«Europa no solo se juega la recuperación económica, sino el favor de los ciudadanos»

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31
Mar
2020
Emilio Ontiveros

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El economista Emilio Ontiveros analizó –dentro del ciclo Reflexiones en mitad de la crisis, en el que conectamos en directo con miembros del Consejo Editorial de Ethic y otros expertos– el impacto económico de la emergencia sanitaria , así como las soluciones que están poniendo en marcha el Gobierno de España y la Unión Europea para hacer frente a esta crisis.


Estamos en un momento aún especulativo, pero en el que el coronavirus se ha convertido en la gran amenaza global para la prosperidad. ¿A qué escenario nos enfrentamos?

Ya estamos viendo la emergencia de este escenario: una recesión en toda regla, una crisis económica con una severidad, al menos en estos primeros compases, no menor a la que sufrimos en el 2008. La recesión ya está aquí. El desempleo, su ascenso, también es una constante en todas las economías, desde China a Estados Unidos, pasando por la Unión Europea. Y, a partir de aquí, dependiendo de las respuestas de las terapias que se adopten para este cuadro clínico inequívoco, va a depender que la recesión sea más o menos transitoria… o que nos instalemos en una suerte de estancamiento –con esas constantes de aumento del desempleo, de parálisis en la actividad industrial– y vayamos a males peores. El mundo está abocado a una contracción pronunciada en el ritmo de crecimiento y, dependiendo de la ambición de las decisiones de política económica, esa recesión puede mutar en recuperación a corto plazo o en depresión, una palabra maldita que algunos historiadores económicos nos están recordando estos días.

«No tiene sentido garantizar el crecimiento económico si dejamos en la cuneta a más ciudadanos»

Aún permanece esa sombra alargada de la crisis de 2008, una ola de indignación sacudió el mundo y se tradujo, finalmente, en el auge y eclosión de los movimientos populistas. ¿Qué medidas deben ponerse en marcha para amortiguar los efectos económicos y sociales de la pandemia?

Las medidas deben tener un primer objetivo que es evitar que mueran demasiadas empresas. Al desaparecer como consecuencia de esas distorsiones en la oferta o de ese desplome en la demanda, nos encontramos con caídas también en el empleo y ese círculo vicioso que resulta familiar para quienes observamos la crisis anterior. Por lo tanto, las terapias, las decisiones de política económica tienen que estar orientadas a facilitar la supervivencia de las empresas en esta transición y a subordinar cualquier otro objetivo de política económica a la recuperación. Tienen que estar orientadas a la coordinación, en el caso concreto de Europa, de decisiones que estimulen la actividad no solo en un país, sino en el conjunto. No es el momento de los prejuicios sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas: la amenaza es de una envergadura tal que un punto más o menos de déficit o deuda pública es un mal menor. Hay que guiarse por el pragmatismo al que se está orientando, por ejemplo, Estados Unidos, que lo hizo ya en la crisis del 2008. Sin embargo, en Europa a mí me preocupa que estemos, en el mejor de los casos, ante la indecisión, y en el peor, ante la negativa a llevar a cabo decisiones que, además de mutualizar riesgos, permitan inversiones ambiciosas a medio y largo plazo. Si sigue así, agarrotada, si sigue dando el espectáculo que dio el Consejo Europeo la semana pasada, esa desafección, ese contagio al malestar social y a la emergencia –incluso, el nacimiento de opciones políticas poco propicias de la integración europea–, será un hecho. Europa se está jugando ahora, no solamente la recuperación económica, sino el favor, en última instancia, de los ciudadanos.

Más allá de Europa, ¿qué opinas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España? ¿Cuáles te parecen las más beneficiosas y cuáles las más perniciosas?

