Economía

¿Cuánto cuestan los cuidados?

La crisis del coronavirus ha dejado al descubierto otra más silenciosa, estructural e ignorada: la de las personas que cuidan a otras personas. Redirigir la política y la economía al bienestar de la gente y reconocer social y económicamente a quienes se dedican al sostenimiento de la vida no es solo una cuestión de justicia social, sino de progreso y fortalecimiento colectivo ante futuras crisis.

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Carla Lucena
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26
Oct
2020
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Carla Lucena

Si James Stewart hubiera escudriñado el día a día de sus vecinos durante el confinamiento covidiano, habría documentado un panorama del todo revelador desde su ventana indiscreta. Esa madre-pulpo que prepara comidas y pone lavadoras entre videollamada y videollamada. Aquella cuidadora que acude cada mañana a atender a un hombre dependiente –¿qué es la distancia social para quien no puede ducharse solo?–. El repartidor del Mercadona que se expone al virus para dejarnos la comida en la puerta. La enfermera exhausta que regresa tras otra jornada maratoniana y anímicamente terrible. O aquel matrimonio septuagenario que, de un día para otro, se suma a la dramática lista de fallecidos por coronavirus. Una versión 2.0 de la célebre obra de Hitchcock como retrato de nuestra fragilidad e interdependencia. Porque, si algo ha evidenciado esta crisis, es la importancia vital de los cuidados –y su desigual reparto– para la organización social y para el sostenimiento del estado de bienestar.

«Durante la pandemia se ha producido, como un fogonazo de claridad, una visibilización tremenda de los cuidados», reconoce la antropóloga e investigadora Yayo Herrero. «Por un lado, la revalorización de los servicios públicos, en concreto la sanidad y la educación; por otro, el trabajo de las mayoritariamente mujeres y mayoritariamente migrantes que cuidan a mayores en residencias o que limpian; y, en tercer lugar, la cantidad de curro que se hace dentro de las casas. Habría sido imposible sobrellevar el confinamiento si no fuera porque hay personas dentro de los hogares haciéndose cargo de la vida».

Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo, dijo acertadamente el inversionista Warren Buffet. La pandemia ha dejado al descubierto esa extensísima y deshilachada red de la que habla Herrero. De acuerdo con los últimos cálculos de Oxfam Intermón, en España se emplearon 130 millones de horas diarias en 2018 en trabajo de cuidados no remunerados, una cifra que equivale a 16 millones de personas trabajando ocho horas al día. De ellas, el 85% son mujeres. Esto se corresponde, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el 14,9% del PIB. «Se necesita algo más que aplausos. El verdadero reconocimiento debería empezar por calcular ese salario e introducirlo en la renta nacional», sostiene Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. «Mientras esos cuidados no estén monetizados, no seremos capaces de darnos cuenta de su enorme valor social», asegura el economista.

Antón Costas: «El verdadero reconocimiento empieza por calcular el salario de los cuidados no remunerados e introducirlo en la renta nacional»

Costas recurre a la sabiduría popular para ilustrar lo obvio: no es lo mismo trabajar que tener un trabajo. Según la «paradoja de Pigou», expresada por el teórico de la economía del bienestar Arthur Pigou en 1920, sería económicamente desastroso –atiéndase el contexto histórico– que los hombres solteros se desposaran con sus amas de llaves, quienes a partir de aquel momento seguirían desempeñando exactamente las mismas labores, pero quedarían excluidas de la Renta Nacional. Un siglo después, la manera en que medimos la riqueza y el bienestar sigue teniendo importantes grietas.

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

¿Cómo debe transformarse el modelo de cuidados para garantizar que sea universal, de calidad y social y económicamente reconocido? Para Joan Costa-Font, profesor asociado en el Departamento de Política Sanitaria de la London School of Economics, «los cuidados deben ser parte del contrato social que se ofrece en el sur de Europa al ciudadano». En su opinión, es urgente revisar el sistema de manera que se garantice que las ayudas se invierten 100% en la persona cuidada y se atienda y reconozca a la persona cuidadora. «Asimismo, poco a poco debe producirse una transición hacia subsidios en especie (medicamentos, ropa, libros, alimento) y no monetarios», añade. Según este experto, la financiación de los cuidados debería hacerse mediante un modelo contributivo de seguridad social, «en parte porque el modelo de impuestos solo ha servido para que los Gobiernos rebajen las prestaciones en momentos de austeridad».

Yayo Herrero: «Los cuidados son una cuestión de responsabilidad no solo entre hombres y mujeres, sino entre instituciones, ciudadanía y empresas»

En España, con la aprobación el año pasado del Real Decreto-ley 6/2019, las cotizaciones a la seguridad social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes correrán, de nuevo, a cargo del Estado. Así fue desde 2007 hasta 2012, cuando los recortes dejaron en los huesos la Ley de Dependencia. Además, el Gobierno se ha comprometido a ratificar el convenio 189 de la OIT sobre el trabajo digno de las empleadas del hogar. Esto implica la equiparación de las cotizaciones y los derechos de este colectivo con las del resto de trabajadores del régimen general, como el derecho a paro o al salario mínimo. Una decisión que llega tarde –en 2021 se cumplirán diez años de la firma de este convenio–, pero que supone un indudable avance para uno de los sectores con mayores índices de trabajo no declarado: alrededor de un tercio de las empleadas domésticas no están afiliadas a la Seguridad Social.

