«El ingreso mínimo vital es necesario: hay colectivos importantes sin protección»

Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Red Eléctrica de España, analiza el impacto económico de la emergencia sanitaria y las políticas puestas en marcha para amortiguar el golpe, dentro del ciclo ‘Reflexiones en mitad de la crisis’ impulsado por Ethic.

Los efectos de la pandemia están siendo devastadores para todo el mundo, incluida España. ¿Cómo podemos amortiguarlos?

La canciller Angela Merkel dijo que el mundo está viviendo su peor momento desde la II Guerra Mundial. En términos económicos, el FMI acaba de decir que esta crisis es global, más profunda que la de 2008, aunque saldremos antes. En aquella tardamos casi una década en recuperar el nivel de renta nacional anterior a la crisis y, esta vez, si se cumplen las previsiones y no hay un rebrote de la pandemia, en dos años volveremos al PIB de hace unos meses, pero lo haremos con un desempleo que en 2021 todavía se situará en el 17% de la población activa y un déficit público en el 6,7% del PIB. En España, desde la Guerra Civil, nunca habíamos visto una cosa así.

«El problema de la renta mínima se plantea con aquellos que están ‘fuera del sistema’, sin papeles ni domicilio conocido»

Las medidas de política económica que se están aplicando en todo el mundo buscan, primero, contener los efectos de un shock externo como es el confinamiento de la gente para evitar el contagio del virus. Para hacerlo hay que actuar en dos direcciones: garantizar liquidez a las empresas para que la brusca caída de ingresos no les lleve a una quiebra, y buscar desde los presupuestos del Estado una sustitución de ingresos para trabajadores y autónomos que se han quedado sin actividad. Hay que reconocer que en ambas direcciones se ha reaccionado con mucha más celeridad que ante la crisis del 2008 y, desde el Banco Central Europeo, se ha inyectado liquidez en el sistema y la UE ha cancelado la aplicación de los procedimientos de déficit excesivos. Después, habrá que plantearse cómo reactivar la economía más allá de la simple supresión del confinamiento, en un contexto en el que los bancos tendrán liquidez para prestar –a diferencia de la sequía de créditos vivida en 2008–. Los gobiernos estarán respaldados por el BCE evitando una crisis de deuda (primas de riesgo) como la vivida en la crisis anterior y el sector privado saldrán con mayores tasas de ahorro. Negociar unos presupuestos generales para 2021 será muy complicado, pero es donde mejor se podrá resumir el espíritu del necesario pacto político que la emergencia requiere y los ciudadanos reclaman.

¿Qué valoración hace de las políticas relacionadas con el empleo puestas en marcha por el Gobierno? 

El Gobierno está haciendo, en términos económicos, lo que tiene que hacer y lo que están haciendo todos los países, es decir, avalar líneas de crédito para pymes y autónomos y poner en marcha políticas de sustitución de rentas. De estas últimas, destacan tres: ayudas a los autónomos –es la primera vez que se aplican– y dos nuevas medidas de flexibilidad interna en las empresas, necesarias para evitar despidos y que son posibles porque se aprobaron en las últimas reformas laborales siguiendo el modelo alemán, los ERTE y los permisos pagados recuperables. Sin embargo, los datos de la seguridad social de marzo ya nos mostraron dónde están dos de nuestras mayores vulnerabilidades: demasiadas microempresas (más de cien mil cerraron en marzo) y demasiados contratos temporales (un 80% del paro de ese mismo mes). Junto a ello, se constatan retrasos y bloqueos administrativos que demoran las ayudas y que evidencian la necesidad de una reforma de las administraciones, todavía pendiente.

El Gobierno ultima la renta mínima vital. ¿Qué opina?

Vengo defendiendo la necesidad de una renta mínima, que no debe confundirse con una renta básica  –sería como confundir el IVA con el IRPF–, desde el año 2000. Nuestro modelo de protección social está dejando huecos importantes de colectivos que quedan sin protección adecuada, y un ingreso mínimo vital es una necesidad que se incluyó ya en el programa electoral de 2005 –que ayudé a elaborar– y en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Por cierto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), dirigida por Escrivá, hizo un informe muy interesante sobre el asunto. Nada tiene que ver, por tanto, con la pandemia. Es cierto que países donde la sanidad no tiene la cobertura pública que aquí y los mecanismos estatales de protección social son inexistentes, como Estados Unidos, han aprobado el envío de un cheque a los más necesitados. En España la situación es otra, por lo que el debate aquí sobre una renta mínima transitoria me parece absurdo, y creo más adecuado acelerar los plazos para adelantar el ingreso mínimo vital que ya estaba previsto. El problema, en todo caso, se plantea con aquellos que están «fuera del sistema», sin papeles ni domicilio conocido. Llegar a ellos es muy difícil, y un ingreso mínimo no debería sustituir la importantísima labor que desarrollan las ONG y los ayuntamientos con los bancos de alimentos y otras ayudas similares.

«Los bloqueos que demoran las ayudas evidencian la necesidad de una reforma de las administraciones»

Europa tiene el objetivo de descarbonizar su economía en el año 2050. ¿Qué papel debe tener el Green Deal –ese plan que apuesta por reconciliar la economía con la salud del planeta y con la de sus habitantes– en la era posCOVID-19?

