, si bien la variante Delta obligó a recalcular al alza –con un 90%– esos porcentajes. Sea como fuere, lo cierto es que los vaticinios presidenciales se cumplieron y a día de hoy, negacionistas aparte, el porcentaje de población menor de 12 años –el actual límite de edad para recibir las inyecciones– sin vacunar es residual en España.

Aunque la responsabilidad última de la sanidad es del Gobierno central, las autonomías poseen competencias de ejecución, administración y gestión

El objetivo de las autoridades, desde el primer momento, fue inmunizar al mayor porcentaje de población en el menor tiempo posible; esa era, tal como se declaró, la vía más directa para frenar los fallecimientos. Las vacunas eran la tabla de salvación para detener la expansión del virus y, de hecho, así ha sido: los pinchazos están teniendo un claro efecto en la disminución de la mortalidad.  Y aunque durante el verano la variante Delta trajo una quinta ola que hizo repuntar los contagios y tambalear la hoja de ruta de las autoridades sanitarias, la gravedad de los casos y la mortalidad no dejaron de caer a medida que la campaña de vacunación avanzaba.

Un éxito a pesar de la política

El éxito de la campaña de vacunación, una operación de primera magnitud y enorme complejidad, tanto desde un punto de vista logístico como sanitario, es aún más sorprendente si se tiene en cuenta la –aparentemente– nula sintonía con la que determinadas administraciones de distinto signo se dirigían la una a la otra. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que, aunque la responsabilidad última de la política sanitaria en España es del Gobierno central, las autonomías tienen también transferidas estas competencias en cuanto a ejecución, administración y gestión.

El llamado ‘Grupo covid-19′, creado para la «coordinación de la pandemia» por parte de Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, fue el mejor exponente de una exasperante falta de entendimiento en la que el cruce de desplantes, reproches y acusaciones mutuas fue la tónica general. Dados los buenos resultados alcanzados finalmente, cabe preguntarse qué no habrían logrado si, tal como parecía desear la inmensa mayoría de la ciudadanía, el estamentos político hubiera remado en una misma dirección. Aunque también es legítimo preguntarse si acaso esas desavenencias quedaban tan solo para las ruedas de prensa y, de puertas para adentro, ya fuera de buena fe o a regañadientes, colaboraban.

Muchos se preguntan ahora si el éxito en la campaña de vacunación no es un excelente punto de partida para reparar la sanidad española y darle el vuelco de recursos, inversiones y modernización que numerosas voces reclaman. Sin embargo, los precedentes en cuanto al enfoque político de la cuestión no invitan al optimismo. Mientras la polarización ayude a mantener ideas prácticamente antagónicas acerca de lo que debe ser la sanidad pública, la solución continuará pareciendo desalentadoramente lejana.