¿Cómo funciona el mercado eléctrico?

«El sistema está montado de tal manera que toda la electricidad que se compre para una hora se paga al precio de la electricidad más cara», explicaba Aimar Bretos, director del programa de radio Hora 25, en una intervención que terminaría por volverse viral a mediados del mes de julio. El precio de la energía, sin embargo, no solo no ha bajado desde entonces: se prevé, aún hoy, que la tendencia alcista continúe su progresión con el ritmo incólume que ha mantenido hasta ahora, pulverizando récords históricos con absoluta sencillez. La energía, evidentemente, es básica en nuestra existencia cotidiana, pues provee de electricidad a los electrodomésticos, a los aparatos con que trabajamos –en una sociedad que, se dice, será cada vez más digital– y nos ayuda a mantenernos a una temperatura adecuada tanto en invierno como en verano. Algunas personas, además, requieren una gran cantidad de electricidad, como es el caso de determinada clase de enfermos dependientes, cuyo consumo es constante e innegociable y, por tanto, potencialmente prohibitivo en términos económicos. Una situación particularmente dolorosa que llevó a la legislación española relativa al mercado eléctrico a reconocer en 1997 que «la electricidad es un servicio esencial de la economía moderna».

El sistema marginalista es la razón por la que se paga los precios de los productores más caros: la energía eólica a precio de gas natural

«El sistema español está enfocado hacia un mercado competitivo, pero la realidad no es así. No es una competencia real, hay un oligopolio que controlan solo unas pocas empresas y que, por tanto, desvirtúa el modelo», defiende Enrique García López, uno de los portavoces de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). A lo que añade, además, que «el sistema de precios marginalistas amplifica las subidas, generando unos beneficios extraordinarios para las compañías eléctricas a costa del bolsillo de los consumidores». Es este sistema eléctrico, denominado marginalista, el que normalmente suele ser objeto de todas las críticas, como ocurría en la proclama de Bretos: en él, los productores recibirán siempre una cifra por encima del precio al que podrían vender, ya que el precio que se paga a éstos es siempre el del último productor que ha terminado de cubrir la demanda (y, por tanto, el más caro). Esta organización mercantil, que hace pagar a todos el precio marginal de casar oferta y demanda, es la razón por la que se paga a todos los productores –incluso a aquellos relativamente baratos, como es el caso de la energía nuclear– los precios más caros: los del gas (y los derechos correspondientes de emisión de dióxido de carbono, una suerte de pago que las compañías realizan para «poder contaminar»).

Hoy, según señalan los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el precio oscila alrededor de los 140 euros por megavatio/hora, lo que constituye el último de una serie de récords consecutivos que logran romper el techo de precios energéticos de manera permanente. Para observar la actual inestabilidad del sistema en relación con los consumidores cabe hacer una sencilla comparativa, ya que aunque el precio de la luz siempre sufre incrementos de demanda puntuales a causa de las condiciones meteorológicas adversas –lo que hace que la cifra aumente–, hoy el precio no lo refleja en absoluto. Así, si bien durante el impacto de la tormenta Filomena –feroz tanto en su potencia como en su relativamente inesperada aparición– el precio llegó a 89 euros por megavatio/hora, una cifra que se sitúa 50 euros por debajo que el precio a pagar actualmente por parte del conjunto de la ciudadanía.

El laberinto de la electricidad

El sistema eléctrico contiene miles de elementos que actúan de forma sincronizada a lo largo de miles de kilómetros, incluyendo aquí, habitualmente, las necesarias interconexiones entre diferentes países. «En España existen dos grandes mercados para la energía. Por un lado, tenemos el mercado libre, donde hay muchas compañías para elegir y cada una de ella cuenta con numerosas tarifas. En este caso, pagas lo que señala el contrato, tanto por la potencia como por el consumo. En cambio, también existe un mercado regulado por el gobierno, donde existen solo cinco compañías y todas ellas deben ofrecer la misma tarifa, la PVPC, cuyos precios dependen de un complejo sistema. Cada vez que oímos en las noticias que ‘ha subido la luz’ estamos hablando del mercado regulado», explica Óscar Elvira, profesor de finanzas en la Universitat Pompeu Fabra. La principal diferencia entre uno y otro, así, es el precio que se cobra por la producción de electricidad: mientras en el mercado libre el precio del kilovatio/hora es aquel que permanece escrito en tu contrato, en el mercado regulado el precio del kilovatio/hora cambia de un día para otro. Es por ello por lo que el precio, por tanto, varía con frecuencia en el mercado regulado, el cual es vulnerable a las tendencias alcistas y determinados factores externos, como el clima; lo cual, no obstante, no sitúa al mercado libre como inherentemente más barato. El desconocimiento del mercado, en este sentido, es profundo: según la CNMC, tres de cada cuatro hogares españoles desconocen la diferencia entre ambos.