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«Si hay voluntad política, no hace falta una transformación de décadas», sostiene Yayo Herrero, para quien lo más lento será el cambio cultural que necesitamos para revalorizar los cuidados. En su opinión, hay elementos que se podrían poner en marcha de manera relativamente rápida: además de la ratificación del convenio ya mencionado y la integración de personas cuidadoras en el régimen general de la Seguridad Social, Herrero propone, entre otros, un proceso de regularización de las trabajadoras migrantes, una mesa de trabajo de cuidados que funcione como observatorio en los diferentes territorios, el establecimiento de servicios esenciales para el cuidado de mayores, el refuerzo en las plantillas de servicio de atención en residencias y en teleasistencia, o la introducción de cláusulas sociales que obliguen a las residencias privadas a cubrir unas determinadas condiciones de calidad y a pagar unos determinados salarios a las cuidadoras. «Se trata, ni más ni menos, de articular la política y la economía tomando como prioridad el bienestar de todas las personas, basándose en una lógica del cuidado que sirva como eje orientador y sea transversal a todo: las políticas de vivienda, al ordenamiento urbano y el transporte, a las políticas de medio ambiente…».

Profesionalizar el sector

Otro de los caballos de batalla es la profesionalización del sector. El envejecimiento demográfico, el aumento de la dependencia, la mayor diversidad en los modelos de familia y la incorporación creciente de las mujeres al mercado laboral está generando una mayor demanda de servicios de cuidados. Una tendencia que seguirá in crescendo y para la que deberemos estar preparados.
Antón Costas dibuja un proceso social similar al que experimentaron la educación o la sanidad a raíz de su universalización en el siglo XX. «A partir de la creación del sistema público de salud de Ernest Lluch en el año 86, se dio un mayor reconocimiento de los trabajos sanitarios y un aumento espectacular del número de empleos. Con el cuidado a mayores y dependientes ocurrirá lo mismo». En su opinión, lo que de forma genérica llamamos hoy «trabajos sociales» se diversificará en distintas categorías y especializaciones, y estará mejor remunerado. «Este es uno de los yacimientos de empleo más importantes de las próximas dos o tres décadas», prevé Costas.

Alrededor de un tercio de las empleadas domésticas no están afiliadas a la Seguridad Social

En un horizonte temporal más cercano, el Ejecutivo ha propuesto la creación de un sistema estatal de cuidados que creará unos 300.000 empleos públicos destinados a atender a los más vulnerables. Pero, ¿qué pasa con todas esas personas cuidadoras, indudablemente cualificadas, que no están reconocidas como tales? «Las mujeres que se han dedicado durante años y años al cuidado de los hijos, de la casa o de familiares dependientes, ¿acaso no son expertas en mantener la vida?», pregunta retóricamente Yayo Herrero. «Muchas de ellas están sobrecualificadas aunque no tengan un título; otras, migrantes, lo tienen pero no se lo han convalidado. Por eso, esa necesaria profesionalización debe garantizar el reconocimiento de la experiencia y del saber de estas personas, para que, en un marco hipotético en el que el trabajo de cuidados estuviera bien pagado, no quedaran expulsadas de la posibilidad de seguir realizándolo».

El sector privado no es ajeno a la crisis de cuidados. «Las empresas se tienen que comprometer. Son las grandes beneficiadas de que el cuidado esté mal repartido, de que lo hagan especialmente mujeres y de que sea mayoritariamente gratuito. Los cuidados son una cuestión de responsabilidad no solo entre hombres y mujeres, sino entre instituciones, ciudadanía y empresas», considera Herrero.

El contexto pandémico ha acelerado en este sentido cambios legislativos. En el sistema estatal de cuidados que está en marcha también se incluye una «ley de tiempo corresponsable» que garantice el derecho a la conciliación, apuntalada con una regulación del teletrabajo «con perspectiva de género» para evitar que esta modalidad no sea una trampa para las mujeres, es decir, para evitar la sobrecarga que puede suponer para ellas compatibilizar ese trabajo con las tareas de cuidados –familia o casa– cuando no existe corresponsabilidad o en el caso de las familias monoparentales, en un 82% encabezadas por mujeres.

En efecto, los cuidados son el aceite que permite que el engranaje social y económico siga en funcionamiento. Ese árbol moribundo que, aun abatido, continúa dando vida al descomponerse y prepara al suelo para acomodar mejor a sus sucesores. «Un devorador de tiempo», en palabras de la socióloga María Ángeles Durán, que corre el riesgo de ser devorado.

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