El Gobierno español ha tomado, grosso modo, las mismas medidas que están tomando todos, en particular las decisiones que tomó Alemania cinco o seis días antes. Alemania –recordemos, un gobierno de coalición entre los democristianos y los socialdemócratas– adoptó esas tres direcciones que asumió Sánchez, aunque la cuantía de los recursos asignados es, lógicamente, menor en nuestro país. Una primera dirección es no poner restricciones de gasto de inversión en la atención sanitaria: todo lo que signifique inversión o gasto en los medios para neutralizar la extensión del virus hay que llevarlo a cabo. Una segunda dirección tiene que ver con el apoyo a la liquidez de las empresas para evitar la falta de oxígeno, de recursos financieros, de capital circulante, de medios con los que atender las deudas que tengan las empresas. En tercer lugar, en recursos financieros, facilitar el ajuste temporal de las plantillas, con el fin de que, si las empresas han de reducir horas de trabajo, no la reduzcan en términos efectivos y sean los recursos públicos los que cubran esas diferencias de costes. Y una cuarta dirección, que en el caso alemán es mucho más generosa, es la asignación de recursos financieros a conocimiento, a investigación y desarrollo; a facilitar, en definitiva, la investigación científica con el fin de detectar vacunas que neutralicen la extensión del virus. El Gobierno español ha hecho, insisto, lo que están haciendo los demás, un poco más tarde tal vez, pero la dirección es la que es. ¿Que serán suficientes esos cien mil y pico millones de euros de recursos públicos para extender la recuperación y atajar la recesión? Cada día que pasa soy un poco más escéptico. Nos vendría muy bien a una economía como la española que, además de esos recursos propios puestos con el presupuesto, de Europa llegaran decisiones favorecedoras del estímulo. Me preocupa mucho más la inacción de la Unión Europea, de la eurozona, que la suficiencia discutible de los recursos financieros que ha puesto el Gobierno español.

«No se puede crecer y destruir las condiciones de vida en la Tierra al mismo tiempo»

¿Qué valoración haces sobre las políticas relacionadas con el empleo?

Son decisiones que no había más remedio que tomar y que también las han adoptado otros países. En primer lugar, reducir al máximo la movilidad de las personas con el fin, lógicamente, de atajar la propagación del virus. Eso supone aumentar también la cuarentena de las empresas. Los resultados económicos, la recesión que estamos observando en todo el mundo, tiene que ver no solo con la falta de movilidad, sino con la cuarentena empresarial. Es una decisión razonable. En cierta medida tiene esa excepción de los servicios esenciales que, si uno observa el amplio catálogo de ese tipo de servicios, no hay una gran diferencia en términos de generación de PIB con lo que ocurría hasta hace tres días. Sin embargo, sí minimiza esa movilidad en el desplazamiento de personas, el principal factor de riesgo. El segundo grupo de medidas tiene que ver con las limitaciones al despido. Lo que el Gobierno español ha hecho no es tanto prohibir el despido como consecuencia de la vigencia del estado de alarma como que entre las causas objetivas del mismo no esté la situación excepcional que vivimos. El despido sigue existiendo, lo que ocurre es que, efectivamente, si no hay ninguna razón objetiva distinta al estado de alarma, la cuantía del despido, en lugar de ser 22 días por año trabajado, sea de 33 días. Pero esta medida no es muy distinta de otras que han adoptado otros países en Europa que incorporan, como en el caso de España, subsidios y apoyos financieros a aquellas empresas que se ven obligadas a llevar a cabo suspensiones temporales. No me rasgaría las vestiduras teniendo en cuenta que esas medidas de excepción son para los próximos 15 días, dentro de los cuales hay un período, Semana Santa, que tiene varios días festivos. Son medidas excepcionales que se corresponden con una situación excepcional. En nuestro país tenemos un censo de pequeñas y medianas empresas muy superior al de otros países y lo que hay que procurar es que no desaparezca en su totalidad. Estas decisiones, sobre todo la reducción de la causalidad en las justificaciones de despido, son razonables.

«¿No parece que las medidas económicas adoptadas se orientan más a mantener los puestos de trabajo que a la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, la gran parte de ellas con recursos financieros escasos?», pregunta nuestro lector y colaborador asiduo, Luis Suárez Mariño.

Decía antes que toda política económica se tiene que orientar a reducir la mortalidad de las empresas, porque así también se está actuando sobre el empleo. El primer paquete de medidas de esos 200.000 millones que anunció el Gobierno –que, de hecho, de recursos públicos son mucho menos, unos 100.000 millones– se dirigía al suministro de liquidez: era el manguerazo por parte de los recursos públicos. Debemos tener en cuenta que de recursos financieros están, por un lado, los suministrados por el Banco Central Europeo –que está abaratando de forma significativa la financiación privada y la pública– y, por otro, los vinculados a esos más 100.000 millones de euros que puso el Gobierno para que sobrevivan las empresas. La decisión que tomaron este fin de semana tiene que ver con que no haya un incentivo adicional para reducir el empleo en las empresas que ya tienen la posibilidad de disponer de recursos financieros. Son dos objetivos absolutamente complementarios: que sobrevivan las empresas es la condición necesaria y que estas no tengan incentivos a hacer ajustes de plantillas determinados, básicamente, por lo que estamos viendo en estos 15 o 20 días.