Tras la pandemia muchas cosas seguirán ahí, como el dinosaurio del cuento de Monterroso. El mundo no volverá a la misma situación que existía antes del COVID-19, sobre todo en asuntos relacionados con la globalización, pero tampoco creo, como dicen algunos, que salgamos a uno totalmente distinto. La necesidad de combatir el cambio climático será tan acusada como antes. Hay dos datos que se han evidenciado con el confinamiento. En primer lugar, las emisiones de C0₂ se han reducido mucho, es decir, la actividad humana como desencadenante del calentamiento global es evidente, por lo que controlar y reducir emisiones es y será fundamental. Además, durante la pandemia hemos recuperado la importancia de dejarnos asesorar por expertos a la hora de abordar determinados problemas. Espero que en la lucha contra el cambio climático los gobiernos incorporen, de manera explícita, a los expertos a la hora de adoptar medidas.

Aunque no comparto la terminología de la reconstrucción para definir aquello que tendremos que hacer tras la pandemia, es evidente que serán necesarias muchas reformas y cambios en políticas y sectores clave de la actividad económica y social. Todas ellas deberán estar enmarcadas en dos vectores: tendrán que contar con amplios consensos sociales y políticos, e ir en la dirección de los cambios exigidos por los compromisos de lucha contra el cambio climático. La salida a esta crisis no podrá ir en contra de lo verde, sino a favor. Y espero que desde una mayor coordinación internacional.

Tras la crisis financiera de 2008, los líderes internacionales empezaron a hablar de refundar el capitalismo. ¿Cómo podemos avanzar hacia eso que algunos economistas llaman capitalismo progresista?

«Necesitamos un Estado fuerte y activo, pero no hay que confundirlo con un Estado gordo y fofo»

Una de las cosas que ha dejado claras los más de doscientos años que vivimos bajo un régimen económico al que englobamos bajo la denominación de capitalismo es su gran capacidad de adaptación. La otra es la utilización que sus defensores hacen de un doble lenguaje respecto al Estado. Mientras que, en situaciones normales, es objeto de sus ataques –«El problema es el Estado», dijo Reagan– y parece que les sobra su legislación, sus controles y sus impuestos, cada vez que ha tenido una crisis económica grave, recurren a él como único agente social capaz de contrarrestarla y conseguir que la sociedad no salte por los aires. Lo vimos en la crisis de 1929, en la de 2008 y ahora. Muchos defensores del capitalismo critican el Estado, pero sin el Estado el capitalismo no existiría como lo conocemos –piénsese en los llamados estados fallidos–.

La crisis de 2008 ha dejado una herencia de desigualdad muy grande. Amplios colectivos, sobre todo de países desarrollados, han sentido que se les robaba su futuro y que aquel sueño de sociedad meritocrática, defensora del esfuerzo personal y donde la igualdad de oportunidades garantizaba un ascensor social, ha saltado por los aires. Ello está en la base del crecimiento de los populismos en todo el mundo, con el consiguiente deterioro de la convivencia democrática que su ascenso lleva aparejado. Refundar el capitalismo es, como dijo Sarkozy ya en 2009, absolutamente imprescindible si queremos mantener sociedades en las que la convivencia se realice en términos de democracia, cohesión social y paz. Hay tres o cuatro líneas de reforma que parecen imprescindibles: la necesidad de un Estado fuerte y activo –lo ha reconocido hasta el Financial Times– que evite los abusos, garantice la igualdad de oportunidades y permita el desarrollo de las capacidades, que no hay que confundir con un estado gordo y fofo; unas empresas que hayan asumido que no solo se deben a la maximización del beneficio de sus accionistas, sino que deben tener en cuenta también a sus stakeholders como los trabajadores, los proveedores, los clientes y la sociedad en la que actúan, como dijo la Business Roundtable y se ha recordado en Davos. La pandemia, por cierto, ha permitido que muchas empresas hayan puesto en marcha estos nuevos principios. Como tercer vector, la necesidad de defender la cohesión social como principio constitutivo de un capitalismo inclusivo que debe favorecer una economía empresarial y capitalista, pero no una sociedad capitalista. Pocos dudan de que ese impulso reformista del capitalismo, para hacerlo más dinámico e inclusivo, es necesario, tras constatar el fracaso de modos económicos totalmente alternativos. En estos, creo que la clave sigue estando en la socialdemocracia tradicional, cuando decía «tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario».

«La pandemia ha evidenciado dos puntos negros en nuestro modelo sanitario: las residencias para mayores y las camas hospitalarias»

¿Cuáles con las claves para reformular el sistema sanitario?

La pandemia ha evidenciado dos puntos negros en nuestro modelo: las residencias para mayores y las camas hospitalarias, especialmente, en las UCI. Podríamos hablar también de las deficiencias detectadas en un modelo autonómico en el que nos falta engrasar lo común, lo que une, lo de todos y, en concreto, el papel del Estado federal central. Es un error abordar la sanidad con criterios únicamente cuantitativos –o recortes o más gasto–, cuando es imprescindible abordar reformas estructurales con cuatro objetivos: tomarnos en serio la medicina preventiva dentro de una estrategia continuada de salud pública; equiparar nuestras estructuras sanitarias de agudos a la media comunitaria (camas/habitante, por ejemplo); reforzar el cambio hacia un modelo más adecuado para el tratamiento de enfermos crónicos, la mayoría de edad avanzada y, por último, dar entrada con fuerza a la digitalización, que permitirá desarrollar la telemedicina y la asistencia domiciliaria.