Opinión

El debate sobre la nueva ley de educación y su sesgo urbanita

La discusión en torno a los efectos de la Ley Celaá sobre la educación concertada es ajena a la realidad más próxima de esa otra España (la rural) donde los procesos de despoblación que provocan el cierre de centros escolares son el principal foco de preocupación educativa.

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21
May
2021
Ley Celaá

Resulta evidente, y es un hecho estudiado y difundido por las ciencias sociales, que las clases medias y altas urbanas dominan la agenda mediática, política, cultural y social de las llamadas sociedades avanzadas. Es decir, sus intereses, preocupaciones, demandas y preferencias ocupan un lugar hegemónico en los medios, en el debate político, en la esfera cultural y en el imaginario sobre cómo es la sociedad y cuáles son sus problemas. Un ejemplo más de ello lo podemos ver en el reciente debate educativo generado a propósito de la aprobación de la última ley orgánica de educación, la LOMLOE, conocida como Ley Celaá. Con diferencia, han sido los cambios que afectan a la educación concertada aquellos que más resonancia han tenido debido a la controversia generada.

La nueva ley prohíbe a los centros imponer pagos a las familias a través de asociaciones y fundaciones por recibir enseñanzas que son de carácter gratuito, y dicta que los servicios y actividades extraescolares de pago no podrán ofertarse en horario escolar, prácticas ampliamente extendidas entre los centros concertados para complementar su financiación (artículo 88).

La controversia por estos cambios cristalizó en protestas públicas de una parte importante de la comunidad educativa de los centros concertados, así como en un debate político que, de momento, ha culminado con los recientes recursos que el PP y VOX han presentado ante el Tribunal Constitucional y que tienen en la defensa de la escuela concertada su principal caballo de batalla.

Pero lo cierto es que este debate en torno a los efectos de la nueva ley sobre la educación concertada es ajeno a la realidad más próxima de una proporción significativa de familias que se alejan del perfil señalado al comienzo de este artículo. Sencillamente porque, para ellas, la concertada no es una opción educativa. Y no me refiero aquí a aquellas familias que por motivos socioeconómicos tienen difícil acceder a este tipo de centros, cuestión muy problemática que afecta, de hecho, a sus oportunidades educativas y que, precisamente, esta nueva ley se propone corregir. Me refiero a las familias cuyo hábitat no se encuentra en las ciudades más grandes del territorio.

Una concertada casi inexistente en los pueblos pequeños

La distribución del alumnado en las tres redes de nuestro sistema educativo (pública, concertada y privada) no es solo claramente desigual en términos socioeconómicos, sino también en función del tamaño del municipio. La razón es simple: la concertada está muy poco presente en estos municipios más pequeños. Lo comprobamos con los datos de los centros que ofertan Educación Primaria en España. El porcentaje que suponen los concertados y los privados disminuye notablemente a medida que lo hace el tamaño de los municipios.

Así, mientras en los municipios de más de 500.000 habitantes los concertados y privados suponen casi la tercera parte del total de los centros y en los de entre 100.000 y 500.000 habitantes la cuarta parte, en los municipios que, por ejemplo, cuentan con 5.000 o menos habitantes su presencia es testimonial (3 %). Municipios, estos últimos, que, no obstante, suponen el 84 % de los más de 8.000 que hay en toda España y en los que viven más de cinco millones y medio de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

En esa otra España (la rural) el derecho a la educación es provisto eminentemente por la red pública. Allí las escuelas son, por lo general, internamente más heterogéneas socioeconómicamente y, por ende, más inclusivas en este sentido. Lo son porque no están tan expuestas a la creciente segregación socioeconómica escolar, resultado del fuerte aumento de la concertada en este país durante las últimas décadas, fenómeno demostrado por diversos estudios.

En esa otra España, es fácil intuir que las inquietudes de las familias por los cambios legislativos en materia educativa distarán mucho de esas que han acaparado el escaparate mediático y político durante los últimos meses. Allí, los procesos de despoblación provocan que sea el cierre de centros y unidades escolares el principal foco de preocupación educativa.

Escuela urbana y escuela rural

El contraste es evidente: mientras la España urbana debate sobre lo que algunos sectores identifican como un ataque a la concertada y, con ello, a la libertad de elección de centro, parte de la rural se enfrenta, curso a curso, a la amenaza de que a sus menores se les cierre la oportunidad de asistir al centro (público, normalmente) del pueblo en el que viven.

Es de justicia social, democrática y hasta demográfica, conocer y preocuparse también por las inquietudes y necesidades de las comunidades educativas rurales de nuestro país. Probablemente usted no se haya enterado por haber pasado desapercibido en los medios, pero la LOMLOE también ha introducido cambios que afectan directamente a dichas comunidades educativas. Debatamos, pues, sobre ellos; sobre si son suficientes o no, sobre qué medidas y recursos habrían de acompañarlos. Porque a la educación de la España que se vacía le va la vida en ello.


Alberto Álvarez-Sotomayor es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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