«Me preocupa más la inacción de la UE que la suficiencia de los recursos financieros del Gobierno»

Refundar el capitalismo era uno de los objetivos, podríamos decir grandilocuentes, que los líderes mundiales blandieron tras la crisis financiera. ¿Por dónde empezamos esta tarea titánica?

Ya se había empezado. El verano pasado ya vimos señales en la dirección de esa mayor sensibilidad que, sobre todo las grandes empresas, tenían sobre los excesos que el propio sistema económico, que la propia dinámica de globalización, había llevado consigo. A mí me sorprendió muchísimo cómo, a mediados de agosto, la Business Roundtable americana –un organismo muy conservador asociado a las grandes empresas estadounidenses–, reconocía que había que admitir objetivos adicionales a la maximización de la riqueza de los accionistas como propósitos de las empresas. Pero antes habíamos visto a un operador financiero tan importante como BlackRock incorporar en sus objetivos consideraciones que tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental. Yo diría que ya había un movimiento, quizá orientado por razones reputacionales, pero también por la presión ciudadana, en esa dirección de resetear o refundar el sistema o, por lo menos, de corregir los excesos que se habían venido cometiendo en ese periodo que va desde 1989 hasta el final de la crisis pasada. La nueva crisis asociada a la pandemia es una ocasión para fortalecer esa consideración social, esa reputación en última instancia de las grandes empresas, esa suavización de las aristas del sistema económico. Estamos observando movimientos, tanto en Europa como fuera, en la dirección de hacerse más amigable con las exigencias sociales. No olvidemos que esta crisis va a dejar nuevamente perdedores, y la mayoría van a ser los mismos, los pertenecientes a los mismos estratos sociales que ya fueron los perdedores de la anterior crisis. Es razonable que estemos observando movimientos solidarios por parte incluso de grandes empresas, que estemos cerca de un capitalismo más progresista que no tiene que ser una contradicción en sus propios términos.

Nos pregunta otro lector, Francesc Xavier Navarro, en relación con lo que acabas de comentar: «¿Cómo crees que deben cambiar de modelo productivo y las relaciones laborales? ¿Cómo el sistema tiene que aprender de todo esto?».

Creo que, efectivamente, la etapa anterior había dejado algunas lecciones. La más genérica es que el funcionamiento de las empresas tiene que estar sujeto a restricciones, no muchas, pero sí suficientemente claras, que tengan que ver con el cuidado del planeta. No se puede crecer y destruir las condiciones de vida en la Tierra al mismo tiempo. Hay que evitar eso o hay que pagar por esos excesos. Al mismo tiempo, hay que procurar un equilibrio entre el funcionamiento de los mercados y la concentración empresarial. No podemos ir a la extensión del poder del monopolio. El sistema productivo tiene que cuidar que la igualdad de oportunidades, no solo de las personas, sino también de las empresas y, por lo tanto, la excesiva concentración de poder de mercado tiene que desaparecer. Tiene que haber, lógicamente, una mayor distribución de la renta de los beneficios generados por el sistema. Se tiene que reducir esa polarización excesiva que está explicando esos movimientos de desafección. Nunca hubo una desigualdad en la distribución de la renta tan pronunciada como ahora, como en los últimos 15 ó 20 años. La desigualdad no es rentable, y no lo digo yo, sino que lo ha reconocido el propio Warren Buffet o Bill Gates, entre otros. El sistema fiscal tiene que contribuir a paliar los excesos y desigualdades que puede generar el propio sistema económico. Los impuestos tienen que contribuir a afianzar los bienes públicos y la igualdad de oportunidades en la educación, en la sanidad, como estamos viendo ahora. Y, por supuesto, el clima dentro de las empresas tiene que ser compatible con unas condiciones de vida sensatas, que mejoren cada generación. Esta es la primera generación en la que los hijos no van a vivir mejor que los padres. Eso nunca había ocurrido. En mi generación sí existían claras posibilidades de que, con esfuerzo suficiente, se superaran los estándares de bienestar de generaciones anteriores. Pero no nos damos cuenta de que teniendo generaciones como la actual, fortalecida en términos de capital humano y de habilidades, sin embargo, no seamos capaces de generar unas rentas suficientes como para que vivan mejor que la generación anterior.

«La concreción de la solidaridad se tiene que hacer de forma fiscal»

Teníamos ya una hoja de ruta puesta en marcha en forma de Green Deal europeo, ese acuerdo que apuesta por reconciliar la economía con la salud del planeta y con la de sus habitantes. ¿Debe ser este Pacto Verde, con el telón de fondo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gran palanca para la reconversión de este sistema?

