Biden: batalla a la desigualdad económica con alto coste fiscal

El Plan de Rescate Estadounidense, por valor de 1,9 billones de dólares (alrededor del 8,5% del PIB de 2020), proporcionará un importante impulso inicial a la actividad económica en Estados Unidos (AA/Estable): el PIB superará los niveles anteriores a la crisis a finales de 2021, muy por encima de algunas de las mayores economías europeas, como Francia (AA/Estable) o el Reino Unido (AA/Negativa). Además, el hecho de que el Gobierno de Biden haya sido capaz de poner en marcha este importante plan de estímulo en menos de dos meses tras la toma de posesión es positivo para la calidad crediticia.

Se espera que el mayor impulso a la demanda agregada a corto plazo se produzca a través de los pagos directos a los hogares, que representan alrededor de una quinta parte del paquete de ayudas total. Además, es probable que las continuadas políticas monetarias acomodaticias de EEUU aumenten los efectos multiplicadores a corto plazo del paquete, elevando el crecimiento de EEUU en 2021 y 2022 a alrededor del 5-6% desde nuestra estimación anterior de alrededor del 3-4%.

Atajar el problema de las disparidades económicas podría aumentar el potencial de crecimiento a medio plazo

No sólo importa el tamaño y el momento del estímulo, sino también su composición. El nuevo acuerdo de Biden aborda dos debilidades crediticias interrelacionadas –el potencial de crecimiento a medio plazo y los preocupantes problemas sociales– a costa de la tercera, el deterioro estructural de las finanzas públicas estadounidenses. Además de los pagos directos a los hogares y la ampliación de las prestaciones por desempleo y los créditos fiscales para las familias, el paquete de medidas prevé ayudas a la administración federal y local, a las escuelas, al transporte y a la vacunación contra la covid-19, además de ayudas a los hogares para el pago de alquileres, servicios públicos e hipotecas. El impacto fiscal este año será de unos 1,2 billones de dólares, posteriormente de unos 500.000 millones en 2022 y el resto en los próximos años, según las estimaciones de la CBO.

Estas medidas deberían contribuir a atajar las arraigadas disparidades económicas, que van desde la elevada proporción de personas que dependen de los programas federales para la alimentación, la sanidad, la educación y la vivienda, hasta los crecientes niveles de desigualdad de ingresos y riqueza. Estas debilidades estructurales pesan sobre la demanda agregada y el crecimiento de la productividad. La resolución de estos problemas, que también requerirá reformas estructurales sustanciales, podría aumentar en última instancia el potencial de crecimiento a medio plazo, que estimamos en torno al 1,9%.

Aun así, con el estímulo adicional, tras el paquete de 900.000 millones de dólares aprobado en diciembre del año pasado, los fundamentos fiscales de Estados Unidos seguirán siendo estructuralmente más débiles durante años. Es probable que el coste presupuestario global sea inferior a la magnitud del estímulo, ya que el aumento de la actividad nominal compensará aproximadamente una cuarta parte de las medidas iniciales de estímulo discrecional, según la OCDE. Sin embargo, se prevé que la deuda pública en relación con el PIB aumente en unos 6 puntos porcentuales para 2023 y alcance alrededor del 135-140% del PIB para 2025. Esto supondría casi 30 puntos porcentuales por encima de los niveles de 2019, y unos 15 puntos porcentuales por encima de los ratios de deuda de Francia y Reino Unido.

El impacto total del estímulo sobre la producción estadounidense es incierto, así como el grado en que aumentará la inflación. Es probable que las presiones inflacionistas sean transitorias y continúen siendo manejables –las expectativas de inflación a cinco años siguen estando en torno al 2%–, mientras que un poco de inflación podría incluso ayudar a aliviar la creciente relación entre la deuda y el PIB. La prueba de fuego del plan de estímulo sigue siendo su éxito a la hora de mejorar el crecimiento potencial de EEUU a más largo plazo, dada la polarización política del país, que esperamos que siga impidiendo un acuerdo bipartidista sobre la consolidación fiscal incluso cuando la economía vuelva a funcionar a pleno rendimiento.

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Alvise Lennkh es director de calificaciones soberanas en Scope Ratings.