Trampantojo

Artículo

Juan José Almagro

@JAlmagro

El futuro decente ya ha llegado. Eso pensamos muchos cuando en septiembre de 2015 se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus 169 metas, ni más ni menos. Parecía que, sin darnos cuenta, la Nueva Era de la Responsabilidad Social iniciaba su andadura, que después de tanto tiempo nos poníamos en marcha para hacer/vivir un mundo mejor; que podría ser verdad aquello que Sábato había escrito sobre  que la mejor manera de contribuir al cambio era no resignarse. Y muchos, muchos, llevábamos años trabajando en el empeño de acabar con la pobreza, desterrar la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Parecía que la utopía podía tocarse con la punta de los dedos…

Nos lo creímos. Pero pronto empezamos a sospechar: el tiempo pasaba y nada o poco se hacía desde la Administración porque, aunque las empresas, universidades e instituciones trabajaban por su cuenta, no es lo mismo hacerlo de consuno que cada uno por su lado. Creímos un poco menos cuando un Consejo de Ministros celebrado en junio de 2018 aprobó el Plan para la implementación de la Agenda 2030 y cuando, más tarde, con el mal antecedente de un inoperante, exhausto y todavía vivo Consejo Estatal de Responsabilidad Social, CERSE (creado en febrero de 2008), en febrero de 2019 el Gobierno creó el Consejo de Desarrollo Sostenible, que al parecer solo se ha reunido una vez para hacerse la foto de rigor con algún representante de Naciones Unidas que estaba de visita.

«Ya solo nos quedan 10 años para incumplir, con todas sus consecuencias, los Objetivos de Desarrollo Sostenible»

Miren por donde, en el tiempo de pandemia, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 ha sometido a trámite de audiencia e información pública (del 2 al 23 de junio de 2020) un proyecto de Orden Ministerial por el que se regularía la composición y funcionamiento del «nuevo» Consejo de Desarrollo Sostenible que, hay que recordarlo, se creó hace solo un año. Dice el borrador de la Orden Ministerial que «la Agenda 2030 es, ante todo, un nuevo contrato social y global que obliga a todos los actores sociales y a todas las Administraciones públicas a trabajar de forma coordinada. Ello requiere partir de una visión integradora e integral que aglutine las políticas públicas internas y la coherencia de las políticas con el desarrollo en un esfuerzo colectivo conjunto». Ahí queda eso, y no sé si los redactores del texto habrán leído, o no, a Rousseau.

La exposición de motivos de este proyecto de Orden Ministerial se refiere también a la «voluntad de la ciudadanía organizada» para participar en la implementación de la Agenda 2030, cuyo Plan de Acción exige una respuesta coordinada y recurre a la necesidad de reforzar los mecanismos institucionales de cooperación y unos marcos de cooperación que se actualicen de acuerdo a las nuevas estructuras y competencias ministeriales. Es decir, que se derogará la Orden de febrero de 2019 y se va a «proceder a la aprobación de una nueva Orden de carácter integrador», que en lo sucesivo, regulará el Consejo de Desarrollo Sostenible, órgano consultivo que asesorará a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 con el fin de garantizar la participación de la sociedad civil «en la formulación y el seguimiento de propuestas acordes con la consecución de los ODS y la Agenda 2030 para lograr un país más justo, más sostenible y más equitativo».

¿Cambiará para bien el nuevo Consejo de Desarrollo Sostenible respecto del creado en 2019? ¿Se rebajará el número de sus integrantes y se incrementarán sus competencias? ¿Será operativo en su nueva normalidad? No lo sabemos. Por lo que hemos analizado, con independencia de su adscripción al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, las funciones del Consejo no varían respecto de las que ya tenía en 2019: asesorar a la Secretaria de Estado (antes a la Alta Comisionada) de la Agenda 2030, generar documentos y análisis, contribuir a la divulgación y comunicación de la Agenda 2030 e impulsar el dialogo entre todos los agentes sociales, económicos, medioambientales y culturales para conseguir los ODS. Y todo eso, presumiblemente, lo hará el Consejo sin incremento del gasto público y, naturalmente, sin que los miembros del Consejo perciban remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones. Por cierto, no quiero pasar por alto que el Consejo, además de presidencia, vicepresidencia y secretaría, contará con tan solo cincuenta vocalías, lo que sin duda le otorgará una alta operatividad y una notable eficiencia…

Muchos de los que nos dedicamos desde hace tiempo a los temas de RS y Sostenibilidad tenemos la impresión de que los ODS se han convertido en commodities, es decir, en productos para los que existe una demanda creciente en el mercado y se comercian sin diferenciación cualitativa en operaciones de compra y venta. La constante exhibición en el pecho de los gobernantes del colorido pin de los ODS es solo eso: una exhibición, una apariencia, un trampantojo, una trampa/ilusión óptica con la que se engaña a una persona (o a millones de ellas) haciéndole creer que ve algo distinto a lo que en realidad ve. Alguna vez, un servidor también luce su pin ODS en la solapa, pero soy consciente de que, cinco años después, estamos donde estábamos en 2015, pero ya solo nos quedan 10 años para incumplir, con todas sus consecuencias, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por muchos Consejos que se renueven.