Absolutamente. Y ahora más que nunca. En primer lugar, no había más remedio que asumir que había que corregir ese exceso de destrucción de las condiciones de vida en el planeta en el que concluyeron los Acuerdos de París. Era necesario ponerse objetivos que hicieran que los parámetros de sostenibilidad del planeta iban a mejorar. Pero ahora con doble razón. En primer lugar, porque ese Green Deal significa es invertir, apostar por tecnologías compatibles con la generación de eficiencia energética sobre la base de fuentes mucho más sostenibles, etc. Eso, por ejemplo, en Europa se había estimado: iba a significar hasta 2030 unas inversiones en torno a 380.000 millones de euros. No hay que esperar. Ya llegamos tarde. Sería el momento de acelerar esas inversiones, de asumir la capacidad inversora que tiene una institución europea como el Banco Europeo de Inversiones, aprovechar las condiciones de financiación extremadamente favorables que ofrecen los mercados de bonos, anticiparse, hacer de la necesidad virtud. No hay más remedio que generar inversiones que hagan el planeta mucho más habitable. Hagámoslo ya. Y, desde luego, rechacemos la tentación de considerar que hay una forma más rápida de salir de la recesión en la que ya estamos instalados, superando las restricciones precisamente de la sostenibilidad. Es posible que haya algún gobierno –no en Europa– que diga «vamos a dejar la descarbonización para más tarde. Ahora hay que ir a crecer y olvidarse de restricciones medioambientales». No, al revés: si se asumen las restricciones medioambientales y las inversiones consecuentes con las mismas, la recuperación no solo será más rápida, sino que será más sana.

Una de las conclusiones de esta emergencia es que tenemos que seguir reforzando el Estado del bienestar, pero también la colaboración público-privada. Estas dos cosas algunos pensamos que son perfectamente compatibles y necesarias.

Esa complicidad público-privada se da claramente en los ámbitos en los que hemos señalado. Por ejemplo, Europa tiene claramente dos asignaturas pendientes, esa transición energética y transición tecnológica que afiance inversiones que hagan, en definitiva, que el crecimiento sea mucho más sostenible, y una transición digital, esa necesaria inserción en una economía digital de la que nos hemos quedado retrasados estos últimos años. Eso no lo pueden hacer exclusivamente los sectores públicos, tiene que ser fruto de la complicidad con el sector privado, pero la señalización tiene que venir por parte de los gobiernos. Así ocurrió en Estados Unidos antes de que asumiera el liderazgo en la sociedad digital. Fue el vicepresidente Al Gore el que dijo «hay que caminar por aquí» y fue la Administración quien invirtió inicialmente y el sector privado les siguió. Luego, dio un paso atrás el propio sector público. La Comisión Europea lo tiene claro, lo que hace falta es pasarlo a limpio: concretar decisiones, vectores de crecimiento. Es posible tener un crecimiento basado en el desarrollo empresarial y un Estado del bienestar compatible con el crecimiento inclusivo. No tiene sentido garantizar el crecimiento de las economías si vamos dejando escorados, en la cuneta, a un número creciente de ciudadanos, porque al final acaba pasando factura contra el propio sistema. Es ahí donde los Warren Buffett y esta gente inteligente dice «señores, no pasa nada por pagar algo más de impuestos si lo hacemos compatible con un crecimiento también socialmente estable, porque si no empezamos a tener problemas». «Si mi secretaria –decía Warren Buffett– paga una tasa efectiva de imposición superior a la mía, yo sé que antes o después puedo tener un problema y no quiero tenerlo. Quiero seguir teniendo la capacidad y seguir siendo el rey del mambo que soy actualmente».

Terminamos con un par de preguntas que tenían algunos lectores. Isabel López-Rivadulla, de Signus, nos habla de la inacción de la Unión Europea ante esta situación y la falta de coordinación y cooperación entre los países. ¿Eso puede crear una fisura en esa Unión, que parece más una desunión?