Es en el mercado regulado, por tanto, donde los precios oscilan según la oferta y la demanda, si bien los números finales se ven influidos, tal como ya se ha señalado, por factores externos como el clima o incluso determinados sucesos geopolíticos globales. «Las condiciones extremas de frío o de calor –señala Elvira– aumentan el consumo y, debido a la ley de la oferta y la demanda, cuanta más cantidad de energía necesitemos, más complicado será abastecernos y, por tanto, más caros serán sus precios. A ello se suman elementos específicos para las hidroeléctricas y eólicas, como es el hecho de que haya más o menos lluvia y viento respectivamente. Otras centrales, además, necesitan combustible –como el petróleo o el gas– para funcionar y España es importadora de la práctica totalidad de estas materias primas, lo cual puede influir en el precio». Tanto es así que, de hecho, los precios del petróleo se han doblado y los del gas se han llegado a multiplicar por cuatro, dejando en evidencia la dependencia española de las energías renovables y, cuando éstas no generan la cantidad adecuada, del ciclo combinado (es decir, centrales que se valen tanto del gas como del vapor de agua).

Un golpe cada vez mayor

La factura de la luz podría dividirse en dos conceptos fundamentales: la potencia –lo que permite que un determinado número de electrodomésticos puedan funcionar al mismo tiempo– y el consumo. No obstante, no es esto tan solo lo que determina el precio (y la reciente tendencia alcista) de la energía.

Según el Banco de España, la mayor parte de la subida de la luz se debe a un encarecimiento del precio del gas

Según estima el Banco de España, parte de la subida de la luz –alrededor de un 20%– se debe al mayor coste de los derechos de emisión de dióxido de carbono, ya que la Unión Europea pretende reducir mediante fórmulas como esta el uso de los combustibles fósiles. La mayor parte de la subida –a la que la entidad bancaria sitúa en un 50%– se debería, sin embargo, al encarecimiento del gas en el mercado internacional debido a su escasez, un material que emplean cada vez más las centrales de ciclo combinado al expulsarse prácticamente del sistema las centrales térmicas de carbón. Otra parte, además, se debería a la rigurosidad de la base imponible, estimada en un 30% del total del aumento según el Banco de España: aquí influye el IVA (ahora reducido del 21% al 10%), el Impuesto de la Electricidad (de un 5,11%) y el que se conoce como Impuesto de la Generación (de un 7%).

La factura, por tanto, terminar por incluir cargos ministeriales sobre la potencia instalada, peajes de potencia (es decir, los costes del transporte y la distribución), el precio de la energía, el Impuesto de la Electricidad y el IVA. Incluso se hallan presentes cargos regulados de interrumpibilidad: una cantidad establecida para que las instalaciones puedan ser sacadas del sistema por criterios técnicos o económicos. «De este modo, un cliente cuya factura fuera de 91 euros contaría con 44 euros de peajes y cargos, 5 euros de Impuesto de la Electricidad, alrededor de 9 euros correspondientes al IVA y 34 euros por el consumo», ejemplifica Elvira.

Es por ello por lo que hoy se solicita desde parte del gobierno y la sociedad la creación de una empresa nacional de electricidad, la reducción de impuestos –o al menos, el mantenimiento del IVA al 10%– y la reducción drástica de los peajes. Según calcula Elvira, los peajes podrían reducirse hasta en un 75%, «ya que Bruselas ya nos ha advertido por escrito que somos el país de la Unión Europea que tiene mayor importe de peajes y cargos ajenos al consumo de energía». Según señalan desde la OCU, «la bajada del IVA debería ser permanente, ya que la factura de la luz es de lo más regresivo que hay: afecta más a los consumidores vulnerables que dedican gran parte de su renta a pagar este servicio básico». Mientras tanto, la tormenta eléctrica continúa azotando a la totalidad del país, afectando a la valoración de un gobierno que esperaba obtener un inmediato rédito electoral de la recuperación económica. La grieta creada por la factura de la luz, sin embargo, es cada vez más ancha y promete seguir fracturando a ciertas clases sociales que ya habían sido duramente castigadas por la pérdida de empleo y poder adquisitivo. Atrás quedan, aquí, las disputas acerca de la digitalización de la economía y la presencia del teletrabajo: el futuro, tras el cual parecía esconderse un prometedor horizonte tecnológico, se debate, hoy, entre aquellos que pueden –o no– pulsar el interruptor.