La oposición hiphop: música frente al régimen cubano

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Pelayo de las Heras

@draculayeye_

La Habana es, a veces, un lugar donde el tiempo se estanca. El ritmo político y cultural de la isla caribeña parece diferente del resto de países vecinos. Consigue estar alejada de buena parte de las influencias externas, especialmente aquellas consideradas perniciosas. En esta situación, el alma política de la isla absorbe todo aquello que se encuentra a su alcance, lo que se resume en el axioma establecido por el propio Fidel Castro: «Dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada». Una regla, sencilla e implacable, que ha supuesto, desde siempre, una fuente de problemas para los disidentes del régimen cubano. 

La última polémica al respecto tiene que ver con la canción de hiphop Patria y vida, cuyo propio título ya es toda una declaración de intenciones, pues se trata de una pequeña burla del lema revolucionario cubano «patria o muerte». La canción, en la que participan músicos como Maykel Osorbo, Gente de Zona –los mismos que lanzaron La gozadera— o Yotuel, ha conseguido agitar las bases sociales de la isla. La letra no es sutil, y eso también ha ayudado a su viralización dentro del país. Como justificaba hace pocos días Randy Malcolm, integrante de Gente de Zona, a AFP, «Patria y vida llegó porque Cuba está en un momento crítico. Hay represión como nunca, no tienes libertad de expresión. No se cumplen los derechos humanos».

No más mentiras 

Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas

Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida

Y empezar a construir lo que soñamos

Lo que destruyeron con sus manos

-Patria y vida, 2021

Patria o muerte por la vida –cuya letra reza «a la revolución le quedan sesenta y dos mil milenios»– ha sido realizada expresamente por artistas afines al régimen. Su éxito va de la mano de las trabas institucionales y económicas que se sufren en el país a diario. El régimen cubano ya ha prohibido la escucha de esta canción, una medida que se suma al ya complicado acceso a internet en Cuba fomentado por motivos económicos y políticos –existen restricciones para determinadas páginas–. Esto ha llevado a la población a transmitirla a través del «boca a boca», refugiada en discos y pendrives que, de mano en mano, han extendido este atrevido mensaje. El resto de trabas encajan, directamente, en el marco de una serie de agresivas respuestas institucionales, entre las que se incluyen insultos proferidos desde tribunas –«seis ratas que no conocen que a este pueblo no le falta dignidad»– en el diario oficial del Estado, Granma. Es más, el régimen se molestó tanto que respondió interrumpiendo su habitual programación televisiva para animar a los ciudadanos a cantar el himno nacional, La Bayanesa, como respuesta a lo que se ha interpretado como una provocación.

«El caso cultural de Cuba es paradigmático, pues, sin duda, promueve el desarrollo de ciertas manifestaciones artísticas a la vez que esconde y critica otras. En el plano musical vemos cómo se defienden letras que traten temas revolucionarios o sociales, como puede suceder con numerosas canciones de rap y hiphop, mientras que otros géneros más asociados a temáticas sexuales o valores consumistas, como el reguetón, son menospreciados», señala Marina Arias, investigadora de musicología en la Universidad Complutense de Madrid. Según matiza, «la herramienta principal no es tanto la censura per se, sino el control a través de los discursos críticos de los medios de comunicación y los organismos oficiales».

Esto se refleja, muy concretamente, en un documento legislativo aprobado hace tres años, el decreto 349, una actualización de su antecedente, el decreto 226, que regula la política cultural y la prestación de servicios artísticos. Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, no duda en señalar su preocupación, ya que este podría contener «restricciones imprecisas y excesivamente amplias de la expresión artística». También otras como Artists At Risk Connection temen que numerosos artistas puedan estar, hoy, bajo el control del gobierno.

Entre las restricciones del decreto 349, numerosos expertos hallan límites demasiado ambiguos que dejan amplio espacio a la interpretación y ejecución arbitraria de la norma. Tanto es así que a los materiales audiovisuales se les prohíbe, por ejemplo, el «uso de los símbolos patrios que contravengan la legislación vigente», el uso de «lenguaje sexista, vulgar y obsceno» y «cualquier otro contenido que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural». Todas estas restricciones son las que han llevado a interpretar esta regulación como una lucha cultural, particularmente contra el reguetón, cuyas letras no encajan con los parámetros revolucionarios.

De hecho, según explica Arias, al ser un género que no cuenta con el apoyo oficial de la isla, «se ha movido en redes ilegales». Incluso artistas como Silvio Rodríguez, un símbolo cultural revolucionario, han mostrado su desaprobación pública contra el decreto, llegando a afirmar que parece algo «cocinado entre pocos». Cabe recordar que se dio una situación similar en el pasado con los melodramas televisivos: en 1959, se prohibieron por ser considerados subproductos culturales. Se acabó recuperando su emisión poco después gracias a las protestas de la población.

«El decreto 349 afecta a la profesionalización de los artistas, limitando su rango de acción para difundir su música en espacios no oficiales. Esta es la única vía que queda para aquellos que no tienen el apoyo del Gobierno, y se ha demostrado que puede ser muy efectiva», defiende Arias, quien también señala que en regiones como América Latina el reguetón «posee unas connotaciones políticas que se han desarrollado desde la escena más underground hasta el ámbito más comercial». Según la investigadora, Patria y vida no solo pone de manifiesto las preocupaciones de las nuevas generaciones cubanas, sino que, debido a su popularidad, «permite que, a nivel internacional, se tenga en los reclamos de parte de la población cubana».

El conflicto cultural, no obstante, se enmarca dentro de una lucha política entre los rupturistas que buscan la apertura y los continuistas de largo recorrido en la isla. El año pasado, el Gobierno también aprobó el decreto 370, conocido popularmente como Ley Azote, para marcar restricciones a la libertad en internet. Uno de sus artículos señala como límite legal «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas». Una tensión política que promete seguir presente durante mucho tiempo en la nación caribeña.