Lleva totalmente razón, y en su pregunta está implícita la respuesta. La división que ya emergió en la última reunión del Consejo Europeo inquieta porque no hay argumentos por parte de los que se oponen a un mayor protagonismo en los estímulos económicos y financieros de las instituciones europeas. No hay ninguna razón objetiva. En la anterior crisis se podía decir «cuidado, puede haber un problema de incentivos perversos. Algunas economías del sur han tenido en el pasado un comportamiento económico más o menos cuestionable y no tiene sentido que ahora ayudemos». Pero ahora no. Estamos ante un origen de esta crisis que no tiene que ver con el comportamiento financiero de ningún país, sino con una circunstancia absolutamente imprevista que va a afectar a todos, independientemente del virtuosismo fiscal de cada uno o de la salud bancaria de cada sistema financiero, y que está afectando al conjunto de Europa. Por eso, las soluciones ante un fenómeno pandémico global tienen que ser coordinadas y articuladas en el seno de la comunidad que es la Unión Europea. La resistencia a adoptar este tipo de decisiones de estímulo común puede pasar factura en términos de que muchos ciudadanos europeos se cuestionen el porqué de Europa más allá de un mercado interior. Pero es que el propio mercado interior puede llegar a ser cuestionado, porque la calidad del funcionamiento de un mercado único tiene que ver también con la calidad de las instituciones, con los mecanismos de respuesta ante situaciones excepcionales como esta. Lleva razón Isabel sobre que Europa puede estar jugándose su propia identidad. Fue Jean-Claude Juncker el que dijo aquello de que Europa está atravesando una crisis de identidad. Y lo dijo con relación a las respuestas a la anterior crisis, la de 2008. Esa crisis de identidad se puede acentuar ahora.

«La amenaza es de tal envergadura que un punto más o menos de déficit es un mal menor»

Y el telón de fondo del auge de los populismos nacionalistas no invita al optimismo. Nos pregunta Mar Asunción, de WWF: «Ya que vamos a reiniciar el sistema económico, ¿por qué no introducir desde el principio criterios sociales y medioambientales? ¿No consideras que no hacerlo nos llevará a otras crisis?».

Sí, se pueden incluir criterios de crecimiento inclusivo. Yo no sería, en este sentido, excesivamente ambicioso: me conformaría con asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de sostenibilidad no solo medioambiental, sino también social. Criterios que tengan que ver con la garantía de la igualdad de oportunidades, con la no penalización a las personas según dónde hayan nacido. Sostenibilidad e inclusión que tiene que ver con garantizar servicios de sanidad pública y de educación a todos los ciudadanos. Pero también criterios que tengan que ver con la existencia de un sistema fiscal que ajuste las incongruencias que el propio funcionamiento del sistema económico lleva consigo. No es particularmente difícil hacer esto. Hay otras economías que lo tienen garantizado. Estoy viendo cómo resistieron en la anterior crisis algunas economías del norte de Europa y cómo están resistiendo a esta. Son economías en las que los mecanismos de distribución y de inclusión son superiores a la media. No hace falta inventar muchas cosas. Quizá hace falta captar las mejores prácticas que han venido funcionando en otras economías.

¿Qué último mensaje lanzarías a los lectores de Ethic?

Un mensaje bastante realista y no falsamente optimista de clara posibilidad de aprender de la experiencia. Creo que hoy, tanto en esta crisis como en la anterior, el bagaje empírico ayuda a que los ciudadanos sean conscientes de una serie de verdades, quizá de Perogrullo. Una es que los gobiernos y las instituciones son importantes y, por lo tanto, su calidad juega un papel esencial a la hora de garantizar el bienestar en los países. En segundo lugar, a los mercados no se les puede dejar solos, porque el automatismo genera excesos. Si los conductores necesitan un código de la circulación y una supervisión, el mercado también. Eso no quiere decir que tenga que haber muchísima intervención, simplemente que nos acostumbremos a que el sistema tiene que estar de alguna forma regulado y supervisado. La tercera lección es que la solidaridad, en su más amplia acepción, es fundamental. Esta enfermedad está afectando a la gente con niveles de renta distintos y si no fuera por un sistema sanitario suficiente –que no lo es del todo, pero en este caso está lleno de voluntad–, mal asunto incluso para gente con niveles de renta relativamente elevados. La solidaridad es un valor de nuestras sociedades y la concreción de esos valores –más allá de esa espontánea que vemos hoy en las personas y que es una lección excelente que está deparando esta crisis–, económicamente hablando, se tiene que hacer de forma fiscal. Claro que sí, tenemos que pagar impuestos quienes más renta tengamos, y eso tiene que hacerse en aras de ese principio de igualdad de oportunidades y de la reducción de esas desigualdades excesivas que acaban siendo poco rentables y generando problemas, tanto desde el punto de vista político y social, como en el mero funcionamiento de las economías.

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